Insta al gobierno a "reparar las heridas" de 37 años de represión

Aprueba el Congreso español resolución de condena al régimen franquista

La postura facilitará la búsqueda de los restos de más de 30 mil desaparecidos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 20 de noviembre. El Congreso de los Diputados de España aprobó hoy por unanimidad una resolución en la que condena por primera vez al régimen de Francisco Franco e insta al gobierno a reparar las heridas aún abiertas por la represión de la dictadura (1939-1976), con énfasis en la protección económica y social de los exiliados, el reconocimiento de los llamados niños de la guerra y la exhumación de las cientos de fosas comunes todavía existentes en el país.

A diferencia de sesiones anteriores, el derechista Partido Popular (PP, en el gobierno), que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, aceptó respaldar la propuesta.

Todos los grupos parlamentarios acordaron este miércoles, precisamente cuando se cumplen 27 años de la muerte del dictador, buscar la vía para intentar cerrar la herida que dejó la Guerra Civil española (1936-1939) y el posterior régimen fascista que gobernó durante casi 40 años y que utilizó de forma sistemática violentos métodos de exterminio y reclusión forzada.

La postura del Congreso, aunque adoptada "tarde", facilitará las tareas de búsqueda de los restos mortales de más de 30 mil desaparecidos y permitirá que se otorgue un reconocimiento "moral, económico y social" a los exiliados y a las familias de las víctimas de la represión, cifrados en más de 150 mil los muertos y en alrededor de medio millón los que tuvieron que sufrir las penurias de los campos de concentración y exterminio, según estudios históricos hechos públicos recientemente.

La condena al franquismo por parte del Congreso ocurre después de una intensa movilización, desde la transición a la democracia tras la muerte de Franco, para buscar desterrar la "historia oficial" que impuso el régimen, e ir, poco a poco, denunciando los pasajes más oscuros de la represión: las ejecuciones sumarias, las cientos de fosas comunes aún anónimas, la existencia de cerca de 192 campos de concentración en los que se torturó y enclaustró a opositores y la falta de reconocimiento por parte del Estado de la labor y de la situación de los cientos de miles de exiliados.

También sirvió que desde algunas comunidades autónomas, como Cataluña, se rindiera homenaje a esos exiliados y perseguidos políticos, como el realizado en abril pasado en el Teatro del Liceo a los presos del franquismo, en el que participó la infatigable luchadora Pilar Claudin, fallecida recientemente.

El texto de la resolución aprobada en el Congreso, a iniciativa de Izquierda Unida, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Eusko Alkartasuna (EA), advierte que esta medida pretende cerrar "para siempre" la confrontación de las "dos Españas" y abrir, definitivamente, las puertas de la "reconciliación".

"Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática", señala el texto.

Tras afirmar que el único contexto de "concordia y reconciliación" es la Constitución de 1978, los parlamentarios hacen un reclamo añejo: "proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista", por lo que se insta a todas las autoridades -desde el Ejecutivo hasta a los ayuntamientos- a apoyar estas iniciativas.

Asimismo, la Cámara de Diputados española solicita al gobierno del derechista José María Aznar, cuyo Partido Popular era la única formación que bloqueba hasta ahora la condena a la dictadura, a que desarrolle "de manera urgente" una política "integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra civil así como de los llamados niños de la guerra (hijos de republicanos enviados al extranjero) que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y la extensión a "sus descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto".

Ahora sólo queda disponer de las medidas administrativas que permitan iniciar este llamado "proceso de restauración de la memoria histórica", para "evitar reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la enfrentación civil".