Trata de dar un cerrojazo al objetivo de democratizar los medios, dijo el panista

Inconstitucional, el decreto de Fox sobre el tiempo del Estado en radio y tv: Corral

Vaticinó que será respaldado por PRI, PAN y PRD para evitar represalias de televisoras

JESUS ARANDA

"No puedo justificar la aprobación del decreto presidencial sobre el tiempo del Estado en la radio y la televisión", dijo el senador panista Javier Corral, quien señaló que esa decisión del jefe del Ejecutivo es inconstitucional y representa un "cerrojazo" a la intención de la sociedad de democratizar los medios electrónicos de comunicación, los cuales adicionalmente se vieron favorecidos con la condonación de más de 13 mil millones de pesos por concepto de impuestos que dejaron de pagar gracias a la concesión presidencial.

Corral, quien es presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, lamentó que pese a la evidente inconstitucionalidad del decreto y el nulo beneficio que éste representa para el Estado, por no ser un tema "rentable" políticamente y "para no pelearse con los consorcios de televisión en tiempos electorales y correr el riesgo de no salir en la tele", es previsible que los tres principales partidos políticos eviten discutir una nueva legislación tendiente a democratizar estos medios.

Al participar en el foro organizado por Casa Lamm y La Jornada denominado Decreto presidencial sobre el tiempo del Estado en radio y televisión, el legislador indicó que lamentablemente los partidos políticos no han tomado conciencia de las consecuencias que tiene el citado decreto, como es el hecho de que al habérseles autorizado duplicar el tiempo de comercialización a los medios y con la reducción de los tiempos oficiales, los partidos se verán obligados a "compartir" con otros órganos del Estado sus tiempos en televisión y radio.

Destacó que de cada peso que los partidos políticos gastaron en 2000 en la campaña electoral (en total sumaron mil 500 millones de pesos, de los cuales el Instituto Federal Electoral aportó 300 millones de pesos), 80 centavos los gastaron en publicidad en los medios electrónicos, situación que creó un "círculo vicioso" entre las televisoras y los partidos. Ahora, las organizaciones políticas hacen lo posible por no enemistarse con los concesionarios.

Flanqueado por el encargado de asuntos especiales de La Jornada, Jenaro Villamil, y las representantes de la sociedad civil en las mesas de diálogo que organizó la Secretaría de Gobernación para crear una nueva ley en materia de medios, Pita Cortés y Alma Rosa Alva de la Selva, el senador Corral señaló que el decreto en cuestión es inconstitucional de origen, en razón de que el Presidente de la República no está facultado para modificar los impuestos, ya que esa es potestad del Congreso de la Unión.

En este sentido, precisó que al eliminarse el 12.5 de tiempo oficial, Fox violó la Carta Magna, porque se trataba de un impuesto "en especie", que además había sido aprobado en 1969 para favorecer a los medios electrónicos que se oponían a que les fuera aplicado un impuesto de 25 por ciento sobre sus ganancias netas.

Y en lugar de gravar a los medios electrónicos con impuestos fiscales que apoyaran las cada vez más menguadas arcas de la nación, el presidente optó por aceptar un acuerdo en el que el Ejecutivo federal cuente con 18 minutos diarios en horario, cuando además se debió establecer que ese tiempo era para el Estado en su conjunto, es decir, incluyendo los poderes Legislativo y Judicial, y no únicamente para beneficio del Ejecutivo.

Comentó que en las discusiones que duraron 18 meses, representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos -entre ellos él-, se habían pronunciado por eliminar el impuesto "en especie" que pagaban los medios y, en lugar de ello, establecer en la ley la obligación de estas empresas de pagar una "contraprestación" por el uso del espectro electrónico del país. Al respecto, cuestionó el que otros medios de comunicación, como los radiolocalizadores, telefonía, radios de comunicación y comunicación satelital, sí paguen impuesto por usar el espectro eléctrico del país, que además es limitado.

Por su parte, Jenaro Villamil dijo que la gran discusión pendiente en el país es la relativa a la urgente democratización de los medios de comunicación, para que éstos respondan a las necesidades crecientes de la sociedad de estar informada y recibir programas de calidad que reflejen la situación por la que atraviesa el país.

Llamó la atención en que 80 por ciento de la publicidad a escala nacional es absorbida por Televisa y Televisión Azteca.

Esto es particularmente grave, dijo, porque las televisoras imponen a la sociedad su realidad, agendas sociales y políticas, modos de vida y visión de valores que han propagado un "analfabetismo rampante" en el país.

Indicó que hasta la fecha, no se ha abierto un debate para establecer una política de Estado, con el bien público que son las concesiones de los medios electrónicos, y que ya es momento de iniciar la discusión.

Por su parte, Alma Rosa Alva de la Selva sostuvo que el decreto presidencial de octubre pasado constituye "un retroceso histórico", porque permitió la apropiación ilegítima de un bien público.

Mientras, Pita Cortés puso énfasis en que una nueva legislación en materia de medios debe garantizar la existencia y fortalecimiento de medios comunitarios y la radio indigenista como una forma de garantizarle a estos sectores el acceso a los medios electrónicos.

Asimismo, criticó duramente al secretario de Gobernación, Santiago Creel, a quien acusó de traicionar a los representantes de la sociedad y de los partidos políticos que él mismo convocó a las mesas de discusión sobre la reforma de los medios, y cuyas propuestas fueron borradas de un plumazo con el acuerdo presidencial.