Agrupaciones campesinas demandan $90 mil millones para desarrollo social rural

El agro, condenado a la miseria con la propuesta presupuestal foxista, acusan

Anuncian movilizaciones; acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

MATILDE PEREZ U.

Más de una decena de organizaciones campesinas exigieron declarar el agro en emergencia económica, social y ambiental tras advertir que el "presupuesto austero" que propuso el gobierno federal para el sector condena a la miseria e injusticia a miles de familias. "El México libre, próspero y soberano en su agricultura será hecho pedazos", asentaron.

Al dar a conocer seis propuestas para salvar y revalorar al campo, los dirigentes y representantes de las organizaciones insistieron en la urgencia de que el gobierno federal declare una moratoria por tres años del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Asimismo demandaron que se apruebe un presupuesto de 60 mil millones de pesos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de 90 mil millones para el desarrollo social y ambiental del sector rural.

Para impulsar el reconocimiento de sus propuestas, las organizaciones iniciarán en diciembre una semana nacional de movilizaciones para la salvación y revalorización del agro, en la que esperan una participación mayor a 10 mil campesinos.

El próximo año comienza la catástrofe del campo, advirtió José Narro Céspedes, diputado del Partido del Trabajo e integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Por ello, abundó, las 11 organizaciones que acordaron el documento šEl campo no aguanta más! Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano ya iniciaron el cabildeo con legisladores con la intención de que apoyen el planteamiento de aumentar el gasto para el agro en 2003, fijado por el gobierno en 33 mil 954 millones de pesos.

Narro informó que las organizaciones también acudirán a organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la violación a sus derechos por el estrecho presupuesto y la apertura prácticamente total a la mayoría de los productos agropecuarios a partir de 2003.

"Las autoridades federales deben aceptar que el campo no requiere apoyos de tipo asistencialista, sino un presupuesto dirigido a elevar y fortalecer la producción de alimentos.

"También hay un acercamiento con las organizaciones y los productores estadunidenses que no recibirán los beneficios de los elevados subsidios aprobados por el gobierno de su país durante los próximos 10 años."

Sector "prescindible" para el Ejecutivo

A su vez, Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), dijo que para el presidente Vicente Fox el campo no es una prioridad nacional, pues así lo demuestra con su proyecto de presupuesto.

"Para el Ejecutivo el campo es sacrificable, prescindible", agregó. Manifestó que un mayor presupuesto al sector debe estar acompañado por un cambio de políticas para terminar con las nocivas, inequitativas, desleales e ilegítimas prácticas comerciales estadunidenses que violan las reglas internacionales de comercio y el espíritu del TLCAN.

"Nos oponemos a que el gobierno federal siga considerando a la mayoría de los campesinos y a las regiones del país como no viables y sin potencial de desarrollo. Esa concepción, impulsada desde el salinismo y el Banco Mundial, debe ser puesta en el basurero de las políticas neoliberales", abundó Suárez Carrera.

Las organizaciones campesinas pidieron al Senado que en la Ley de Ingresos 2003 y en el impuesto general de importación establezca aranceles, cuotas anuales o estacionales, con impuestos ad valorem incluso de 30 por ciento para cada una de las cadenas agroalimentarias consideradas básicas y estratégicas en la nueva normatividad de desarrollo rural sustentable.

Entre las seis propuestas, las organizaciones destacaron el establecimiento de un programa urgente para la salvación y revalorización del agro, tendiente a fomentar la producción, reducir las asimetrías entre productores y regiones rurales, fortalecer la organización campesina y garantizar la inocuidad de los alimentos.

Otras sugerencias son crear una comisión de Estado para la formulación de una propuesta de programa estructural y de largo plazo (2002-2020) y realizar una verdadera reforma financiera rural

También plantean acciones legales e institucionales para garantizar la inocuidad y la calidad agroalimentaria, entre ellas la moratoria a la producción de maíz transgénico. Asimismo, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés como parte del reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indios.

Las organizaciones que acordaron iniciar movilizaciones son la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, la Coordinadora Estatal de Productores Cafetaleros de Oaxaca, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, el Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales.