Corrupción e impunidad propician un alto índice de arrestos irregulares, denuncia

El plan cero tolerancia aumentaría detenciones ilegales, advierte ONU

Representantes de Naciones Unidas recomiendan no confundir el deseo ciudadano de seguridad con la restricción de las libertades básicas

VICTOR BALLINAS

Al concluir su visita a México, el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la persistencia de los arrestos ilegales en el país, que son generados por la corrupción, por la "notoria impunidad que disfrutan quienes los cometen -policías y militares-, y por la tolerancia de prácticas ilícitas en las corporaciones policiacas". Los especialistas de la ONU advirtieron además que con "la cero tolerancia se pueden agravar los efectos nefastos de las detenciones ilegales".

En conferencia de prensa efectuada en la sede la ONU en México, Louis Joinet, presidente de ese grupo de especialistas y además relator sobre justicia militar, y Soledad Villagra, miembro del citado organismo, aseguraron que "es peligroso poner en marcha el programa cero tolerancia , si no es acompañado, en contrapartida, de acciones de sanción para quienes violen los derechos humanos, porque los servidores públicos pueden interpretar dicho programa como permiso para violentar las garantías". Por ello, agregaron, preocupa que en México se instrumente dicho plan.

Seguridad vs garantías básicas

Villagra detalló que "es preocupante que ante la demanda de seguridad de los ciudadanos, se trate de recortar sus libertades y garantías, porque la seguridad no está reñida con las garantías básicas".

Los expertos de la ONU en el tema de detenciones arbitrarias manifestaron que es preocupante que en México -en la capital del país- se aplique la cero tolerancia, porque "hemos constatado que de por sí hoy los policía y militares detienen por denuncias anónimas, por sospechas y porque la persona muestre nerviosismo, con este programa se pueden agravar los efectos nefastos de las detenciones ilegales".

Los especialistas subrayaron que otra de sus preocupaciones es el "uso abusivo de la flagrancia para llevar a cabo investigaciones eludiendo ciertas garantías del procedimiento ordenado", y también les causan inquietud "las graves deficiencias en la defensoría de oficio". Y preocupa especialmente por el hecho de que el sistema de justicia mexicano "es todavía inquisitorial y no totalmente acusatorio, lo que significa que el Ministerio Público y el defensor de oficio estén en situación de igualdad, y eso no es así".

Con las visitas de trabajo que el grupo de la ONU realizó a los estados de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, y México, además de la realizada en el Distrito Federal, se constató que las causas del desequilibrio entre la defensoría de oficio y el Ministerio Público, como parte acusatoria, son múltiples: el número insuficiente de defensores y de sus colaboradores, la falta de autonomía y las deficiencias de los locales de trabajo.

Explicaron que los desequilibrios en la administración de las pruebas son enormes, porque el Ministerio Público se beneficia del apoyo de laboratorios especializados, y todo ello, desmotiva al defensor. No obstante la persistencia de los rezagos y las frecuentes detenciones arbitrarias en el país, Joinet y Villagra reconocieron que han encontrado señales positivas, progresos "reales" y, sobre todo, que hay voluntad de acabar con la corrupción y alentar la transparencia.

Resaltaron el reciente proceso contra dos importantes militares juzgados por el delito de narcotráfico, y que también serán juzgados por las desapariciones forzadas que constituyeron crímenes contra la humanidad en la denominada guerra sucia. Sin embargo, los expertos interrogaron: "se trata de la confirmación de una voluntad de rendir justicia en numerosos casos de desapariciones forzadas o involuntarias o se trata tan sólo de un buen propósito sin futuro. Sólo la historia lo dirá".

"Le daremos seguimiento a la evolución de ese proceso con interés, pues a nuestro parecer se trata de una verdadera prueba, un test, que en el futuro podría permitir al pueblo de México dar la vuelta a una página sombría de su historia".

Luego, abundaron en que "hay que reconocer la invitación que hizo el gobierno actual al grupo para que realizáramos una misión de trabajo. Hay que recordar que con el ex presidente Ernesto Zedillo no se permitieron las visitas de trabajo, o fueron muy limitadas."

Ojalá, dijo Joinet, que el ejemplo de México -de invitar a relatores y grupos de trabajo de la ONU- sea seguido por otros países.

Otra señal positiva, manifestó el perito, fue observar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales realizan trabajos serios, con valentía e independencia, y citó el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, que ha documentado ocho casos de desapariciones forzadas y ha exigido a las autoridades que las investiguen y cumplan además lo que les ha recomendado.

Es de reconocerse, manifestaron, que se hayan institucionalizado las unidades de promoción y defensa de los derechos humanos en el aparato estatal, pero "no deben ceder a la tentación, que es bastante grande, de sustituir o remplazar a las organizaciones no gubernamentales o comisiones de derechos humanos, porque el resultado sería que las estarían marginando, y ambas instancias son indispensables en una sociedad democráticas".