Bogotá interfiere en decisiones, acusa la justicia
Desarticula EU plan paramilitar de intercambio de armas por cocaína
DPA, AFP Y REUTERS
Washington, 6 de noviembre. Estados Unidos anunció hoy haber desarticulado un plan de los paramilitares de ultraderecha colombianos para intercambiar cocaína por armas por valor de 25 millones de dólares, y que fueron detenidos cuatro implicados que podrían enfrentar penas hasta de cadena perpetua.
El procurador general, John Ashcroft, al informar sobre la detención de tres de los implicados en Costa Rica, de donde serán extraditados, además de otro arrestado en Houston, Texas, explicó que el grupo trabajaba en el operativo de intercambio en el país centroamericano de cinco contenedores de armas por cocaína por el valor referido.
El cargamento de armas para los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Co-lombia (AUC) incluía misiles antiaéreos para disparar desde el hombro, 53 millones de proyectiles de diferentes calibres, 9 mil rifles de asalto, incluyendo ametralladoras AK-47, rifles para francotirador, 300 pistolas, lanzadores de granadas y granadas.
El arsenal, proveniente de Rusia y Europa del este, había sido negociado en Islas Vírgenes, Londres y Panamá, en una conspiración de dos líderes de las AUC, Elkin Aroyave (comandante Napo) y Richard Martínez (comandante Emilio), así como Carlos Alí Romero Varela, procedente de Houston, detenidos en San José.
El cuarto hombre, Uwe Jensen, fue arrestado en Houston, y a todos se les acusa de "conspiración para distribuir cocaína y para proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera".
Ashcroft citó que la policía colombiana estima que las AUC son responsables de 804 asesinatos, 203 secuestros, 75 masacres con 507 víctimas durante los primeros 10 meses de 2000.
Incluso su máximo líder, Carlos Castaño, recientemente acusado por la justicia estadunidense por tráfico de drogas, admite que 70 por ciento del financiamiento de su organización proviene de ese rubro.
Por otra parte, en Santafé de Bogotá la Corte Suprema de Justicia acusó al gobierno de Alvaro Uribe de interferir en las decisiones de los tribunales, al ordenar anular una orden de un juez que concedió la libertad condicional a los jefes del cártel cocainero de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, lo que pone en entredicho la separación de poderes.
El ministro del Interior, Fernando Londoño, se abstuvo de comentar el pronunciamiento. En cambio, desestimó otro anuncio judicial de que tanto él como el presidente serán demandados por desconocer una orden judicial, y dijo "que procedan", y agregó que incluso todos los amigos de los capos pueden hacerlo.
Mientras, guerrilleros de las las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en prisión y representantes de di-versos sectores urgieron a suscribir un acuerdo humanitario para permitir la liberación de secuestrados por la insurgencia y rebeldes presos, como un punto de partida para un nuevo proceso de paz.
En el campo de batalla se reportó que 11 rebeldes del Ejército de Liberación Nacional murieron en enfrentamientos con las fuerzas armadas en una zona rural de Santander, mientras que seis militares murieron y ocho resultaron heridos en combates con las FARC en Antioquia.