Adolfo Sánchez Rebolledo
El acuerdo es posible
Uno de los males de la vieja democracia parlamentaria era, y es, la facilidad con que el debate cotidiano solía perderse en las ramas sin ver el bosque, hasta caer en ese cretinismo que hace del debate un ejercicio solitario y repetitivo ante el espejo. Ahora, por lo que vemos en nuestra experiencia, al gusto exagerado de ciertos legisladores por la palabra sigue el amor a la confrontación que, por lo visto, aún rinde mejores frutos que la búsqueda de acuerdos sin sacrificar las diferencias. No extraña a nadie que nuestros políticos recién nacidos a la democracia subrayen, para distinguirse, los desencuentros o el conflicto, pues en el mundo mediático donde sobrevivimos, pueden más las actitudes y las imágenes que las ideas -bien pocas, por cierto- que por ahí andan rodando.
De ciertos legisladores pertenecientes a todas las bancadas podría decirse que padecen la llamada "otitis del tenor", especie de sordera que los cantantes adquieren de tanto escucharse a sí mismos y que el buen León Felipe atribuía al gran Pablo Neruda. Lo mismo, pero agravado, les pasa a los grandes funcionarios de la administración, sobre todo a los hacendarios, que hace mucho dejaron de escuchar otras voces que no fueran las suyas.
Resulta por lo menos inquietante que un documento como el que a nombre de los tres grandes partidos presentara el rector Ramón de la Fuente no suscite una discusión de fondo entre los actores de la política hacendaria y prevalezca el silencio, cuando no la descalificación instantánea por cuenta de los tecnócratas y sus servidores, a quienes el esfuerzo les parece el "puro rollo". Sin embargo, a pesar de esas visiones negativas, y como se registra en el mismo documento Principios, coincidencias y convergencias hacia una política de Estado, "es notorio y estimulante que... las coincidencias predominen, enfatizando una visión renovada del federalismo hacendario, que aborda de manera integral, congruente y sistémica todos los aspectos inherentes a los ámbitos del gasto, ingreso y deuda públicos".
Paradójicamente se critica de ese esfuerzo una de sus mayores virtudes, que es justamente ubicar los puntos de acuerdo y las convergencias, sin entrar en las discrepancias ni tampoco en los mecanismos que serían necesarios para hacerlos posibles, aunque en la elaboración del documento intervinieron "técnicos" calificados por cada uno de los partidos signatarios. Así, se escamotea la significación de la deliberación en nombre del "pragmatismo" que no requiere jamás de grandes definiciones, pues se rige por el sentido común, es decir, por el conjunto de criterios establecidos, aun si éstos son verdades a medias o simples mentiras.
Para el operador (sobre todo en el ámbito financiero) hay límites infranqueables que ninguna política puede alterar. Ese dogmatismo ha terminado por arrebatar a la función política su verdadera responsabilidad para transformarla en una forma de gestión puramente administrativa, en un ejercicio de contabilidad del que están excluidos los principios racionales o, si se prefiere a la luz de nuestra experiencia, en la reiteración de las mismas torpezas que han probado su inutilidad. Aunque no fuera más que por esa voluntad de salir del pantano en que se ha convertido el quehacer político, es muy saludable que un documento firmado por los líderes de los partidos asiente que "hoy el país requiere construir una nueva hacienda pública, basada en un acuerdo nacional en la materia, cuyos elementos básicos sean: el fortalecimiento de la unidad nacional, la vigencia de nuestro pacto federal, el equilibrio entre los poderes de la Unión y el fortalecimiento de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno como condición para mantener la estabilidad económica y cumplir con eficacia, equidad y transparencia las responsabilidades sociales, económicas y políticas del Estado mexicano".
A ciertos picudos estas palabras, dichas en medio del marasmo anual en torno al presupuesto, les resultarán inútiles por generales y obvias aunque hoy no se cumplan. Sin embargo, en nombre de la competencia partidista, inaugurada venturosamente con la democratización del Estado, se olvida muy a menudo que a sus representantes de mayor nivel toca justamente diseñar los grandes trazos, las políticas de Estado, las propuestas que son compatibles con ciertos afanes y aspiraciones generales que no pueden definirse mediante la adopción dogmática de un modelo que rechaza, por definición, la intervención de la comunidad en el curso de las fuerzas (ciegas) del mercado. Bienvenido el acuerdo.
