Demandan intervención de Garzón; grupos de Sonora y Coahuila, también afectados

Tribus de BC, fuera de planes fronterizos

ROSA ROJAS

Las tribus cucapás, pai pais, cochimíes, kumiais y kiliwas, de Baja California; pápagos, de Sonora, y kikapús, de Coahuila, no fueron tomadas en cuenta en los programas Frontera Siglo XXI y Frontera 2012, elaborados conjuntamente por los gobiernos de México y Estados Unidos. Sólo se consideró a sus homólogos de las tribus que viven en el lado estadunidense, situación que viola sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Así lo denunció la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDHPC) de Baja California en un documento presentado al juez español Baltasar Garzón, en su calidad de presidente de la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, durante su visita a Baja California, informó Lorena Rosas Chávez, coordinadora del programa de asuntos indígenas de la institución.

En el documento se señala que el argumento de la delegación mexicana para explicar la ausencia de representantes indígenas en las reuniones del Programa Frontera Siglo XXI fue que el estatus jurídico de autonomía de los grupos indios estadunidenses traería dificultades al gobierno mexicano si las etnias reclamaran ese mismo estatus.

La funcionaria informó que el juez Garzón "ofreció actuar como observador y asesor jurídico" para evitar que continúe la violación de los derechos de los pueblos indios fronterizos mexicanos.

Ante el reclamo, y pese a que el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California, Carlos de la Parra, "pegó de gritos porque considera que ya hay programas establecidos para los indígenas", mañana viernes se realizará en Tijuana una reunión binacional para discutir el asunto con representantes de los indígenas, tanto mexicanos como de Estados Unidos (éstos para apoyar a los primeros); el director de Asuntos Indígenas de la Semarnat, Ricardo Garibay; el propio delegado De la Parra; la funcionaria del Instituto Nacional Indigenista María Elena Rodarte, y la PDHPC.

Rosas Chávez no quiso identificar a los funcionarios que le dieron la explicación sobre la cuestión de la autonomía de los indígenas estadunidenses y los problemas que podrían ocasionar si los mexicanos exigieran similar estatus, aunque señaló que "fueron autoridades de Semarnat de la ciudad de México".

A propósito del Programa Frontera 2012, la funcionaria añadió: "Sí hay programas considerados para los indígenas pero los de esta entidad hasta ayer se enteraron de que deberían ser tomados en cuenta, cuando les entregamos documentos del proyecto".

En seis años que duró el programa Frontera XXI nunca los invitó Semarnat a participar, expuso. "Ahora, con el programa 2012, debe incluírseles. Hay apertura para inversiones de otros países, además de México y Estados Unidos, en desarrollo sustentable y ambiental, y los dos temas incluyen a los indígenas, porque ellos son dueños de los recursos naturales".

Las tribus fronterizas, abundó Rosas Chávez, tienen en la entidad áreas de reservas de recursos naturales, como la de San Pedro Mártir, donde hay indígenas kumiais, y existen incluso terrenos donde hay minas de metales preciosos, donde están los pai pais de Santa Catarina, pero eso se maneja con inversiones extranjeras y con mucho hermetismo. "Nos hemos enterado que les han minado sus terrenos, hay contrabando de arena de la zona cucapá; ellos tienen puzolana, que es barro para cerámica, pero los saquean y no hay nada que los proteja, no hay un programa ambiental".

Manifestó además que la Semarnat maneja el Programa Especial para Pueblos Indígenas, que cuenta con un fondo de 937 mil pesos para cada estado, "pero eso no tiene que ver con el programa 2012, no ha pasado nada en desarrollo sustentable para los indígenas, lo que importa es que ellos queden integrados en este último proyecto".

Aseveró: "No hay apoyo a las actividades indígenas tradicionales; no sólo hay carencia de recursos económicos, sino educativos, fallas oficiales que los mantienen en el peor momento de su historia; ellos no tienen capacidad para armar su propio futuro, viven al día, los niños no saben si van a poder terminar la primaria o la secundaria, hay falta de interés social y de los tres niveles de gobierno".

Además, hay una diferencia enorme entre los indígenas de México con sus homólogos de Estados Unidos. "Nosotros tenemos kumiais de este lado, pero también hay en California, y ellos tienen casinos, centros comerciales, todo el apoyo gubernamental y el respeto, mientras que los de aquí viven en una situacion penosa" subrayó Rosas Chávez.

En el oficio PDH PEAMI 052/02, fechado el 5 de noviembre y que se entregó al juez Garzón, se le informa que en Baja California se cuenta con cinco etnias originales: cucapás, pai pais, cochimíes, kumiais y kiliwas, constituidas por poco menos de mil 200 personas "a quienes no se les han presentado alternativas viables de desarrollo con las cuales se les garantice ejercer ese derecho y la posibilidad de participar en el crecimiento económico y el lógico aprovechamieno sustentable de sus recursos naturales. Esta situación se hace extensiva a los indígenas pápagos de Sonora y kikapús de Coahuila".

Añadió que los planes binacionales de desarrollo entre Estados Unidos y México, plasmados en el Programa Frontera XXI, y más recientemente en el Frontera 2012, abarcan "cuantiosas inversiones de 12 países, proyectos de desarrollo sustentable sólo para las tribus estadunidenses, mientras que para los grupos mexicanos de la zona fronteriza apenas se vislumbra la posibilidad de que sean invitados".

La carta a Garzón indica: "Le solicitamos, en su calidad de defensor de los pueblos indígenas de Iberoamérica, la observación y asesoría honorífica del proceso de inclusión de las etnias en este Programa Frontera 2012, avalado por 12 países inversionistas".