Civiles y militares implicados comparecerán ante el MP, afirma Carrillo Castro

El deceso del ex gobernador no afecta la investigación por el jueves de Corpus

GUSTAVO CASTILLO Y KARINA AVILES

El fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, descartó que el deceso del político neoleonés Alfonso Martínez Domínguez vaya a complicar las investigaciones por la matanza del 10 de junio de 1971, e informó que en los próximos días comparecerán ante el Ministerio Público Federal (MPF) civiles y militares relacionados con esos hechos.

En tanto, Salvador Martínez della Rocca, del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Asuntos Sociales y Políticos del Pasado, apremió a Carrillo Prieto a agilizar las indagatorias y fincar responsabilidades penales contra quienes aparecen como indiciados en las investigaciones por las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, y la denominada guerra sucia.

Entrevistado en el Palacio de Minería durante un acto organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Carrillo Prieto señaló que Martínez Domínguez, fallecido la madrugada del miércoles en Monterrey, tenía calidad de indiciado en las investigaciones, "pero con su muerte se extingue toda posibilidad" de ejercitar acción penal en su contra. Explicó que en el caso de la matanza estudiantil de 1968 existen varios indiciados, no sólo uno, y el resto "mantiene la misma calidad jurídica".

El fiscal aseguró que el fallecimiento de Martínez Domínguez "no afecta el fondo de la investigación; se deben seguir las pesquisas y continuar la indagatoria y la averiguación previa. Este es un asunto que, por una razón obvia, lo exime (al ex regente) de la sanción penal, pero no toca la condición jurídica o penal de los otros indiciados, que pueden convertirse en probables responsables y culpables, si el juez así lo determina".

Agregó que las declaraciones de Martínez Domínguez a la revista Proceso, en 1978, en las cuales señala que el responsable de lo sucedido el 10 de junio de 1971 fue el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, nunca tuvieron valor jurídico, porque no las ratificó ante el MPF.

El ex regente "hizo declaraciones muy escuetas y se acogió al artículo 20 constitucional; en consecuencia, su contribución a la indagatoria no fue tan significativa como hubiera sido deseable. Lamentamos su muerte, pero el deceso no complica o dificulta más este caso.

"Aquellas declaraciones -publicadas en Proceso- señalaban concretamente al ex presidente Echeverría, pero nunca fueron convalidadas ante el Ministerio Público, por lo que la fiscalía tendrá que seguir investigando. Tenemos un trabajo arduo en el Archivo General de la Nación para encontrar elementos documentales a este respecto", dijo Carrillo Prieto, y adelantó que tanto militares como civiles comparecerán en los próximos días en el contexto de la indagatoria por los hechos del 10 de junio de 1971, pero rechazó dar a conocer los nombres de quienes deberán acudir ante el MPF.

A su vez, Martínez della Rocca consideró que lo sucedido en 1968, 1971 y la guerra sucia "son casos que tardaron mucho tiempo en abrirse y obviamente los responsables de las masacres ya son gente de edad avanzada. La tardanza para iniciar las investigaciones, sin lugar a dudas, es culpa del sistema jurídico mexicano".

Quien fuera miembro del Consejo Nacional de Huelga del movimiento estudiantil de 1968 refirió que le dijo al fiscal Carrillo Prieto, en presencia del juez español Baltasar Garzón, que debe "apurar las investigaciones" y empezar a citar a todo el mundo a la brevedad posible, pues la muerte de Martínez Domínguez quitó la posibilidad de carear a Luis Echeverría y al ex regente, pues cada uno señalaba al otro como responsable de lo sucedido en 1971".

Della Rocca consideró "urgente que se cite a las 70 personas involucradas en el caso de 1968", mientras para la investigación de 1971 hay que "acelerar los procedimientos y fincar responsabilidades a Luis Echeverría, al general Luis Gutiérrez Oropeza y a otras personas, como Flores Curiel, que aún están vivas".

Puntualizó que también debe ser citado ante el MPF el capitán Luis de la Barreda, padre del ex ombudsman del Distrito Federal, ya que fungió como titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad durante la llamada guerra sucia.

En tanto, Jesús Martín del Campo, uno de los denunciantes de los hechos del 10 de junio, dijo que a pesar de la muerte de Martínez Domínguez, la fiscalía debe "continuar sus investigaciones y usar los elementos de los que dispone para fincar responsabilidades penales a personajes como el general Luis Gutiérrez Oropeza y el ex presidente Luis Echeverría".