Privaron de su libertad y de sus hijos a pareja mixe por vender chicles en Polanco

Acusan de discriminación a SSP y PGJDF; dos indígenas afectados

Policías y personal del MP actuaron fuera de la ley y con absoluta falta de criterio y sensibilidad: Alvarez Icaza

Es la primera recomendación que emite por este motivo

SUSANA GONZALEZ G.

Por primera vez en su historia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación por discriminación de las autoridades capitalinas en el caso de un matrimonio indígena que fue detenido por vender chicles en Polanco, tres días después de haber llegado a la ciudad.

La pareja, formada por Pedro Guillermo González Apolonio y Angelina del Carmen Reyes, así como sus tres hijos menores de edad -todos pertenecientes a la comunidad mixe del estado de Oaxaca-, fueron detenidos el 14 de junio de este año por policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sin que hubieran cometido delito alguno y sólo porque así lo solicitó una señora de Polanco.

Mientras el matrimonio fue remitido a una agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) -donde permanecieron retenidos 24 horas sin que se les proporcionara un traductor que les explicara su situación legal, porque no hablan español-, los tres niños fueron enviados al albergue de la dependencia, donde permanecieron tres días, hasta que los padres pudieron recuperarlos a instancias de la CDHDF y luego de acreditar el parentesco.

La recomendación de la CDHDF -octava del año- está dirigida a Marcelo Ebrard y Bernardo Bátiz, titulares de la SSP y PGJDF, respectivamente, "por la detención arbitraria, discriminación e indebida procuración de justicia contra la familia González Reyes", precisó Emilio Alvarez Icaza, presidente del organismo.

Manifestó que, pese a que la discriminación está tipificada como delito y atenta contra los derechos humanos, a menudo las autoridades lo desconocen. La detención y retención de esta familia mixe, dijo, "constituyen una violación a los artículos 1 y 2 constitucionales, así como 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se traducen en una conducta de discriminación a un grupo especial por su condición".

Los indígenas "no son invisibles", aun cuando el entorno urbano hace que así parezca, pero la ciudad de México tiene "una deuda pendiente" con los grupos étnicos, más aún porque el Distrito Federal es una de las entidades del país donde se concentra un alto porcentaje de esta población, afirmó el ombudsman. No obstante, dijo no contar con cifras que le permitan determinar si en la capital se violan más los derechos humanos de los indígenas que en otros estados. Aclaró que el asunto de la discriminación no sólo compete a las autoridades, sino a la sociedad en general.

La CDHDF demandó a la SSP y PGJDF capacitar a su personal para que actúen con la debida diligencia, sensibilidad y cuidado en las detenciones que realicen.

Recomendó que dentro de cuatro meses la policía preventiva tenga un manual que permita a sus elementos discriminar la comisión de un delito y una falta administrativa, para que no se repitan detenciones por "una flagrancia mal entendida".

A la Procuraduría le solicitó crear un área especial para indígenas que cuente con la infraestructura y personal necesarios; que gire instrucciones para que los agentes del MP atiendan con diligencia y sensibilidad a los indígenas o cualquier otro grupo especial, y establezca un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Indigenista u otro organismo similar que pueda proporcionarles peritos traductores.

Alvarez Icaza criticó que los policías preventivos que detuvieron a los González Reyes no aplicaran un criterio adecuado, porque "se dejaron llevar por la petición infundada de una ciudadana y por la apariencia de los agraviados, lo cual contraviene todo principio de legalidad y de seguridad jurídica e igualdad".

Si bien los uniformados argumentaron que actuaban a petición de parte, "lo cierto es que en los hechos no existía delito alguno y, por lo mismo, no había flagrancia. Esta comisión tiene la convicción de que los policías preventivos que realizaron la detención arbitraria no sólo actuaron fuera del marco legal, sino también, lo que es más grave, con absoluta falta de criterio y sensibilidad en agravio de personas que no hablan español y, por ende, se encontraban en absoluto estado de indefensión y desventaja".

Respecto de la actuación del personal del MP, el ombudsman señaló que debieron analizar de inmediato si la puesta a disposición de los González Reyes se adecuaba al ámbito penal y ameritaba una investigación previa. Pero además de que no actuaron de esa forma, no se les proporcionó un traductor, como marca la ley, y el matrimonio fue separado de sus hijos.

Desde 1993, cuando fue creada la CDHDF, a la fecha se han enviado 95 recomendaciones a diferentes instancias del gobierno capitalino, pero ninguna de ellas, según funcionarios del organismo, tenía como motivo un caso de discriminación.

La recomendación número ocho se originó de una queja interpuesta por Roberto Modesto Ortega, pariente de la familia afectada, quien acudió a las instalaciones de la comisión el 18 de junio pasado, cuando el matrimonio mixe ya había sido liberado por no haberse encontrado motivos para encarcelarlo, pero cuando todavía las autoridades de la Procuraduría se resistían a entregarles a sus tres hijos.

Guillermo González y Angelina Reyes tuvieron que viajar hasta su pueblo natal en Oaxaca para traer consigo las actas de nacimiento que los acreditaban como padres de los menores, que fueron remitidos al albergue temporal de la PGJDF.

Alvarez Icaza reconoció que personal del Ministerio Público recurrió a diversas instituciones para solicitar peritos traductores, pero sin éxito. Por lo anterior, dijo que resulta ineficaz que la Constitución y nuestras leyes determinen el derecho de todo indígena a ser asistido por interpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, cuando no existe infraestructura o institución que materialice el ámbito de protección.