En reunión con el subsecretario Francisco López acuerdan análisis posterior del caso

Marchan azucareros; piden aclarar la desaparición de $21 mil millones

Fue por la eliminación de los tres ceros a la moneda, sostiene Enrique Ramos

FABIOLA MARTINEZ Y GUSTAVO CASTILLO

Obreros y productores de la industria azucarera se manifestaron ayer frente a diversas dependencias para exigir al gobierno federal que "no obstaculice" la libertad de asociación y vigile la celeridad de las demandas penales en contra del dirigente azucarero, Enrique Ramos Rodríguez.

"Nadie supo a dónde fue a parar el dinero de los fideicomisos", es la expresión común de los obreros y ex trabajadores de la industria azucarera, cuya crisis ha provocado no sólo la expropiación de la mayoría de los ingenios del país -con cargo al erario público- sino una honda y creciente división en el interior de este gremio.

Sin embargo, los cañeros y obreros disidentes intentan unificarse en una sola fuerza para solicitarle de este modo al gobierno que aplique en el sindicato azucarero el mismo "rigor" que el aplicado con el sindicato petrolero.

De lo contrario, afirma una veintena de líderes que ayer entregaron a funcionarios del gobierno sus reclamos, "el gobierno del cambio demostrará que no está dispuesto a caminar en la transición sino a favor de las estructuras corporativas que le siguen dando vida al PRI dentro de la administración pública".

Ayer llegaron unos 600 azucareros a la ciudad de México, en representación de miles de afectados por la "desaparición" de 21 mil millones de pesos, correspondientes a 13 fideicomisos administrados por el sindicato. Con ellos marcharon representantes de la Unidad Cañera Democrática, que se niegan a pertenecer a alguna organización priísta como requisito para subsistir.

A partir de 1995, año en que llegó Ramos Rodríguez a la secretaría general del sindicato, comenzó el saqueo. Primero avaló las cuentas de las administraciones corruptas anteriores y luego malversó el dinero de las cuotas y fideicomisos, afirman los manifestantes en el documento entregado ayer en diversas oficinas gubernamentales.

De acuerdo con esa versión, el dirigente azucarero habría utilizado millonarios recursos para realizar "diferentes operaciones ilícitas y vincularlas a las cuentas del sindicato registradas en Banorte y Afirme". Luego crearía sociedades mercantiles para la construcción de ingenios -que nunca operaron- que colocó a nombre de sus hijos.

A las demandas penales por presuntos fraudes se agregan otras denuncias presentadas ante la autoridad laboral por obstaculizar la libertad de asociación en al menos siete ingenios, donde se pretende formar sindicatos independientes.

Con esta amalgama de reclamos, el recorrido de los obreros y cañeros se inició desde temprano en el Monumento a la Revolución; de ahí marcharon a la Secretaría de Gobernación, y más tarde, el opositor Sindicato Nacional de Trabajadores de Azúcares Chema Martínez depositó en la PGR otra demanda en contra de Ramos por malversación de los recursos sindicales.

Ahí se informó que en noviembre concluirán las averiguaciones previas. Arturo Herviz Reyes, diputado federal y uno de los dirigentes de la marcha, informó que a partir de mañana agentes del Ministerio Público Federal se presentarán en las oficinas centrales de Banorte para que les sean entregados los informes correspondientes respecto de 13 fideicomisos de los cuales, dijo, se presume que gran parte del dinero se utilizó para campañas políticas.

Por ello, los azucareros solicitaron a la PGR se inicie el proceso para el desafuero de Enrique Ramos, diputado federal por el PRI, para que enfrente las acusaciones penales en su contra el próximo año.

Herviz Reyes mencionó que en las averiguaciones previas en las que trabaja la PGR se menciona que fideicomisos como el de vivienda y pensiones a jubilados, que sumaban un total de 13 y que estaban siendo administrados por Banorte, prácticamente desaparecieron, por lo que se estima que el fraude a los sindicalizados asciende a más de 20 mil millones de pesos.

Además, se aseguró que a los productores de caña las organizaciones del PRI, como la Confederación Nacional Campesina, les hicieron descuentos de entre uno y nueve pesos por tonelada de caña para distintos fines, entre ellos actividades de campaña.

Más tarde, tras prolongada reunión con el subsecretario de Agricultura Francisco López, los azucareros obtuvieron la promesa de reunirse la próxima semana para hacer un análisis detallado de los faltantes en materia de pensiones y buscar alguna alternativa ocupacional para los ex trabajadores.

En tanto, Ramos Rodríguez, quien se encuentra en el proceso de revisión del contrato ley de esta industria, trata de eludir su responsabilidad en el caso al argumentar que los fraudes se habrían cometido en gestiones anteriores a la suya, e incluso asevera que por la eliminación de los tres ceros al peso "de los mil millones que había sólo queda un millón", el cual -dice- está depositado en una cuenta bancaria.