"Los especialistas extranjeros contratados por el gobierno desconocen la realidad nacional"

La sociedad civil, excluida del diseño de programas para el campo: Isabel Cruz

MATILDE PEREZ U.

A pesar de las buenas intenciones del gobierno federal para construir un nuevo financiamiento rural, aún no se percibe una política definida en ese sentido, pues lo que hay es una serie de programas sin ninguna coordinación, afirmó la directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Isabel Cruz Hernández.

El Estado ha fomentado mercados financieros incluyentes; sin embargo, "falta un esfuerzo sostenido de coordinación y sistematización", subrayó. Cruz Hernández propuso la creación de una comisión nacional de financiamiento rural, para diseñar las políticas y que tome en cuenta las diversas experiencias de microfinanciamiento que hay en el país.

Ante la desaparición del Banco Nacional de Crédito Rural y su sustitución por un nuevo sistema financiero posiblemente basado en cajas rurales, la directora de AMUCSS comentó que varios programas están pensados en la sociedad civil; sin embargo, está excluida de las etapas de diseño y diagnóstico. "La lluvia de ideas gira en torno a los especialistas internacionales contratados por el gobierno; ellos dominan la dimensión técnica, pero desconocen la realidad nacional."

En esta etapa de redefinición del sistema financiero rural el gobierno federal debe tomar en cuenta a los segmentos de la población excluidos del sistema financiero actual, y promover la diversidad institucional para poder atender los distintos segmentos del mercado. Consideró que en dicho proceso hay que seguir ofreciendo servicios de segundo piso (banca de desarrollo) y que las operaciones complementarias las ofrezcan otras instituciones financieras; orientar los subsidios a la creación y consolidación de instituciones financieras no bancarias especializadas y comprometidas con el desarrollo local, y establecer un marco legal acorde para ambas opciones.

Recurso retórico

Para ello, insistió Cruz Hernández, "es necesario entablar un diálogo abierto y permanente entre todos los actores involucrados en la construcción de los mercados financieros rurales. Eso requiere más apertura por parte del gobierno para superar la desconfianza mutua y empezar a trabajar juntos; tomar en cuenta como verdadero interlocutor a la sociedad civil, y no usarla sólo como un recurso retórico".

Como ejemplo de otros servicios financieros para la población que ha sido excluida de los mecanismos crediticios tradicionales por razones geográficas, económicas y sociales, la directora de AMUCSS mencionó la experiencia de los microbancos que se han establecido en la sierra norte de Puebla y en las sierras mazateca, mixteca y sur de Oaxaca.

El microbanco, explicó, se apoya en los ahorros y en la participación de capital accionario de sus socios-clientes para otorgar préstamos en beneficio de opciones económicas locales; no se persiguen fines de lucro, sino permanecer a largo plazo; su reto -al crecer y volverse instituciones atractivas a nivel local- es mantener la autonomía operativa frente a posibles presiones de orden religioso y político.

"Los microbancos no son la única experiencia de microfinanzas basada en iniciativas de la sociedad civil en las zonas rurales del país, ni pretenden cubrir todas las necesidades del sector en materia de servicios financieros, pero tienen un lugar que ocupar y un papel que cumplir dentro del sistema financiero rural como conjunto más amplio", apuntó.

Es indispensable, consideró, que en la creación del nuevo sistema financiero rural se tomen en cuenta todas las experiencias financieras existentes en el campo y se establezcan programas compensatorios de apoyo a la generación de nuevas instituciones.

Reformar al Banrural, abundó, es urgente debido a sus altos costos de operación, cartera vencida, dispersión de actividades, entre otros errores, pero la definición del sistema financiero que el gobierno federal ofrecerá a la población rural debería partir de un estudio de mercado para adecuar los productos propuestos -cajas de ahorro, entre otros mecanismos- a la demanda local. Recordó que en el país existe desde hace más de 50 años una tradición sólida de finanzas populares, inicialmente promovida por iniciativa de la Iglesia católica, que ha buscado atender a la población de menores ingresos, conciliando misión social y sostenibilidad operativa y financiera.