Piden a la OIT interceder por el municipio chiapaneco ante la autoridad mexicana

Pobladores y autoridades de Nicolás Ruiz exigen que se les reconozca como indígenas

El gobierno se rehúsa porque ya no hablan tzeltal; no es un criterio válido, argumentan

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, chis, 23 de octubre. La población y las autoridades municipales de Nicolás Ruiz exigieron hoy que se reconozca su identidad indígena y denunciaron que el gobierno mexicano ha violado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al no respetar sus derechos como pueblo. El municipio, cuya población se asume en resistencia, libre y autónoma, presentó una reclamación ante la OIT.

Avalan la reclamación los 30 mil integrantes del Frente Auténtico del Trabajo (FAT, miembro de la OIT) y las comunidades de La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos en el estado de Chiapas. Según dió hoy a conocer el municipio, "la población de Nicolás Ruiz exige a la OIT que reconozca los derechos de este pueblo a su identidad indígena, a sus tierras tradicionales, y a la toma de decisiones internas, y que esta organización demande al gobierno de México respetar esos derechos bajo el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes".

Además, hasta la fecha, el gobierno niega otorgar a los indígenas sus títulos oficiales sobre El gran poder y San Juanito, dos predios ancestrales de la comunidad.

El municipio, ubicado fuera de la denominada zona de conflicto, ha sufrido represión y prácticas contrainsurgentes desde de 1996 (mientras transcurrían los diálogos de San Andrés), "coincidiendo" con la reivindicación por parte de Nicolás Ruiz de las demandas zapatistas.

La reclamación ante la OIT significa "una manifestación más de la resistencia del municipio libre de Nicolás Ruiz en contra de las políticas racistas y colonialistas, y las acciones violentas del gobierno de México", declararon hoy los indígenas.

Recuerdan que desde 1699, cuando sus antepasados "presentaron su primer am-paro reclamando las tierras comunales robadas por los españoles, este pueblo ha insistido en su derecho de vivir según sus costumbres, en sus tierras. Aunque en 1734, los antepasados de Nicolás Ruiz compraron sus tierras, el gobierno ha ignorado su título legal y ha entregado estas tierras a otras personas".

En los últimos años se incrementaron las acciones gubernamentales en contra de la comunidad y su tenencia de la tierra, propiciando invasiones violentas que causaron la muerte de tres comuneros el 21 de marzo de 1996 y, en una segunda invasión el 3 de junio de 1998, el robo de los títulos primordiales del municipio. Los últimos dos gobiernos priístas produjeron decenas de heridos y cientos de encarcelados.

Además de las invasiones violentas y los otorgamientos ilegales de las tierras de Nicolás Ruiz, el gobierno federal "ha in-tentado contrarrestar la resistencia creando divisiones y negando la autonomía de la comunidad para decidir en relación con sus tierras".

Como se recordará, el gobernador interino Roberto Albores Guillén, a través de Arely Madrid Tovilla (entonces secretaria de Gobierno y hoy legisladora y miembro de la Cocopa), indujo la creación de un grupo priísta que desafiara las decisiones de la Asamblea General de Bienes Comunales, y que desde entonces fomenta problemas personales y divisiones políticas en la comunidad.

La Asamblea General de Bienes Comunales, aseguran los comuneros, es la manifestación actual de la costumbre inmemorial de este pueblo de proteger sus tierras y tomar decisiones por consenso. Por ello, "debe ser reconocida como una institución autónoma e indígena".

En el caso de Nicolás Ruiz, "después de siglos de políticas oficiales que tenían la intención de borrar las costumbres y la identidad indígena, hoy en día el gobierno rehúsa reconocer esta comunidad como indígena porque ya no hablan tzeltal ni se ponen ropa tradicional. La población está orgullosa de su historia, y quiere que el gobierno de México reconozca su identidad indígena".

El municipio reclama tres categorías de derechos cubiertos por el Convenio 169: El derecho a que se reconozca su identidad indígena (con la exigencia de que la OIT "haga saber al gobierno mexicano" que no puede utilizar el idioma como criterio para determinar quienes pertenecen a un pueblo indígena); el derecho a sus tierras tradicionales, y el derecho a que se respete el proceso interno para tomar decisiones sobre el uso de sus tierras.

Así, las decisiones tomadas en la Asamblea General se encuentran protegidas por el Convenio 169 y el derecho internacional "como parte de sus costumbres comunales, su forma de organización política y económica, y su autonomía".

La reclamación alega que los intentos por parte del gobierno y el grupo priísta de socavar la unidad y resistencia de la comunidad, así como su falta de respeto a la Asamblea General, representan una violación de esos derechos. En consecuencia, exige que la OIT recomiende a México respetar las decisiones internas de Nicolás Ruiz, "en particular las relacionadas al uso y división de las tierras comunales".

La reclamación fue presentada bajo el artículo 24 de la Constitución de la OIT, donde se determina que será evaluada por un comité de expertos (empresarios, trabajadores y gobiernos) de tres países distintos. Este comité invitará al gobierno mexicano a responder, y al final del proceso emitirá recomendaciones.

El municipio de Nicolás Ruiz, junto con la Red de Defensores Comunitarios y el FAT, "espera que esta reclamación sirva como una presión más al gobierno de México para que por fin se reconozca la identidad, las tierras y los derechos indígenas de esta comunidad y de todos los pueblos indígenas de México".