Agrupaciones ciudadanas instan a partidos a interponer la controversia constitucional

Critican expertos desplegado de Gobernación

GEORGINA SALDIERNA

Integrantes de organizaciones ciudadanas criticaron ayer el desplegado que publicó la Secretaría de Gobernación en torno al nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, pues trata de convencer sobre avances que en realidad no están incorporados en el documento.

El periodista Miguel Angel Granados Chapa dijo que sí hay materia para interponer una controversia constitucional contra el presidente Vicente Fox pues, atribuyéndose facultades que sólo tiene el Congreso, modificó la tasa del impuesto en especie que los concesionarios de la radio y la televisión pagaban al Estado mediante la asignación del 12.5 por ciento del tiempo de transmisión.

Jenaro Villamil, columnista de La Jornada, denunció que los partidos están aplazando la presentación de la controversia constitucional, pues no hay poder político que no se sienta intimidado por los medios de comunicación electrónicos, subrayó.

Beatriz Solís, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que es necesario empujar al Congreso y no dejarlo solo, porque de lo contrario va a seguir siendo rehén de los intereses de los concesionarios.

Al participar en una mesa de debate sobre el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, Eréndira Cruz Villegas, de Cencos, y Hugo Almada, de Causa Ciudadana, criticaron el desplegado de la Secretaría de Gobernación porque busca promocionar como un avance de dicha normatividad aspectos que en realidad no están incorporados en el documento. Por ejemplo, se mantiene la discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones y el derecho de réplica no responde a las demandas ciudadanas. Cruz Villegas planteó la necesidad de iniciar un debate con Gobernación basado en el desplegado.

Granados Chapa recordó que el régimen fiscal se aprueba en diciembre de cada año en la Cámara de Diputados y que desde 1970 los legisladores habían refrendado el impuesto paralelo en especie que pagaban los concesionarios con el 12.5 por ciento de su tiempo de transmisiones.

Advirtió que si en diciembre próximo se aprueba la reducción del 12.5 por ciento como parte de la Ley de Ingresos, se hará legal el decreto que emitió el jefe del Ejecutivo el pasado 10 de octubre.

Demandó sacar a los partidos políticos de su actitud acomodaticia e impedir que aprueben en la Miscelánea Fiscal este nuevo reglamento. Opinó que el 12.5 por ciento es una cantidad impráctica; en la Ley de Ingresos se puede establecer un impuesto más bajo, pero que sea pagadero tanto en especie como en efectivo.

Consideró que es justo que los concesionarios de la radio y la televisión paguen un impuesto especial -como la industria del petróleo y la tabacalera-, pues usan un bien del dominio público, como es el espacio aéreo, y se les confiere un mercado cerrado.

Sobre la controversia constitucional, recordó que se interpuso una queja de este tipo contra el presidente Vicente Fox por haber eliminado, el impuesto que los diputados aprobaron a la fructosa. En este caso, la Corte falló en favor de los legisladores.

Villamil dijo que durante los dos años de gobierno de Fox se ha registrado un retroceso en lo que hace a la democratización de los medios y su carácter laico. Una muestra de ello es el anuncio de que las iglesias podrán poseer medios de comunicación electrónicos.

En la batalla por revertir el retroceso, señaló que un sector importante es el de los trabajadores de los medios de comunicación, quienes saben como nadie lo que es la censura. Otros sectores importantes son los centros de investigación y los medios comunitarios y del Estado, a quienes los grandes concesionarios califican como competencia desleal, cuando ni siquiera captan 10 por ciento de los recursos públicos que el gobierno federal destina para publicidad.