Emilio Pradilla Cobos
Héroe made in USA al rescate
El anuncio hecho por el jefe de Gobierno del Distrito
Federal de que fue contratado Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York,
para asesorar a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina
en materia de combate a la delincuencia, nos ha dejado perplejos a muchos.
Durante tres años oímos al jefe de Gobierno
un diagnóstico acertado sobre la inseguridad, que ponía el
acento en la lucha contra las causas socioeconómicas estructurales
de la delincuencia, y que proponía cambios significativos en las
estructuras de persecución del delito y procuración de justicia:
descentralización de la policía a las delegaciones, coordinación
interinstitucional en 70 ámbitos territoriales, énfasis en
la investigación, lucha contra la corrupción en las policías,
etcétera. A estas actividades está destinanda cerca de una
cuarta parte del presupuesto del Distrito Federal. También nos ha
dicho que la inseguridad está bajando considerablemente. De pronto,
nos informa que todo ello no basta y que será el funcionario estadunidense
que aplicó el programa Cero tolerancia en Nueva York (el
jefe de policía que lo diseñó no trabaja hoy con él),
quien propondrá el programa capitalino de lucha contra la delincuencia.
Esta decisión genera demasiadas inquietudes. Aunque
esta multimillonaria asesoría será pagada por los grandes
empresarios, lo que permite que las negociaciones sean privadas y no se
requiera licitación pública, sus propuestas serán
aplicadas por el gobierno local, lo que constituye una participación
extranjera -Giuliani y su despacho- y privada -los empresarios- en asuntos
que competen a los poderes públicos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-
y a toda la ciudadanía capitalina; la soberanía popular y
estatal está por lo tanto en cuestión. El modelo aplicado
en Nueva York, ciudad con una legislación muy diferente a la nuestra,
dio lugar a muchos atropellos y violaciones a los derechos humanos, sobre
todo de los sectores vulnerables y excluidos (jóvenes, minorías
étnicas, inmigrantes, pobres e indigentes, etcétera) que
hoy penaliza la justicia estadunidense; ello preocupa con justa razón
a los defensores locales de los derechos humanos.
Los riesgos de la aplicación de propuestas similares
en la ciudad de México se hacen mucho mayores si tenemos en cuenta
las diferencias entre los cuerpos policiacos de estas ciudades: nivel educativo
y calificación, remuneraciones, equipamiento y técnica, y
el alto grado de corrupción constatado en el aparato judicial y
policial capitalino.
Hay una gran distancia entre la situación socioeconómica
y cultural neoyorquina y la defeña, lo que podría hacer que
la propuesta de Giuliani, quien desconoce la nuestra, sea inadecuada para
la realidad mexicana y termine en otro fracaso más, o lleve a una
actuación autoritaria y represiva de las autoridades capitalinas,
que dicen gobernar democráticamente, en nombre de la izquierda.
Hay un aspecto político que desborda lo puramente
simbólico. La tardía recuperación del prestigio de
Giuliani, menguado por la Cero tolerancia y la mala administración,
se debió a su papel en la atención a las víctimas
del atentado del 11 de septiembre, que lo convirtió en héroe
estadunidense; pero esa correcta actuación en cumplimiento de su
función pública quedó indisolublemente ligada a la
condenable e imperialista guerra global contra el terrorismo emprendida
por Bush y sus halcones, cuyo nuevo episodio aterrorizante puede desarrollarse
en Irak. Por ello, contratar a este héroe made in USA se
tiñe de reconocimiento político-ideológico. En México
y en otras partes del mundo hay expertos en seguridad pública que
no tienen esa marca de origen. ¿O será que el jefe de Gobierno
quiere beneficiarse electoralmente entre los empresarios y capas adineradas
conservadoras de la ciudad, del prestigio, basado en el desconocimiento
de este funcionario y sus métodos? Llama la atención que
se ofrezcan resultados -poco creíbles- de la asesoría en
seis meses, es decir, antes de las elecciones de julio de 2003. Ojalá
nos equivoquemos al juzgar las intenciones, porque los hechos sí
son claros.
De la que no nos sorprendemos, aunque rechazamos, es de
la postura de la dirección del PRD-DF, hoy constituida como alianza
de dos corrientes corporativas y clientelares que quieren aplastar y excluir
a todos los que no se someten a sus intereses. Como en el caso del segundo
piso para Periférico y Viaducto, sin discutir ni consultar a los
militantes, optaron por un apoyo incondicional y acrítico a la decisión
del jefe de Gobierno, que ni siquiera los panistas dan a Fox. Este caso
es mucho más grave que el de las vialidades, porque muestra su amnesia
en el campo de los principios y las luchas históricas de la izquierda
y de sus propios militantes -muchos forjados en luchas y prácticas
que Giuliani combatiría duramente-, que no pueden conciliarse con
la ideología y la práctica del Robocop estadunidense
que inconsecuentemente se ha llamado a rescatar al Distrito Federal de
la delincuencia.