Tienen libertad para emitir juicios, pero no representan la postura oficial panista

Reconvienen a Corral y Gómez Mont por criticar el reglamento de radio y tv

CIRO PEREZ SILVA Y GEORGINA SALDIERNA

Dirigentes y coordinadores legislativos del PRI y del PAN le recordaron ayer a sus senadores y diputados que existe la libertad para emitir juicios y opiniones, pero que éstas no representan la posición oficial de sus respectivos partidos.

Así se lo hicieron saber al senador Javier Corral y a la diputada Teresa Gómez Mont, ambos panistas, durante la reunión de la Comisión Política del PAN del pasado lunes, en la que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el subsecretario José Luis Durán explicaron las razones detrás del decreto presidencial para reducir los tiempos del Estado en medios electrónicos.

Quienes participaron en este encuentro señalaron que ambos manifestaron su malestar por el hecho de que no se cubrieron las formas cuando los funcionarios desecharon los trabajos legislativos que en distintos momentos han impulsado Gómez Mont y Corral, además de señalar que la negociación "no fue la mejor".

Para algunos asistentes quedó claro que "Corral y Gómez Mont eran consultables, pero no imprescindibles", luego de recordar que en su momento Carlos Castillo Peraza mantuvo posiciones diferentes a las del Comité Ejecutivo del PAN, "pero ni él representaba la voz del partido".

El mismo trato recibió el secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el priísta Salvador Cosío Gaona, quien firmó un comunicado a nombre de su bancada en el que aprueba el decreto presidencial.

"La mayoría de los compañeros diputados ven con mucha reserva el decreto porque se considera que hay una variación de una disposición que es de carácter fiscal y que esto es muy discutible por parte del Ejecutivo", subrayó el coordinador de los diputados del PRI, Rafael Rodríguez Barrera.

En entrevista, Teresa Gómez Mont reiteró ayer su molestia porque los diputados tuvieron que enterarse del decreto presidencial por los medios de comunicación, hecho que le hicieron saber al titular de Gobernación, quien de acuerdo con la legisladora reconoció que no se cumplieron las formas y escuchó la "súplica" de los panistas para que esto no se repita.

Destacó que uno de los inconvenientes del decreto presidencial es que del 12.5 por ciento de tiempo aire que los me-dios electrónicos debían ceder al gobierno por concepto de impuestos, se pasó a 1.5 y sostuvo que esta negociación no fue la mejor. Sin embargo, dijo, Creel Miranda argumentó que este 1.5 se va a ejercer efectivamente, lo que antes no se hacía.

La legisladora panista manifestó su confianza en que se pueda modificar el acuerdo y se llegue a 3 por ciento, aunque lo más importante es determinar cuánto de este tiempo se destinará al Ejecutivo federal y cuánto a los poderes Legislativo y Judicial, al IFE y a otras instancias, ya que hasta ahora dicho convenio sólo se considera para la Presidencia de la República.

El coordinador panista en San Lázaro, Felipe Calderón Hinojosa, destacó que en la reunión del pasado lunes los funcionarios explicaron que "el uso de los tiempos oficiales implica que el Estado tenga derecho a un mayor valor económico en los tiempos de que puede disponer, porque a pesar de que hay una menor disposición para el Estado, el tiempo es de mucho mayor calidad en términos de audición, de valor comercial, de utilidad, de manera tal que esa fue una de las razones que llevaron a esta nueva reglamentación".

Además de que se reglamentó el derecho de réplica, que era una añeja petición de su partido y de otros grupos parlamentarios. Interrogado sobre la negativa a hablar de las diferencias que generó al interior de su partido la decisión presidencial, Calderón Hinojosa planteó que la posición de resolver las diferencias al interior del PAN "se ha sostenido toda la vida".

-ƑInvadió el Presidente de la República esferas del Poder Legislativo-se le preguntó.

-Considero que no, por la siguiente razón: este decreto de los llamados tiempos oficiales de 12.5 por ciento fue creado por un ejercicio del presidente de la República, en aquel tiempo Gustavo Díaz Ordaz, de manera tal que el mismo fundamento que tuvo el entonces presidente, en uso de las facultades reglamentarias del Ejecutivo, es el fundamento que sustenta la propia decisión del mandatario ahora.

Sin embargo esta posición no la comparten otros legisladores, como la priísta Lorena Beauregard, quien insistió en que su bancada no descarta la posibilidad de interponer una controversia constitucional. "El presidente Fox está invadiendo la esfera legislativa cuando plantea la disminución de 12.5 por ciento, que es un impuesto para los concesionarios de radio y televisión; la única facultada para modificar o para legislar en materia presupuestal es la Cámara de Diputados, de acuerdo con el 72 constitucional, fracción h. Hubo una violación al Código Fiscal de la Federación. Entonces hay una serie de inconsistencias de carácter jurídico que plantea el decreto, y esa es una de las preocupaciones de la Cámara de Diputados, concretamente de nosotros como grupo parlamentario", manifestó.