Casi 500, encabezados por un coronel, ya están libres

Rinden declaración más de 100 militares arrestados en Sinaloa

Habrían sorprendido a soldados que custodiaban drogas

IRENE SANCHEZ Y JAVIER VALDEZ CORRESPONSALES

Al menos cien integrantes del Ejército empezaron a rendir declaración en el cuartel de la comandancia de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa, donde se encuentran el octavo juzgado y la prisión castrense, informaron fuentes relacionadas con la defensa de los inculpados, que solicitaron permanecer anónimas.

Agregaron que se investiga la presunta participación de los militares en la protección a narcotraficantes y la razón por la que tenían en su poder bolsas que contendrían cientos de miles de dólares en efectivo.

Asimismo, este lunes fueron dejados en libertad en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, donde se ubica el cuartel del 65 Batallón de Infantería, casi 500 militares, encabezados por el coronel Norberto Cortés Rodríguez, quien al salir de las instalaciones donde se encontraban acuartelados desde hace 12 días negó que hayan estado detenidos todo ese tiempo.

En tanto, la noche del domingo fueron trasladados a la prisión militar de Mazatlán 10 elementos del 65 Batallón, y se esperaba que otros 45 llegaran ayer, de los casi cien a quienes se investiga por presuntamente haber recibido dinero de narcotraficantes.

Las fuentes sostuvieron que el acuartelamiento ocurrió luego de que integrantes de la Policía Militar de la ciudad de México, acompañados por agentes de la Policía Federal Preventiva, sorprendieron a un grupo del 65 Batallón supuestamente custodiando plantíos de enervantes en la parte alta de la sierra de Badiraguato, Sinaloa. Esos militares fueron detenidos en el lugar y se les decomisaron bolsas que, según trascendió, contenían casi un millón de dólares.

Añadieron que el sábado escaparon del cuartel de Guamúchil dos militares, uno de ellos el teniente Marco Antonio Vázquez, lo cual retrasó el traslado de soldados a la prisión de Mazatlán.

Quejas de la CEDH

El gobierno federal es incongruente con su política de respeto a los derechos humanos, al no permitir que personal de la Comisión Estatal en la materia (CEDH) verificara las instalaciones militares en Guamúchil donde permanecieron acuartelados unos 600 soldados, "incomunicados y algunos torturados", afirmó el ombudsman sinaloense, Jaime Cinco Soto.

Este lunes se negó de nuevo al titular de la CEDH de Sinaloa ingresar al edificio del 65 Batallón de Infantería, en Guamúchil, a cuyos mandos familiares de soldados de diferentes rangos señalaron como responsables de la detención masiva.

Parientes de militares aseguraron que se sometió "a muchos" de ellos a torturas sicológicas y físicas, como parte de una supuesta indagatoria interna.

Media hora después de que funcionarios de la CEDH sinaloense llegaron el lunes a las instalaciones militares en Guamúchil, los recibió en el exterior del edificio el coronel Norberto Cortés Rodríguez, comandante del 65 Batallón de Infantería, quien les dijo que el asunto no es competencia de la Comisión Estatal, sino de la Nacional de Derechos Humanos, a cuyo personal sí permitiría ingresar.

-¿Todo está conforme a la ley? ¿No hay maltrato? -le preguntó Rafael Cabrera, visitador general de la CEDH.

-Definitivamente -replicó el militar.

Cortés Rodríguez dijo estar "en la mejor disposición" para atender a la CEDH, pero le negó la posibilidad de ingresar al cuartel. Tampoco respondió a preguntas de los reporteros. "No hay nada que ocultar", dijo repetidas veces, y para justificar su silencio afirmó tener instrucciones al respecto de sus mandos inmediatos de la novena Zona Militar, con sede en Culiacán.

Por otra parte, Denisse Mejía esperó tres horas para que los militares apostados en el acceso principal al 65 Batallón de Infantería le dijeran que no iba a poder ver a su marido, el soldado Erick Velásquez.

Ella es una de las esposas de militares que aparentemente permanecían dentro del edificio, incomunicados, desde hacía 11 días, pero dijo no haber estado con su cónyuge desde el 19 de septiembre.

Agregó que la última vez que se vieron Erick le dijo que iría a un operativo de destrucción de droga en la sierra de Sinaloa de Leyva, que colinda con el municipio de Badiraguato, muy cerca de Durango. Cuando volvió ya no lo dejaron salir.

El domingo por la noche Erick habló por teléfono con Denisse. Le dijo que desconocía por qué los mantenían en esas condiciones, que no había sido golpeado y que podía ir a verlo el lunes. Y así fue, pero con resultados negativos.

Investigarían también a general

Al menos tres jefes militares habrían sido detenidos y trasladados al penal de Mazatlán como parte de las investigaciones que realiza la procuraduría castrense sobre presuntos nexos de miembros del 65 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, Sinaloa, con el narcotráfico, trascendió en fuentes oficiales, pese al hermetismo que imperó en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde voceros dijeron que "no hay comentarios oficiales" sobre la detención de entre 500 y 600 militares en el cuartel de Guamúchil, que fueron arrestados hace 12 días.

Los informantes añadieron que de acuerdo con versiones que circularon ayer en círculos castrenses, al menos tres jefes militares -desde un coronel hasta un general brigadier- fueron trasladados a Mazatlán, Sinaloa, para ser investigados.

Asimismo, no descartaron la posibilidad de un eventual traslado a la ciudad de México en caso de que se encuentren elementos que involucren a militares de alto rango en los hechos que se les imputa.

JESUS ARANDA

Indagarán la detención de 600 miembros del Ejército

Acuden a Guamúchil dos visitadores y un perito médico de la CNDH

VICTOR BALLLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que ayer se trasladaron a la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, dos visitadores adjuntos y un perito médico para investigar la detención de 600 militares; agregó que el ombudsman de ese estado, Jaime Cinco Soto, pidió la intervención del órgano nacional.

Añadió que la misión de los visitadores adscritos a la segunda visitaduría general de la CNDH investigará la situación denunciada por Cinco Soto respecto a la detención de 600 militares -entre jefes, oficiales y tropa- que permanecieron incomunicados en las instalaciones castrenses de la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Indicó el organismo que los visitadores recabarán testimonios e información, además de que verificarán la situación jurídica de los militares retenidos, analizarán la incomunicación en que han estado y se establecerán diligencia para conocer los hechos y asegurar el respeto de sus derechos humanos.

En tanto, Antonio Soto, senador del Partido de la Revolución Democrática, expresó que se debe investigar la situación de esos centenares de detenidos.

A disposición de civiles

Resaltó que es momento de revisar el marco jurídico de las fuerzas militares, para que los delitos que se cometan por efectivos castrenses se pongan a disposición del Ministerio Público civil, con el objetivo de que los ilícitos que no se cometan en tareas del Ejército sean juzgados por la justicia civil.

Abundó: "ojalá no haya torturados, pero en caso de que haya denuncias" al respecto, es necesario "que se investiguen y que a los responsables se les ponga a disposición de la justicia; incluso, si hay jefes del Ejército y oficiales coludidos con el narcotráfico, que se informe a la opinión pública y se les investigue hasta las últimas consecuencias".