NUEVO GOLPE CONTRA EL CONGRESO Y LA INFORMACION
Sin
información ni cultura no puede haber ciudadanía. Desde Goebbels
y el régimen nazi todo régimen antidemocrático ha
tratado de controlar la información y los medios de formación
de la cultura de masas; aplicando este precepto, el gobierno de George
W. Bush, para preparar sus guerras contra quienes él decida, creó
de inmediato una oficina de Información (léase de Propaganda
o Desinformación) dependiente del Pentágono, para apoyar
en el frente interno con la guerra de inteligencia y sicológica
los ataques contra otros pueblos no sometidos. El monopolio de los medios
de información audiovisuales o escritos por parte de grandes grupos
de capital ya de por sí restringe enormemente el campo de la democracia:
hay que pensar entonces qué sucede cuando al sesgo que ellos dan
a lo que dicen o callan se agrega la unión entre ellos y el Estado,
para colmo sometido a los monopolistas.
Pues bien, eso es lo que ha sucedido con la decisión
unilateral del presidente Vicente Fox de ceder en toda la línea
frente a las exigencias de los concesionarios de los espacios en el éter,
abandonando el 12.5 por ciento del tiempo de aire que pertenecía
al Estado, precisamente como pago escaso por dar el derecho de uso de las
ondas a los empresarios privados. Para colmo, Fox introdujo por decreto,
saltando por encima de la opinión pública y del Congreso,
una pésima reforma al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión.
De este modo ha convertido un servicio público
en un coto cerrado de unas pocas empresas; quita espacios y derechos a
los propietarios del bien concesionado (los mexicanos) para dárselos
a unos pocos empresarios; impide la posibilidad de obligar a las empresas
a no envenenar a la opinión pública ni arruinar su buen gusto
y a ayudar a educar a la población; deja la formación y la
información, así como la cultura, en manos de quienes se
guían por lo que vende o no vende, sin fijarse en su calidad o utilidad
pública; cierra canales a la crítica y al pluralismo; deja
que los concesionarios emitan como información sobre todo propaganda
comercial o política interesada y pagada; impide la creación
de un órgano regulador que asegure el pluralismo en los medios y
certifique la calidad de la programación y de la publicidad.
El Presidente ha ignorado al Congreso y a la opinión
pública, y ha regalado a grandes empresas capitalistas, famosas
por su falseamiento o ocultamiento de hechos fundamentales y por su entrelazamiento
con el poder en turno, nada menos que el tiempo enorme que la niñez
y parte de la juventud pasan ante la televisión, tiempo que aparece
como ocio o diversión cuando en realidad es saturación continuo
con conceptos y valores nocivos. Ahora lo que el Estado concedía
aparecerá en cambio como concesión graciosa de los empresarios
a ese mismo Estado o, mejor dicho, sólo a la Presidencia, mientras
que el tiempo estatal regalado pertenecía a todos los poderes. Lo
que debía ser servicio público, pasa ahora a ser claramente
sólo una empresa privada, ajena a toda intervención estatal
en defensa del bien común o de la cultura.
No es de extrañar pues la protesta parlamentaria,
incluido el partido del mismo presidente, Acción Nacional, que se
niega a aceptar la contrarreforma antidemocrática de una ley ya
insuficiente y que debía ser reformada en un sentido opuesto al
elegido por el que prometía un cambio.