La Foca y El Cerillo están acusados de asesinar a 11 mujeres
Policías de Ciudad Juárez brindan protección a esposas y abogado de presuntos multihomicidas
Un juez federal negó el amparo a los dos sospechosos; el caso seguirá en el fuero común
RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL
Ciudad Juarez, Chih., 11 de octubre. La Secretaría de Seguridad Pública municipal brinda desde hace dos días protección policiaca a Miriam García Lara y Blanca Guadalupe Avalos, esposas de los presuntos multihomicidas de mujeres Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, y Gustavo González Meza, La Foca, respectivamente, así como al abogado defensor de ambos, Sergio Dante Almaraz, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Américanos (OEA).
Dante Almaraz detalló que la vigilancia y protección que les ofrecen es en los domicilios y despachos, y que en pláticas con los funcionarios de la dependencia policiaca decidieron que no les brindaran protección de guardaespaldas de manera permanente, por considerar que no es necesario.
Explicó que se solicitó la protección a través de grupos de derechos humanos desde hace seis meses, por las amenazas de muerte que recibieron por defender a sus clientes y difundir que eran inocentes y que las acusaciones en su contra son falsas y prefabricadas.
Expresó que personal de la policía municipal se comunicó con él a petición de la OEA hace 15 días para coordinarse sobre la forma en que les brindarían la protección, y acordaron que sería en sus hogares, con recorridos de los agentes que comisionen a esta tarea para no tener guardias permanentes junto a ellos o en sus viviendas.
La Foca y El Cerillo están acusados de 11 homicidios de mujeres, entre ellos los de las ocho localizadas en un radio de 25 metros en el campo algodonero de la zona dorada.
La Foca, al ser detenido en diciembre pasado, contrató al abogado Mario Escobedo Amaya, el cual perdió la vida luego de enfrentarse con agentes de la Policía Judicial del estado en febrero pasado, en Ciudad Juárez.
Dante Almaraz informó que solicitó al juez séptimo de lo penal, Javier Pineda, cerrar la etapa de instrucción del expediente de sus clientes, para que la defensa y la parte acusadora presenten pruebas a favor y en contra en un lapso de 10 días cada uno, con lo que el juez tendría 15 días para dictar sentencia.
La decisión la tomó luego de que el juez federal negó el amparo por los homicidios a ambos detenidos, por lo que el expediente debe continuar en el fuero común hasta que se dicte sentencia.
Asimismo, pidió cerrar el expediente porque no pudieron integrar más pruebas en esta etapa, ya que ninguna de las personas que acusaron a sus clientes ha asistido al juzgado penal cuando han sido citadas por la parte defensora, por lo que su declaración original queda en firme, sin cambios, en el expediente, dijo el abogado.