Critican especialistas en temas sobre seguridad la contratación de Giuliani

Cero tolerancia en NY: menos delitos pero más abusos

SUSANA GONZALEZ Y BERTHA TERESA RAMIREZ

Investigadores universitarios y especialistas en temas de seguridad pública entrevistados por La Jornada criticaron la contratación, por parte del gobierno capitalino, del despacho del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para combatir la delincuencia en el Distrito Federal.

Fernando Tenorio, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y secretario del Foro Latinoamericano para la Seguridad -del cual el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es presidente-, recordó que el programa Cero tolerancia "tuvo un agravante bastante fuerte, porque se incrementó en más de 50 por ciento el número de delitos cometidos por policías y esto obligó a que el gobierno de Nueva York pagara 50 millones de dólares en demandas por violaciones a los derechos humanos".

Además, mencionó que si bien la criminalidad se redujo 50 por ciento en Nueva York durante la gestión de Giuliani, estudios realizados al respecto demostraron que lo mismo ocurrió en otras ciudades de Estados Unidos donde no se puso en marcha tal programa: "consecuentemente, si se redujo la delincuencia no fue por efecto del plan Cero tolerancia".

El coordinador del Proyecto de Investigación Interinstitucional sobre la Violencia en México del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), René Jiménez Ornelas, dijo que la contratación del ex alcalde neoyorkino y su equipo es "bienvenida", siempre y cuando esté acompañada de una decisión política por parte de las autoridades para combatir de manera integral la inseguridad pública y los vacíos jurídicos que propician la impunidad y la corrupción. De lo contrario, advirtió, "ni trayendo a Supermán se logrará abatir la delincuencia", mucho menos si no se mejoran las condiciones de salud, educación y empleo de la población.

Tanto Jiménez Ornelas como Tenorio lamentaron que el gobierno de López Obrador recurra ahora a un despacho extranjero e ignore los proyectos que han realizados especialistas mexicanos, y advirtieron que entregar información sobre la estructura y funcionamiento de la policía capitalina puede resultar riesgoso. "Se está entregando la seguridad ciudadana a una institución privada extranjera", alertó Tenorio.

Al respecto, Miguel Arroyo, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y vocero de la organización México Unido contra la Delincuencia, puntualizó que la seguridad pública es una cuestión de Estado y debe permanecer así, por lo que no resulta congruente que se contrate una empresa privada extranjera "que nos diga cómo acabar con la delincuencia; eso choca un poco con el sentido de la soberanía nacional". Al hacerlo, dijo, parece que el Estado reconoce o confiesa que no puede con la seguridad pública, que es la primera función que debe cumplir.

Arroyo recomendó tomar en cuenta las diferencias jurídicas y culturales que existen entre Nueva York y el Distrito Federal, al mencionar que los policías de allá pueden acusar al delincuente, pero aquí no sucede así, porque la denuncia debe ser presentada por un tercero: "son diferencias legales que modifican la estrategia".

A su vez, el presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Alejandro Desfasiaux, consideró que el programa fracasará porque no existe la infraestructura policiaca para aplicarlo, ya que en Nueva York operó con un sistema automatizado de cómputo que mantenía comunicadas todas las unidades de la policía con una central y ésta, a su vez, con la FBI, lo que no existe aquí.