Las etnias están construyendo su autonomía, advierte

Tensión entre indígenas por fallo de la SCJN: Stavenhagen

El riesgo es que se recurra a la salida violenta, dice el relator

No aprobar acuerdos de San Andrés, la mayor burla: Bañuelos

VICTOR BALLINAS Y LA JORNADA DE ORIENTE ENVIADO

Puebla, Pue, 10 de octubre. Rodolfo Stavenhagen, relator especial de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de la Organización de Naciones Unidas, aseveró que existen signos preocupantes en las comunidades nativas por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no ir a fondo en las controversias constitucionales sobre la reforma indígena.

Advirtió que esta situación provocó que las etnias estén construyendo autonomías al margen de las estructuras jurídicas actuales, y como resultado, el gobierno puede responder o repetir la estrategia de hostigamiento, violencia selectiva, nulo reconocimiento y presiones jurídicas, políticas y económicas para tratar de "quebrar" esos procesos.

Stavenhagen puntualizó que otra alternativa es que el gobierno asuma que "hay un espacio para negociar y tratar de entender lo que quieren y reclaman los pueblos indígenas, independientemente de los resultados de la reforma constitucional y de la resolución de la SCJN al respecto".

Durante su participación en el quinto foro Derechos humanos y globalización alternativa: una perspectiva iberoamericana, que se efectúa en la Universidad Iberoamericana, plantel golfo-centro, Stavenhagen explicó que en el gobierno federal existen fuerzas que quieren una solución negociada, pero "hay otro grupo que insiste en que se debe acabar con esos revoltosos, imponerles la ley y no reconocer su autonomía". Este último escenario, agregó, generaría una situación de conflicto en las zonas indígenas.

El peligro, continuó, es que en el marco de tensión que se vive, haya la tentación, tanto de las etnias como de los sectores radicales del gobierno, de recurrir a la salida violenta. "En los meses recientes se han reportado denuncias de que otra vez hay violencia de grupos paramilitares, hostigamiento en los municipios autónomos, asesinatos selectivos de líderes sociales, en los que podrían estar involucradas diferentes autoridades federales y estatales".

Por su parte, el poeta Juan Bañuelos sostuvo que el principal obstáculo para solucionar el conflicto armado en México lo han puesto los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre los que hay valores entendidos, dijo, y el hecho de no aprobar los acuerdos de San Andrés resultó "la burla más grande a los pueblos indígenas en 510 años".

Reforma de Estado, la opción

En tanto, Magdalena Gómez explicó que ante los resultados de la SCJN, la opción es llevar a cabo una reforma del Estado o constituir uno nuevo, que incluya los derechos de los nativos.

Dijo que no se trata de otro parche, sino de crear un orden jurídico que permita la pluriculturalidad, pues señaló que "el Estado implica la creación de un pueblo, un territorio y una cultura".

En su intervención retomó conceptos de Jürgen Habermas, y dijo que aunque la reforma constitucional es válida para los tres principales poderes, para los afectados puede considerarse ilegítima.

Se necesita recuperar la filosofía jurídica indígena frente a la concepción que los muestra como incivilizados; por tanto, la lucha es por el nacimiento de un derecho que incorpore la mentalidad, la cultura y todos los conceptos de estos pueblos, y también está muy relacionada con la globalización. Sin embargo, dichos grupos se enfrentan a una grave contradicción en el seno de los estados nacionales, que anteponen la soberanía para evitar los procesos autonómicos, pero cuando asumen el neoliberalismo "abdican de la soberanía".

Más bien, señaló, los gobiernos rechazan los procesos de autonomía porque eso les impediría firmar acuerdos como el Plan Puebla-Panamá, el Area de Libre Comercio de las Américas y el Plan Colombia, que en el fondo pretenden explotar los recursos naturales que se encuentran en las zonas indígenas.

En la sesión vespertina del foro, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez, destacó que después de la elección del 2 de julio, "el debate aún está sobre qué fase estamos: en la transición o la alternancia", pues hasta hoy no se tienen claros los contenidos de la alternancia, pero sí hay grandes expectativas por el cambio.

Durante su participación en el diálogo "Derechos humanos: la compleja relación entre sociedad civil y Estado", Cortez insistió en que "en este gobierno no existe un proyecto de país", y dijo que es un error el que buen número de dirigentes de organismos no gubernamentales y de derechos humanos se han integrado a los gobiernos a partir del 2 de julio de 2000.

Debe quedar claro, apuntó Cortez, que la participación democrática no se ha alcanzado, y las organizaciones civiles "debemos tener mucha claridad sobre quiénes somos, qué somos y para qué estamos".

La relación con el gobierno es de por sí compleja, y está marcada por la desconfianza. Incluso, a veces es díficil con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y lo que está en juego es si somos representantes de algo.

Christian Rojas, director adjunto de Sin Fronteras, manifestó su preocupación porque la CNDH dijo recientemente que es "anticonstitucional" el acuerdo de cooperación técnica que firmó el gobierno con la alta comisionada de Naciones Unidas para instalar una oficina en México y elaborar el programa nacional de derechos humanos; ese es un punto muy importante que debe precisarse, advirtió.

Además, resaltó que hay que ver si ya no existe el control clientelar y corporativo de los gobiernos priístas, y si las condiciones son en el sentido de que ya hay participación democrática.

Coincidió con Edgar Cortez en que sigue existiendo mucha desconfianza hacia el gobierno, y en que la CNDH y las comisiones de las entidades no han estado a la altura de las expectativas de la población.

En ese diálogo también participó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, quien apuntó que la relación de la sociedad civil no es con el Estado, sino con el gobierno, y lo que ocurre es que ésta cada vez gana mayores espacios.

Explicó que para él la transición a la democracia pasa por las cuatro "D": derechos humanos, democracia, diversidad y desarrollo. El gobierno federal está intentando acuerdos con las organizaciones sociales y los actores políticos para definir una línea de derechos humanos, sin embargo, en los estados y municipios hay ausencia de políticas en materia de garantías individuales.

Alvarez Icaza dijo que no ve cómo se puede avanzar en los organismos públicos de derechos humanos, "pues en muchos de los titulares de las comisiones estatales queda la duda de su legitimidad, porque en la mayoría de los casos los elige el Ejecutivo local".

Por su parte, Roberto Orozco, de la CNDH, enumeró los foros y las reuniones regionales que ese órgano nacional ha sostenido con más de 700 organizaciones sociales, con las que han trabajado en diversos temas, inclusive el de la tortura. Señaló que para ese organismo la defensa efectiva de las garantías individuales requiere la articulación de todas las fuerzas".