Jaime Martínez Veloz

Sigue vigente la iniciativa Cocopa

Los acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas entre el gobierno mexicano y el EZLN se respaldaron con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas; los acuerdos de San Andrés nunca fueron resultado de una ocurrencia ni de un momento de inspiración, sino de un proceso que contó con la autoridad y el compromiso de todas las fuerzas políticas e instituciones del país.

La iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígena derivada de dichos acuerdos fue elaborada en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), con el consentimiento del gobierno federal y el EZLN.

La iniciativa de ley es transcripción puntual de los acuerdos de paz, no una interpretación. El contenido de la iniciativa de ley indígena de la Cocopa contiene los acuerdos de San Andrés, ni más ni menos. A pesar del aval de sus representantes, Ernesto Zedillo desconoció en los hechos lo que firmó su gobierno.

El presidente Vicente Fox presentó la iniciativa de la Cocopa en un acto de propaganda política, poselectoral, pero jamás la defendió. Su supuesta resignación frente al texto final del dictamen y a la desnaturalización de los acuerdos contrasta con su actitud ante la reforma fiscal o eléctrica. En la reforma indígena se dice respetuoso del Congreso, en la reforma fiscal lo descalifica y en la eléctrica lo chantajea y lo intenta avasallar.

El dictamen aprobado por el Congreso desconoce las comunidades indígenas como entidades de derecho público, no les reconoce dominio o jurisdicción en sus tierras y territorios, no garantiza los derechos políticos de los indígenas, como tampoco permite la asociación de comunidades y municipios indígenas, entre otras grandes omisiones.

El desconocimiento de lo dispuesto en el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT y la exclusión de los Pueblos Indígenas fueron la constante del procedimiento legislativo que culminó con la anulación de los derechos indígenas. Los congresos locales de los 10 estados con mayor población indígena votaron en contra de la reforma aprobada en el Congreso de la Unión.

La Suprema Corte de Justicia no avaló el contenido de la reforma constitucional que distorsionó los acuerdos de San Andrés, sino que aprobó una tesis jurisprudencial en su convicción de que "la función del órgano reformador es soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la configuración compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía". La Corte declaró su incompetencia para abordar un asunto que, según ella, debió o debe decidirse en el Congreso de la Unión. Pudiendo hacerlo, canceló la oportunidad de abrir una puerta a los pueblos indios.

El fallo de la Corte expresa el criterio conservador y excluyente que caracteriza al Estado mexicano en su relación con los pueblos indios. Es parte de lo que hay que cambiar en este país. El fallo habla también de la conformación excluyente de los cuerpos judiciales de México, de que su noción de derecho no considera la visión pluriétnica ni pluricultural, que son la esencia de México.

No obstante, la iniciativa Cocopa sigue vigente. Ante la ausencia de resultados en el proceso de paz y el rechazo de los pueblos indígenas a la reforma constitucional aprobada, más de 160 legisladores volvimos a presentar la iniciativa a la Cámara de Diputados, en febrero pasado, en un nuevo intento de rencauzar el diálogo y el proceso de paz. Lo hicimos porque preveíamos el escenario en el cual nos encontramos y porque estamos convencidos de la vitalidad que puede representar para el país un Poder Legislativo actuante, convocante e incluyente. El hecho de que esta nueva presentación de la iniciativa de ley haya sido firmada por diputados que incluso votaron a favor de la misma, habla del reconocimiento de que la reforma aprobada no respondió ni a las expectativas de los indígenas ni al proceso de paz.

El Congreso de la Unión, por su conformación plural y sus facultades constitucionales, es quien tiene la capacidad de convocar a un proceso histórico reformador de gran envergadura. La decisión de asumir un compromiso de esta naturaleza es la que determinará el tipo de Congreso al que pertenecemos. En la reanudación del diálogo en Chiapas, lo que haga el Congreso de la Unión será fundamental.

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