Presentó recomendaciones al respecto en junio pasado
Solicitará la FIDH al gobierno informes sobre la situación de pueblos indígenas
CAROLINA GOMEZ MENA
La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) solicitará al gobierno mexicano le informe cuáles han sido los avances en torno a las recomendaciones que en junio pasado hizo respecto a la situación de las garantías individuales de los pueblos originarios, ello tras la aprobación de la ley indígena, informó Claude Katz, secretario general de la organización.
Luego de precisar que de no haber respuestas positivas el caso tendría que llevarse a la ONU o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o bien a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Katz detalló que hoy se entrevistará con Mariclaire Acosta, subsecretaria para Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mientras que ayer por la tarde tenía previsto sostener una reunión informativa con el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el legislador Miguel Herrera.
Entrevistado durante la inauguración del seminario Los procesos de integración regional de las Américas, Katz reconoció que el actual gobierno tiene la disposición de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades indígenas, pero lamentó que esto no haya logrado traducirse en hechos, según su opinión.
El informe de la FIDH respecto a la situación de las garantías individuales de los pueblos indígenas en México contiene una serie de recomendaciones: al gobierno, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a las comisiones estatales de derechos humanos de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Senado y a las autoridades encargadas de administrar justicia.
A la actual administración le solicita efectúe una "revisión de la reforma constitucional" para hacerla acorde al Convenio 169 de la OIT, y también le recomienda "la inserción real de las formas de administración de justicia, la garantía efectiva del derecho a la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas y la restitución de las tierras", así como que "genere espacios de diálogo" con estas comunidades.
A la CNDH la exhorta a establecer mecanismos de defensa, capacitación y efectivización (sic) de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la OIT. Al Senado, que "legisle las leyes orgánicas y reglamentarias" para hacer efectivo el citado convenio, mientras que a la SCJN le solicita agilizar el conocimiento y la resolución de las controversias constitucionales. No obstante, hace algunas semanas ésta se declaró no apta para pronunciarse sobre las reclamaciones.
Al insistir en que lo que desea saber la FIDH es "qué medidas ha tomado el gobierno después de haber presentado nuestro informe", Katz detalló que ya muchos representantes de pueblos indígenas (luego de la negativa de la SCJN) han recurrido a la FIDH para que el caso de la ley indígena se lleve a instancias internacionales.
Y es que para la FIDH, la de por sí "dramática" situación que enfrentan los pueblos originarios se verá agravada por la citada ley. "Pese a que la situación de los pueblos ha mejorado, todavía existe discriminación en cuanto a los derechos económicos, culturales, civiles, educativos y de vivienda, y no se han aplicado a cabalidad los acuerdos de San Andrés".
Tras reconocer que "hay esfuerzos" gubernamentales, pero que hasta ahora "no han tenido efectividad", Katz señaló que no se puede hablar de que en una nación exista la democracia cuando " no se toman en cuenta los derechos de las minorías".
Sin embargo, la FIDH reconoce que restituir los derechos a las poblaciones indígenas no es una tarea instantánea, y mucho menos fácil, pero llamó al gobierno a "acelerar el paso".
Sobre la situación general de los derechos humanos en México, Katz sostuvo que "indiscutiblemente, a partir del comienzo del actual gobierno se ha mejorado la situación en cuanto a derechos individuales, civiles, políticos y sociales; ha dejado de ser dramática", y puntualizó que entre las buenas señales destacan la llamada a cuentas al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, los esfuerzos en el caso de Ricardo Miguel Cavallo y los procesos que se les siguen a los generales Humberto Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro.
En este contexto, afirmó que la FIDH pide al gobierno mexicano "el castigo de los responsables de la matanza en Tlatelolco", pues dijo que ello iría de acuerdo con la lucha contra la impunidad, declarada por la actual administración.
