Seguirán "abiertas" indagatorias sobre lavado de dinero y delincuencia organizada

Corresponderá al IFE sancionar al PRI por uso de fondos ilegales en la campaña de Labastida

Los involucrados serían acusados de delitos que les permitirían salir libres bajo fianza

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Corresponderá al Instituto Federal Electoral (IFE) sancionar al PRI por la utilización de recursos ilegales en la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, con las pruebas que arrojó la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y que ratifican el concierto de voluntades entre funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigentes del sindicato petrolero y miembros de la dirigencia del PRI para desviar 640 millones de pesos de la paraestatal a ese partido político.

Fuentes gubernamentales revelaron que el IFE recibirá copia de las actuaciones ministeriales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), las cuales fueron enviadas al juzgado 13 de distrito en materia penal para que se libren las órdenes de aprehensión en contra de ex directivos de Pemex y funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI que presuntamente participaron en el desvío de los 640 millones de pesos de la paraestatal al tricolor.

Precisaron que la Fepade documentó que sí hubo contubernio para que se otorgara un préstamo por 640 millones de pesos el 8 de junio de 2000 al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y para que de ahí se transfirieran al PRI para la campaña de Francisco Labastida Ochoa.

Lo anterior consta en el expediente en el cual la Procuraduría General de la República acusa a Rogelio Montemayor, Juan José Domene Berlanga, Carlos Juaristi, Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso, que se encuentra en manos del juez décimo tercero de distrito, José Luis Moya.

Al IFE corresponderá imponer las sanciones administrativas al PRI, mientras la PGR promueve acciones penales en contra de ex dirigentes de ese partido.

Además, en la PGR quedarán "abiertas" averiguaciones previas por aquellos delitos que le ha sido "más difícil comprobar", como son lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por eso sólo se procederá penalmente en contra de los involucrados en el Pemexgate por delitos que les permitirán salir con el pago de una fianza.

Como se recordará, en una entrevista con La Jornada publicada en agosto pasado, la titular de la Fepade, María de los Angeles Fromow Rangel, aseguró que la existencia de elementos subjetivos en los tipos penales en el ámbito electoral dificulta la obtención de pruebas documentales que acrediten ante los jueces la comisión de un delito en esta materia.

Además puntualizó que un robo simple puede ser castigado con una pena que va desde uno a cuatro años, pero si se trata de un robo electoral la pena mínima es de seis meses y la máxima de tres años. Incluso en este último acto ilícito el responsable del hurto puede solicitar la conmutación de su pena por una sanción económica o trabajos en beneficio de la comunidad.

Fromow Rangel afirmó que no investigaba al STPRM como organización, sino a sus líderes; tampoco a Pemex, sino a los ex directivos como Rogelio Montemayor, quienes son señalados de haber desviado millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial de Labastida Ochoa en 2000.

Mencionó que en caso de que la Fepade logre obtener las pruebas suficientes, que un juez gire las órdenes de aprehensión y se alcance una sentencia firme, la pena máxima que se puede imponer a los involucrados no superaría nueve años de prisión y tendrían la posibilidad de compurgar su pena en libertad pagando fianza.

Asimismo, en la denuncia que el IFE interpuso ante la PGR en contra del PRI se menciona que ese partido omitió informar sobre los recursos que supuestamente el sindicato petrolero le entregó, y tampoco reportó los 890 millones que el actual senador Eduardo Bours "consiguió" para la campaña presidencial de Labastida Ochoa.

En ese documento y del cual posee copia La Jornada, se menciona que el PRI oficialmente utilizó para las campañas a Presidente de la República, senadores y diputados 902 millones 776 mil 336 pesos. Según la denuncia del IFE, los recursos no reportados a su Comisión de Fiscalización fueron del orden de mil 980 millones de pesos.