Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 1 de octubre de 2002
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Política

Marco Rascón

Por una segunda expropiación

Si el general Lázaro Cárdenas encontró en las empresas extranjeras el principal obstáculo para realizar la expropiación petrolera, hoy recuperar el energético para los mexicanos exige destruir la estructura corrupta de los líderes petroleros que se ha combinado con las políticas entreguistas y corrompidas de la dirección de Pemex y el Estado mexicano. Sin embargo, destruir el viejo segmento corporativo del régimen priísta no garantiza salvar el peligro que significa que la industria petrolera siga anclada a intereses estadunidenses. En ese sentido, la demanda contra la corrupción en Pemex debe ser integral y bajo un proyecto nacional de recuperación del energético para que cumpla su función estratégica, no para alimentar más a la vieja oligarquía, hoy erguida en juez de sus cómplices.

Es necesario, entonces, retomar la política de los principios, pues el país requiere una segunda expropiación, una vez que la primera fue desviada por los gobiernos sucesivos al de Lázaro Cárdenas, que cambiaron la idea histórica de que el recurso serviría para desarrollar la soberanía económica y sus áreas estratégicas, la educación y el avance tecnológico. Es necesario combatir la idea empresarial que ha visto al petróleo como un recurso para subsidiar el déficit, garantizar los rescates económicos (1995), pagar el gasto corriente y generar recursos para la corrupción sindical y política.

En 1988 se colocó en el debate el rumbo que seguiría la explotación petrolera en tiempos de neoliberalismo y globalización. Las políticas erráticas y demagógicas, desde López Portillo hasta Vicente Fox, han debilitado la importancia de Pemex como resultado de una estrategia que buscó debilitar la soberanía económica en el marco de los acuerdos del ingreso de México al GATT y luego al TLC.

Hay que recordar que a partir de la expropiación de 1938 la industria petrolera estaba ligada a un proyecto educativo para todos los mexicanos, desde la educación primaria hasta la de alto nivel, y que el instinto soberano creó el Instituto Politécnico Nacional y sus ramificaciones para resolver no sólo los aspectos técnicos para hacer gasolinas y otros derivados petroquímicos, sino también para fomentar el desarrollo tecnológico del país.

Los gobiernos posteriores encontraron la mesa puesta con el recurso estratégico, pero en vez de seguir el camino del desarrollo económico equitativo utilizaron los excedentes petroleros para crear subsidios a favor de grupos oligárquicos, exenciones fiscales, créditos abundantes y renegociables, así como infraestructura básica de comunicaciones, ferrocarriles y electricidad, que se dio casi regalada y garantizó negocios fáciles a seudoempresarios. Hoy esos oligarcas triunfantes están en el poder juzgando a sus aliados y cómplices históricos que les sirvieron para enriquecerse. Y hoy, paradójicamente, Fox tiene el balón frente a la portería: podría realizar una segunda expropiación para beneficiar al país o entregar el petróleo a las trasnacionales. El Pemexgate es un extremo de la corrupción; en el otro están los Amigos de Fox, cuyos recursos salieron de un patrimonio común, robado a los mexicanos; su base es la corrupción y el contubernio histórico entre el ámbito de los recursos públicos y los privados.

Tanto en el caso del petróleo como en electricidad y educación, la caída del viejo charrismo corrupto favorecería cambios importantes, pues ha sido un obstáculo que ha impedido el desarrollo del país y causa del envilecimiento de los maestros y los trabajadores sindicalizados. La corrupción sindical ha sido producto de la vieja complicidad política que entró en contradicción con el entreguismo; frente a ambos es necesario recuperar la dignidad laboral, sin favorecer un nuevo sistema de control trasnacional.

Se requiere, por lo tanto, una lucha contra la corrupción desde el ámbito laboral, pues fue fomentada no sólo desde la dirección de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y las instituciones de educación, sino desde la más alta dirección del Estado mexicano y las grandes empresas propiedad de la oligarquía. Es necesaria una revolución de los trabajadores para defender los recursos, pero sobre todo para transformar los usos y costumbres generados por el sindicalismo corrupto y doblegado, el cual alejó a los trabajadores de los sectores estratégicos del resto de la clase trabajadora y fue instrumento de represión contra los derechos laborales.

Muchas cosas se arreglarán en el país cuando la cultura sindical sea sinónimo de patriotismo y democracia, no trinchera de corrupción y entreguismo, y ésta es una tarea de vanguardia de la izquierda, no de la derecha neoliberal.

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