De instituciones vetustas a promotores con vocación social

A examen, concepto y forma de operación de los museos

El museo está en evolución. Sus tradicionales formas de financiación y operación están cambiando. En México esas transformaciones causan incertidumbre entre los especialistas por falta de una ley nacional en la materia

PATRICIA VEGA

Si en la segunda mitad del siglo XX los museos fueron criticados por su supuesto carácter de "vetustos" y "obsoletos", "mero conservatorio de colecciones sin auténtica vocación social", en la actualidad se ha tratado de reorientar su papel, convirtiéndolos en instituciones dedicadas a transmitir y comunicar al público, mediante gran variedad de servicios, diversos saberes del patrimonio que custodian.

Con la finalidad de garantizar la mejor operación de instituciones cada vez más complejas, ahora los museos requieren de mayor autonomía, tanto financiera como política, entendida esta última como mayor libertad en el manejo de contenidos.

Considerados generalmente instituciones sin fines de lucro, hasta hace poco había sido una tradición que los principales museos del mundo -muchos de ellos centenarios- fueran administrados por el sector público, que se encargaba de aportar los recursos económicos para su operación, y que, por lo tanto, sus directores fueran funcionarios y sus colecciones constituyeran parte del patrimonio nacional inalienable.

Sin embargo, ante una recesión económica que ha afectado negativamente a los presupuestos gubernamentales a escala mundial, particularmente los fondos destinados a las actividades culturales, en años recientes han cobrado cada vez más fuerza las nociones de economía y rentabilidad: los directores de museos han tenido que transformarse en activos gestores de patrocinios y volverse diestros en la ''venta'' de exposiciones, así como en la organización de todo tipo de actividades anexas que les permitan acceder a los recursos necesarios para la costosa operación de los recintos.

Más aún: en muchos casos los gobiernos, el de México incluido, intentan desentenderse de los museos a su cargo que, por definición, habían sido considerados ajenos a los criterios de rentabilidad, al menos en el sentido estrictamente económico del término.

La tendencia internacional se orienta hacia la privatización de los museos, es decir, la implantación del llamado modelo estadunidense: lograr que los museos vivan de donaciones privadas y de ayuda de voluntarios desinteresados, que realizan una parte del trabajo, así como la contratación de directores cuya función primordial sea buscar proveedores de fondos.

En ese contexto, es un hecho que la reducción de subsidios públicos ha llevado progresivamente a muchos museos a reconsiderar sus orientaciones y sus sistemas de financiamiento, en un proceso no exento de polémicas. Es posible que haya excepciones, especialmente en Estados Unidos, pero en general los museos no pueden mantenerse sin una ayuda sustancial del Estado.

Por lo anterior, durante la vigésima Conferencia General del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), celebrada en Barcelona, España, en julio del 2001, se tomó, entre otras, la resolución número dos:

''Apoya firmemente las decisiones gubernamentales de conceder a los museos una mayor autonomía política y financiera, y recomienda la formulación de pautas prácticas que garanticen dicha autonomía, sin que por ello los gobiernos renuncien a sus responsabilidades relativas a la continuación de estas instituciones, que conservan el patrimonio y garantizan su difusión entre el público".

Este es el quid en el debate actual en torno a la autonomía de los museos: ¿cuál es la finalidad de los museos y la ética que debe regirlos? ¿Pueden sus colecciones y edificios, que forman parte del patrimonio nacional y por lo tanto son propiedad de todos los ciudadanos, pasar a manos privadas? Ante la disminución de fondos públicos, ¿cómo estimular la inyección de recursos económicos privados a instituciones cuya operación es costosa y sin fines de lucro? ¿Cuál es la función de mecenas, patrocinadores y benefactores? ¿Los museos pueden considerarse empresas comerciales? ¿Quién impedirá o sancionará los abusos que pudieran darse?

En esta primera entrega de una serie de reportajes dedicados al tema, diversos especialistas consultados por La Jornada coinciden en que, en los hechos, en nuestro país ya está en marcha una tendencia privatizadora de los recintos, que si bien no es necesariamente perjudicial en sí (''si la iniciativa privada quiere invertir en los museos del país, bienvenidos sean sus recursos''), se da en medio de un vacío jurídico en la materia, particularmente la ausencia de una ley nacional de museos que regule lo relativo a la materia.

Otro de los problemas es la falta de un diagnóstico pormenorizado de la situación que guardan los museos mexicanos, hecho que impide la realización de una propuesta racional a corto, mediano y largo plazos, con visión global.

Aproximación al universo museístico mexicano

En el país existe gran diversidad de museos: grandes o pequeños; locales, regionales o nacionales; públicos, comunitarios, universitarios, privados o mixtos; ricos y pobres... Y al ser de temáticas muy variadas tienen públicos heterogéneos.

De acuerdo con información proporcionada por el arquitecto y museólogo Felipe Lacouture Fornelli -titular del Centro de Investigación, Documentación e Información Museológica (CIDIM), adscrito a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y editor de la Gaceta de Museos-, en la República Mexicana existen unos 950 museos que se dividen, grosso modo, de la siguiente manera: 169 zonas arqueológicas, 40 monumentos históricos y 110 museos (regionales, locales, de sitio histórico o arqueológico, de prócer...), que dependen del INAH; 168 museos comunitarios organizados con el concepto de "eco-museo como acto pedagógico para el ecodesarrollo"; 50 museos de arte adscritos o vinculados al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y unas 300 casas de cultura, estatales y municipales, con funciones de museo; nueve museos universitarios; veinte museos privados de envergadura que dan cobijo a colecciones bancarias y de empresarios, como acto de prestigio a través de la alta cultura; 18 museos adscritos al Gobierno del Distrito Federal (incluidas las casas de cultura delegacionales); cinco pertenecientes a organismos federales, estados de la federación y municipios, y 61 parques nacionales y monumentos naturales adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como a administraciones municipales diversas.

Lacouture indica que mientras en los sesenta y setenta los museos adscritos al Estado mexicano representaban 80 por ciento, en la actualidad este porcentaje llega, cuando mucho, a 18 por ciento. Simplemente agrega: "no hacen falta mayores comentarios al respecto".

Por otro lado, asienta el especialista, ''en las ingentes necesidades para el desarrollo económico y material de la nación, es urgente la creación de museos vinculados a ciencia y tecnologías diversas; si la iniciativa privada quiere participar, debería estar metida en el financiamiento de este tipo de museos. ¡No necesitamos Picassos y Van Goghs! ¡Qué bueno que los traigan, pero no es lo fundamental! ¡Más que en museos de alto prestigio y alta cultura, la iniciativa privada debería invertir en museos que tengan proyección social, que es lo que el país necesita!".

De acuerdo con las estadísticas más recientes, la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCYT) sólo cuenta con 19 instituciones afiliadas en el país -es decir, dos por ciento de los museos que existen en México-, de las cuales 10 son de carácter público, ocho son privados y uno tiene estructura mixta.

Reconocida por sus aportaciones en el campo de la divulgación científica, Julieta Fierro, actual presidenta de la AMMCCYT, señala que el esquema ideal para un museo de ciencia es una estructura financiera mixta -estatal y privada-, ligada, de ser posible, a una universidad para garantizar el fortalecimiento académico de la institución museística.

''Más que un contenido monotemático, los museos en la República deberían apostar por exposiciones y talleres itinerantes que les permitieran recuperar a sus públicos locales; así podrían tener más ingresos y mayor capacidad para hacer más cosas. Si cada uno de los museos afiliados produjera una exhibición itinerante y luego nos las circuláramos entre todos los afiliados, podríamos tener una exposición nueva cada mes durante dos años. Eso sería fantástico, principalmente para los museos chiquitos, que siempre tienen problemas de presupuesto; sería una manera de fortalecerlos".

La necesidad de un diagnóstico y del diálogo con los profesionales

Marco Barrera Bassols, presidente de la recientemente creada Asociación Mexicana de Profesionales de Museos (Amprom), considera que el Estado mexicano no puede renunciar a su responsabilidad de mantener la rectoría y la normatividad de las instituciones culturales adscritas al sector público.

Pero si en la práctica se está dando mayor participación de la iniciativa privada en los museos estatales, entonces ''el reto es lograr una transparencia en el manejo de los fondos y alcanzar un equilibrio en las instituciones, con la finalidad de que no sólo quienes aportan los recursos económicos -tanto el Estado como los patronos y benefactores- sean los que dicten la vida de los museos. Se tienen que generar estructuras, soportadas jurídicamente, que permitan contrapesos en los que se tome en cuenta el punto de vista académico acerca del futuro y el funcionamiento de una institución".

Integrada por poco más de un centenar de profesionales -para formar parte de la asociación se requiere una experiencia mínima de cinco años en áreas relacionadas con el quehacer museístico y haber hecho alguna contribución significativa en dicho terreno-, la Amprom se propone evaluar públicamente el desempeño de los museos: "es una manera distinta de intervención de la sociedad civil en los procesos de evaluación y de gestión; queremos participar y democratizar esos procesos y que el Estado nos reconozca como interlocutor válido, con los conocimientos necesarios para emitir opiniones profesionales''.

Barrera Bassols sostiene que en la actualidad no existe un diagnóstico de la situación de los museos en el país, el cual permitiera proponer, racionalmente y en función de evaluaciones, la canalización de recursos en inversiones regionales: cuáles son los museos prioritarios, qué temas están abordando y, finalmente, qué otros nuevos museos se podrían hacer en caso de ser necesarios. "Entonces sí, junto con la institución estatal correspondiente se podría decir a la iniciativa privada: 'oye, este es el estado que guardan nuestros museos y aquí hacen falta recursos para esto y lo otro'.

''En el país existen casi mil museos de todo tipo y no hay una sola política que los vea en conjunto y trate de resolver los problemas con una visión global, con un plan maestro nacional de museos; de esos mil, no pasan de 20 los recintos que tienen trabajos de planeación estratégica a largo plazo y que tienen resuelto su estatuto jurídico y financiero. Hay un anquilosamiento en las instituciones, una incapacidad estructural para estar a la altura de este cambio en la sociedad, en la que el Estado mexicano contrae su inversión en el ámbito de la cultura.

"Antes que crear nuevos museos, tenemos que hacer funcionar los que ya existen. Ese es el espíritu de colaboración con el que nace la Amprom: juntos tenemos voz y experiencia acumulada suficiente como para poder entablar una discusión pública y propositiva''.

Ley de museos, asignatura pendiente

El legislador Uuc-kib Espadas Ancona, coordinador de reforma del Estado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, asienta de manera contundente: ''hemos detectado gran cantidad de vacíos jurídicos en las leyes federales relacionadas con la protección del patrimonio cultural; particularmente no hay previsión legal para muchas áreas relacionadas con el funcionamiento de los museos, que permita el establecimiento de una política de Estado en la materia''.

Antes de proponer la iniciativa de una ley nacional de museos -''no hay que olvidar que los coleccionistas privados han estado presionado, mediante la polémica propuesta del legislador panista Mauricio Fernández Garza, para tener mayor acceso al patrimonio arqueológico de México"-, Espadas Ancona considera que se pueden establecer políticas específicas que llenen los huecos actuales, que normen la participación de la iniciativa privada y que impidan la transferencia de bienes y recursos de la nación a manos privadas.

''Lo que sí podemos hacer es crear las condiciones e instrumentos legislativos para garantizar la operación de los museos que están en manos del Estado, mediante la revisión y adecuación de otros ordenamientos, como las leyes de monumentos y de derechos, así como proponer que los recursos que ingresen por concepto de taquilla se restituyan directamente a las instituciones museísticas''.

En los recientes años los presupuestos asignados tanto al INAH como al INBA se han reducido de manera drástica. Por ello, para el legislador perredista lo crucial es restituir a ambas instituciones su capacidad presupuestal para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades,

''El Estado mexicano -insiste Espadas Ancona- está transfiriendo de manera ilegal sus obligaciones para privilegiar a la iniciativa privada y está renunciando a la rectoría en las políticas culturales. Tenemos que revertir esa tendencia y una vez que lo hayamos logrado podemos pasar a la formulación de una ley nacional de museos en la que se regule la participación privada.

''La buena voluntad de la iniciativa privada -el voluntariado- no puede sustituir la responsabilidad del Estado; es una hipótesis peligrosísima. La política general de la actual administración foxista es retirar al Estado de los espacios culturales, cuya construcción ha costado años de esfuerzo e inversión; cedérselos a la iniciativa privada en beneficio de unos cuantos es una política absolutamente perversa.

''Nuestro principal problema es que en México no tenemos una cultura extendida en el ámbito de la filantropía y de responsabilidad social de los empresarios, como la que existe en Washington o en Nueva York".