El fallo sobre ley indígena, legal, no complaciente

UNA RESOLUCION FAVORECEDORA HABRIA PERJUDICADO AL PODER JUDICIAL

Las decisiones de la Corte, dice el magistrado respecto a las controversias que resolvió, pueden no coincidir con las aspiraciones de los demandantes, pero la institución refrendó que su desempeño está apegado con todo rigor a las disposiciones legales

JESUS ARANDA

Convencido de que al igual que en el juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene facultades para analizar vicios en el proceso de reforma constitucional, el ministro Juan N. Silva Meza advierte, sin embargo, que en caso de que el máximo tribunal hubiera emitido un "fallo favorecedor, complaciente" al dictaminar en materia indígena, ello habría repercutido de manera negativa en el futuro porque no habría un Poder Judicial Federal (PJF) confiable.

"Las decisiones de la Corte no pueden ser de otro orden, gusten o no gusten, en tanto que la decisión, en un principio, puede no ser coincidente con la aspiración y sin importar cuál sea el grado de aceptación", subraya. Así, el PJF "iba a estar actuando para complacer, para no tener problemas, para tener una aceptación ficticia en cualquier estrato de la sociedad", dice el ministro, integrante de la minoría de tres que consideró procedentes pero infundadas las controversias constitucionales en materia indígena, quien rechaza las acusaciones sobre el desempeño del máximo tribunal por haber actuado de una forma "ortodoxa" y no atender los reclamos de justicia de los pueblos indios.

El también presidente de la primera sala de la Corte rechaza que este fallo represente un obs-táculo para solucionar el problema indígena y destaca que ahora le corresponde al Poder Legislativo y a los gobiernos federal y estatal atender la problemática. "La pelota se jugó bien o mal en el partido que nos tocó jugar, pero ya no está en nuestra cancha", señala. Reconoce que éste, al igual que otros temas que revisa la Corte, se "politizó", además de que factores "externos" generaron una expectativa mucho mayor de lo que en realidad estaba planteado en las propias controversias constitucionales.

Con su fallo, dice, la SCJN confirma su posición de garante de la constitucionalidad de los actos de todas las autoridades y su total y absoluto respeto y sumisión a la Constitución, en tanto que no puede llegar más allá en sus decisiones de lo que la propia Carta Magna le autoriza.

"Se ha dicho que la SCJN no estuvo a la altura del problema que fue sometido a su consideración. Al contrario, reafirmó su compromiso de ser una institución confiable, en tanto que su desempeño está ceñido estrictamente y con todo rigor a las disposiciones constitucionales", puntualiza.

-¿Qué hay de las peticiones que hicieron las comunidades indígenas demandantes de que la Corte dejara la ortodoxia jurídica y respondiera a la problemática social?

-Una de las inquietudes que percibimos con posterioridad al resultado fue precisamente que se había generado una expectativa que no correspondía a la realidad. El espectro jurídico estaba sumamente acotado, si bien, fundamental e importante, en tanto que por primera vez en una controversia constitucional se estaba impugnando una reforma constitucional. Pero el tema era muy corto jurídicamente y no correspondía a esa expectativa equivocada que se generó por parte de actores externos.

"No podía esperarse cosa diferente de la que resultó, porque en el caso de admitirse la procedencia ésta sólo llevaba a analizar el procedimiento de reforma para decir si es válida o no la reforma, independientemente de su consecuencia.

La "politización" del caso

-¿Se politizó desde un inicio este fallo?

-Desgraciadamente este y otros casos se pueden politizar al exterior del Poder Judicial. Se pueden politizar en el sentido de orientaciones de partidos, de gobierno, de otro tipo de intereses, y ese es precisamente uno de los grandes retos que enfrenta la Corte, el que las acciones jurisdiccionales que se deducen van precedidas o en forma simultánea están acompañadas de un entorno que tiene matices de otro orden, ajeno al jurisdiccional.

"El gran reto de la Corte es desprenderse de cualquier ingrediente o matiz que no sea el estrictamente jurídico. Las decisiones no pueden ser de otro orden, gusten o no gusten, en tanto que la decisión en un principio pueden no ser coincidente con la aspiración.

"Sin embargo, en un análisis mas frío puede generar mayor confianza en tanto que de haber sido un fallo favorecedor, complaciente con las intenciones de los demandantes, iba a repercutir en un futuro de manera negativa, en tanto que ya no habría un Poder Judicial confiable porque estaría actuando para complacer, para no tener problemas, para tener una aceptación ficticia en cualquier estrato de la sociedad. Y ese no es el papel de la Suprema Corte ni del PJF. La gran tranquilidad será que la Corte, con honestidad, con convicción, con independencia, resuelva todos los fallos que le sean planteados sin importar cuál va a ser el grado de aceptación.

-En el dictamen final se habla de que el proyecto de la minoría lo declaraba procedente pero infundado. ¿Por qué?

-Porque las alegaciones no tenían el fundamento para determinar la veracidad de lo alegado. Eran muchos los temas, hablaban que no habían sido escuchados, que no habían sido tomados en cuenta, y en el voto de la minoría en el que se consideraba procedente la reforma se advierte lo infundado de lo alegado.

"Por ejemplo: se decía que no era válida la reforma en tanto que no estuvieron los votos de todas las legislaturas. No es un requisito que exige la Constitución; éste un ejemplo de las aspectos alegados.

-Usted comentaba que este fallo de la Corte no es el fin.

-Sí, definitivamente, si esto lo advertimos desde el punto de vista de la temática del problema indígena de México, de las reformas constitucionales, de la atención que están teniendo ahora estos temas.

"Nosotros sabemos, nos damos cuenta, somos mexicanos, que los temas indígenas estaban estacionados, inclusive en la actuación indispensable del Poder Legislativo federal y estatal para continuar con el desarrollo de la reforma indígena. La Corte quitó la barrera que se había establecido para efecto de continuar con el trabajo legislativo.

"Corresponde ahora al Poder Legislativo, a las legislaturas de los estados, atender y aterrizar la reglamentación de la reforma constitucional en materia indígena. Ahí es donde ahora podrán solucionarse muchos de los problemas que se han venido planteando ajenos a la controversia constitucional.

-¿Aunque haya algo tan fundamental para las comunidades como es el hecho de que no se les reconoce como sujetos de derecho?

-Esa es una temática que está a discusión, todo este tema afloró, yo inicié mi intervención diciendo que tenemos este parteaguas a partir de enero de 1994, que es cuando se evidencian problemas ancestrales y se da una serie concatenada de actos que llegan a una reforma constitucional. Buena o mala, no nos corresponde juzgarla mientras no se nos plantee el caso concreto.

"Pero en ese camino está, hubo una barrera en cuestión del histórico número de controversias planteadas. Se quita la barrera y queda lo demás. La temática en sí misma nos es ajena y no podemos emitir absolutamente ningún fallo sobre sus derechos, sus costumbres, son cuestiones que empezarán a caminar solas. La pelota se jugó bien o mal en el partido que nos tocó jugar.

-¿La Corte perdió una oportunidad de ir más allá, de dejar atrás la ortodoxia para escuchar la voz de las comunidades indígenas?

-Se ha hablado de la oportunidad perdida de la Corte. Creo que es una oportunidad de reafirmar su compromiso de respeto estricto a la Constitución; reafirmó el lugar que tiene y le dio a todas esas comunidades la oportunidad de advertir que tiene un Poder Judicial confiable, que no va más allá de lo que puede hacer.