Señora directora: Pese a que los petroleros escribieron una de las páginas más brillantes de la historia antes y después del 18 de marzo de 1938, desde el gobierno de Alemán los sometieron a un régimen corporativo y a un sistema de corrupción del que los trabajadores son víctimas, y el que hasta hoy prevalece.

El problema central de Pemex es la corrupción que por décadas ha padecido, además la indebida intervención, el uso y abuso de sus recursos con fines extra empresariales y extra sindicales, políticos, partidarios o personales, en campañas electorales o para el control de los trabajadores, subordinados a los gobiernos en turno, basta mencionar que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) están depositados los estatutos de la CTM y los del sindicato petrolero, que obligan a los trabajadores a afiliarse al PRI, en contra de las garantías y libertades ciudadanas que consagra la Constitución.

Por ello no se debe confundir la actual revisión salarial legítima de los trabajadores con los delitos del orden común disfrazados o abiertos y con las responsabilidades de los directivos de la empresa, las de quienes apoyaron esas medidas desde los gobiernos y la de los beneficiarios del botín. Los famosos "convenios administrativos" entre Pemex y el sindicato, han servido tanto para el reajuste masivo de los trabajadores y la pérdida de derechos adquiridos, que para otorgar enormes sumas de dinero, de las que son ajenos los trabajadores de base.

La STPS, en su proyecto de reforma laboral, cobija este modelo de sindicalismo. Asimismo, esa institución no tiene ninguna facultad legal para aplicar el tope salarial en la revisión, a los petroleros y a los trabajadores del país.

Hoy más que nunca el respeto y la aplicación de la ley se vuelven necesarios para la solución del problema de trascendencia nacional e histórica. Por ello también exigimos que, con respeto al carácter público de Pemex, se cambien las viejas prácticas de sus directivos que hasta hoy no han sido modificadas.

Por eso, la ANAD exige, como toda la sociedad, que se lleven a cabo y hasta su conclusión las investigaciones legales apegadas a derecho y, en consecuencia, los castigos aplicables a los casos.

Si finalmente, como se afirma, los recursos de Pemex fueron ilegalmente usados para las campañas electorales del PRI, del mismo modo se deben investigar los ilícitos que se han denunciado en la campaña de Fox y el PAN. Porque en cualquier caso debe prevalecer el estado de derecho.

Por la ANAD: Ernestina Godoy, Oscar Alzaga, Ma. Luisa Campos, Susana Codina, José Luis Contreras y 36 firmas más

Precisiones del IFE

Señora directora: En relación con la nota publicada en la página principal de la edición del 27 de septiembre del diario a su digno cargo, titulada: "1,990 millones, la omisión priísta que denuncia el IFE", me permito hacer las siguientes precisiones:

Las diversas afirmaciones citadas en la nota de referencia son atribuidas erróneamente al instituto. Dichos pasajes reproducen de manera textual las acusaciones contenidas en la queja presentada originalmente ante el IFE por el Partido de la Revolución Democrática.

El contenido de la queja perredista se reprodujo íntegramente en la denuncia que el IFE presentó a la PGR.

El IFE ha sido y es respetuoso de los límites que la ley establece a la divulgación de información sobre investigaciones penales en curso, como es el caso que nos ocupa.

Víctor Avilés, coordinador nacional

Respuesta del reportero

Señora directora: Si el señor Víctor Avilés reconoce que el IFE presentó la denuncia contra el PRI ante la PGR, ¿cómo puede decir que las afirmaciones citadas en la nota de referencia son atribuidas erróneamente al instituto?

Es lamentable que no sepa que Juan Carlos Ruiz Espíndola presentó la denuncia como apoderado legal del IFE y que en ella actúa en nombre del instituto.

Gustavo Castillo, reportero

Piden a Fox detener violencia contra indígenas de Chiapas

Señora directora: Le rogamos dé cabida en su prestigiado diario a esta carta dirigida al presidente de México, Vicente Fox, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al pueblo mexicano y a los pueblos y gobiernos del mundo.

Con profunda consternación y creciente indignación observamos el incremento de la escalada de violencia en contra de los pueblos indígenas de Chiapas, especialmente contra municipios autónomos y presuntos miembros o bases de apoyo del EZLN: agresiones, persecuciones, emboscadas, desplazamientos y hasta asesinatos ante la mirada ciega y los oídos sordos de autoridades civiles, policiacas y militares del Estado.

Por experiencia de múltiples organismos defensores de derechos humanos, tal como lo han denunciado reiteradamente, las acciones criminales antes enunciadas han sido responsabilidad de presuntos grupos paramilitares como OPDIC, MIRA, Paz y Justicia, entre otros, que no sólo gozan de impunidad, sino también de protección del Ejército y de diversas corporaciones policiacas (estatales y federales).

En fechas recientes fueron detenidos 27 presuntos miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, pero aún hay más.

A lo anterior, que entra de lleno en el contexto de guerra de exterminio o guerra de contrainsurgencia, llevada a cabo dentro y fuera de la llamada "zona de conflicto", debemos agregar ahora el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerado por personajes sensibles y éticos --como Danielle Miterrand, José Saramago y Ernesto Sábato, entre otros-- una verdadera bofetada infame a todos los pueblos indígenas de nuestro país.

En consecuencia, le exigimos, señor Presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que detenga esta ola de barbarie genocida en contra de los pueblos indígenas. Mucho ayudaría que usted se comprometiera a lograr el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, a promover la liberación de todos los zapatistas presos y a desmilitarizar al país, pero muy particularmente a Chiapas, pues ahí y en otras partes el Ejército ha servido, muy frecuentemente, como promotor y protector de grupos paramilitares, y ha sido coautor de hostigamiento y violaciones a derechos humanos fundamentales.

Comité Cerezo: Francisco y Emiliana Cerezo Contreras y Elizabeth Martínez Carrión; Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia: Margarita Argott; Ce-Acatl: Juan Anzaldo; Coreco: Felipe Toussaint; Red de la Sociedad Civil: Nuri Fernández, Pedro Padrón, Edilberto Bautista y Juventino Hernández; Gilberto López y Rivas, Ana Esther Ceceña, Gustavo Esteva, Gloria Rico, Laura Wong, Guillermo Michel

Este sábado 28 de septiembre la Coordinación de Jóvenes Tlalpan, junto con diversas organizaciones, inician las actividades del programa Jóvenes en octubre, con un concierto masivo denominado: Creación en movimiento: guateque tlalpense.

Se presentan diversos grupos de rock, hip-hop, música electrónica y demás variantes del escándalo. La cita es a partir de las 11 horas en el parque de beisbol La Joya, ubicado en Avenida Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan, Colonia La Joya.

Gilberto López y Rivas

Ante el evidente intento del conservadurismo de constituirse en pensamiento único, único moralmente válido, queremos destacar un tema de la agenda que hemos construido mujeres y hombres feministas y del movimiento amplio de mujeres: la autonomía y el derecho a decidir de las personas como derecho de ciudadanía.

Invitamos a celebrar el 28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, en el Zócalo capitalino, de 10 a 14 horas.

CIMAS, Esther Casanova, Milenio Feminista, Claudia Cruz, MUSEP, Carmen Trujillo, Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, Gabriela Ruiz y otras