En lo que constituye un manifiesto político insoslayable, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pidió ayer, en un documento firmado por su presidente, Luis Morales, y por su secretario general, Abelardo Alvarado, que el Ejecutivo federal adopte "decisiones claras, veraces y oportunas, y sin titubeos"; denunció a "grupos de presión más preocupados en la consecución de sus propios intereses y mantenimiento de sus privilegios que en la búsqueda del bien común", y reprobó las "actitudes infundadas de crítica destructiva que desorientan las conciencias y debilitan las voluntades para la superación en el esfuerzo". Al presentar el documento, el segundo de esos funcionarios episcopales no tuvo empacho en anunciar que "la transición hacia la democracia ha fracasado".

En suma, los jerarcas católicos decidieron erigir su cónclave en una asamblea deliberante, dedicada a fiscalizar y calificar la vida institucional del país y a sugerir al Presidente que adopte actitudes autoritarias y unilaterales para revertir la "descomposición política" y para poner orden. En esa misma línea, los obispos descalifican la crítica, el disenso y los desacuerdos, y deslizan a las diversas corrientes partidarias la idea de que deben comportarse como si fueran integrantes de un rebaño. Lo que a primera vista podría considerarse un respaldo al gobierno del presidente Vicente Fox en su confrontación con la cúpula del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es, en realidad, una manzana envenenada porque, con ese telón de fondo, una interpretación inevitable de la expresión "decisiones claras, veraces y oportunas, y sin titubeos" es la adopción de medidas de fuerza autoritarias y acaso violatorias del marco legal.

Es explicable que, en tanto que institución verticalista, autocrática y pretendidamente monolítica, la Iglesia católica carezca de la más elemental noción de los sentidos de la democracia -y uno de ellos es el del conflicto, más o menos permanente, y conducido por cauces institucionales- entre partidos y tendencias, clases sociales y actores económicos. El orden divino y la armonía cósmica con que sueñan los jerarcas católicos se parecen muy poco a una sociedad humana viva y en efervescencia y transformación constantes. Resulta inaceptable, en cambio, que la jerarquía eclesiástica pretenda impartir la extremaunción al arduo y doloroso proceso de construcción de un régimen democrático y de ensanchamiento de las libertades en el que está empeñada, desde hace muchos años, la sociedad mexicana.

No debe omitirse que el pronunciamiento episcopal -que no ahorra justificaciones sobre el "legítimo" derecho de los obispos para dar una "palabra orientadora" a un Estado afectado por una "gran debilidad"- se da a conocer justamente un día después de que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, señalara que el Estado laico es "una definición básica de los mexicanos". Tal coincidencia en el tiempo hace aparecer el texto referido no como una reacción, sino como una provocación.

Sería injusto, sin embargo, ignorar que el propio gobierno del presidente Vicente Fox se ha encargado, con su confesionalismo impúdico, de atizar los afanes políticos clericales y la nunca abandonada aspiración de la dirigencia católica por recuperar, en todo o en parte, las posiciones de poder mundano que en buena hora le fueron arrebatadas, como dijo el titular de Gobernación, en virtud de una decisión básica de los mexicanos.