El enmarañado conflicto entre el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es una muestra representativa de la inacabada transición entre lo que fue el sistema político mexicano, con sus méritos y miserias, y una nueva institucionalidad que no termina de consolidarse y no ha podido traducirse, a pesar de los triunfalismos oficiales, en relaciones plenamente legales y transparentes y en una plena vigencia del estado de derecho.

Para poner en perspectiva esa complicada confrontación y las múltiples pistas en las cuales se desarrolla -la judicial, la legislativa, la laboral, la económica-, resulta oportuno realizar un breve recuento de sus principales factores.

Por principio de cuentas, es claro que en la tensa negociación actual entre el Ejecutivo federal y el STPRM gravitan de manera inocultable imputaciones contra varios dirigentes típicamente charros de la organización sindical, imputaciones que demandan, por su gravedad, una investigación a fondo que debiera pasar, a su vez, por el desafuero de los líderes que actualmente ocupan puestos de representación popular, empezando por el secretario general Carlos Romero Deschamps; el tesorero, Ricardo Aldana -ambos diputados federales- y otros que se desempeñan hoy como legisladores locales.

Si los procedimientos legales respectivos no se llevan a fondo y hasta las últimas consecuencias, se arriesgará la credibilidad de la nueva democracia y de la nueva legalidad proclamadas por el presidente Vicente Fox.

En otro sentido, la procuración e impartición de justicia por el desvío documentado de fondos de Pemex hacia la campaña de Francisco Labastida, con escala en las arcas del STPRM, no sería creíble si no se llega a fondo, también, en las pesquisas en torno a los recursos presuntamente ilícitos captados en el extranjero por el equipo de campaña del actual mandatario cuando era candidato a la Presidencia de la República.

Si desde el propio gobierno no se investiga y castiga, en su caso, la recepción de recursos de campaña indebidos, el grupo en el poder estará reconociendo tácitamente que el llamado Pemexgate es una venganza política y no una acción de combate a la impunidad.

Por otra parte, la labor de la justicia se ha visto obstaculizada por la determinación del PRI de evitar a toda costa el desafuero de los charros petroleros. Esa obstrucción ha permitido ver la vigencia de la alianza entre los intereses corporativos sindicales y de otras familias que detentan la dirección del Revolucionario Institucional -el cártel de Tabasco y el cártel del SNTE, por así decirlo.

Esas familias, cuyas cabezas visibles acudieron recientemente ante el presidente Fox a ofrecerse como correas de transmisión para llevar a cabo las reformas eléctrica y educativa que pretende el gobierno, encuentran ahora la oportunidad de especular en la presente disputa y de vender sus respaldos al mejor postor.

Finalmente, no debiera perderse de vista la presencia, en este entrecruzamiento de intereses turbios, de la causa laboral justa y pertinente de los trabajadores petroleros, cuyas reivindicaciones están siendo usadas por sus dirigentes de escudo para preservar su impunidad. Si no desean verse confrontados con la opinión pública y con los sectores mayoritarios de la sociedad, los petroleros honestos debieran deslindarse de una dirigencia corrupta y delictiva, impuesta en forma arbitraria por Carlos Salinas de Gortari cuando ocupaba la Presidencia.

Para que las movilizaciones laborales petroleras sean creíbles y defendibles, es preciso que los movimientos críticos y disidentes del STPRM consigan prescindir de sus líderes charros y los dejen librados a su suerte.

La coyuntura actual podría brindarles una oportunidad singular para emanciparse del corporativismo y rencontrarse con causas y demandas populares legítimas, como la defensa de la propiedad nacional de los hidrocarburos y de la industria petrolera.