Las dos órdenes de arraigo contra López Murillo, ilegales y arbitrarias, aseguran

Defienden abogados de Jalisco a juez acusado de favorecer a narcos

El magistrado, suspendido en sus funciones, además, por delitos contra la administración de justicia

CAYETANO FRIAS FRIAS CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 13 de septiembre. Una docena de colegios de abogados y la Asociación de Jueces del estado de Jalisco hicieron pública una enérgica protesta porque el Poder Judicial federal y la Procuraduría General de la República (PGR) han recurrido a "formas reprobables e indignantes para intimidar a todo juzgador", luego de que arraigaron a Fernando Alonso López Murillo, magistrado del segundo tribunal unitario del tercer circuito, suspendido en sus funciones acusado de favorecer con sus resoluciones a connotados narcotraficantes.

En un comunicado entregado a los reporteros, y que según ellos harán llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Consejo de la Judicatura Federal y a la PGR, los abogados encabezados por Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, Luis Octavio Cotero Bernal y Javier Perlasca Chávez, cuestionaron que se hayan decretado dos arraigos contra López Murillo "por los mismos hechos", que se haya violado una suspensión definitiva de los mismos y que se le esté investigando por seis procesos que "ya habían sido revisados en anteriores visitas ordinarias, y en ninguna de ellas se advirtieron anomalías".

Sin embargo, en contradicción con lo externado por los abogados y jueces, en un documento que entregaron ellos mismos a los reporteros se aprecia que al magistrado López Murillo se le achacan delitos en lo administrativo y en lo penal, por lo que se le inició la averiguación previa PGR/UEDO/193/2002, por su presunta responsabilidad "en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y contra la salud", por lo que el juez decimotercero de distrito de procesos penales en el Distrito Federal decretó un arraigo por 90 días a partir del pasado 2 de agosto.

La segunda averiguación previa que se le inició a López Murillo, y por la que se determinó un arraigo por 30 días -que no mencionaron los litigantes-, es la 50/DGMPE B/02, "por el delito contra la administración de justicia, tipificado en el artículo 225, fracciones 6 y 7, y los que resulten", dictada por el juez sexto de distrito en materia penal con sede en Jalisco, según boletín de la PGR emitido el 12 de agosto pasado.

No toleraremos tantos excesos

El abogado Perlasca Chávez, quien dio lectura al documento, insistió en que se violaron los derechos de López Murillo, pues los arraigos se los dictaron cinco y 12 horas después de que los solicitaron, se quejó de que el magistrado "cohabita con otras personas detenidas por la probable comisión de delitos como secuestro, homicidio, contra la salud" en una finca del Distrito Federal.

"Exigimos el cese de las arbitrariedades y abusos cometidos en los absurdos, ilegales e inconstitucionales arraigos decretados en agravio del magistrado, con la complacencia del Poder Judicial federal,", afirmó el abogado.

Las razones de la PGR

En el documento, mediante el cual se ordenó el arraigo por 90 días del magistrado López Murillo, por su presunta responsabilidad en los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y contra la salud, se precisa que con base en una denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura Federal, el funcionario "favoreció a personas que se encuentran íntimamente ligadas a bandas de delincuencia organizada", entre los que destacan Joaquín Guzmán Loera, Jesús Héctor Palma Salazar y Oscar Malherbe de León, los dos primeros del cártel de Sinaloa, y el tercero del cártel del Golfo.

Entre las irregularidades más relevantes, se cita que redujo una sentencia de seis a dos años de prisión a Jesús Héctor, El Güero, Palma Salazar, pena que luego accedió a sustituir por una multa de 1.2 millones de pesos. También se le achaca haber reclasificado un delito de transporte de armas exclusivas del Ejército, cometido por El Chapo Guzmán, y que al haber prescrito, quedó sobreseído o sin causa.

Agregadas a la denuncia del Consejo de la Judicatura, se encuentran declaraciones de tres secretarios del segundo tribunal unitario del tercer circuito, quienes señalan al magistrado López Murillo como culpable de cambiar el sentido del proyecto de sentencia que habían elaborado en por lo menos tres procesos.

Con base en los elementos anteriores, el juez decimotercero de distrito del Distrito Federal consideró que existía "la posibilidad fundada de que Fernando López Murillo trataría de sustraerse de la acción de la justicia", por lo que decretó el arraigo por 90 días, en tanto la PGR recaba informes en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se piden antecedentes penales.

Respecto a la otra averiguación iniciada por delitos contra la administración de justicia y los que resulten, la PGR informó que "se encontraron irregularidades e inconsistencias en las resoluciones que dictó el magistrado López Murillo", por lo que se solicitó un arraigo por 30 días.