Miguel Concha
Los derechos humanos en la mira
Después del 11 de septiembre ha cambiado radicalmente el entorno para el activismo en favor de los derechos humanos. En el centro de las argumentaciones de la llamada "lucha contra el terrorismo" se ha planteado una falsa contradicción entre la seguridad y su respeto pleno, porque en primer lugar estos derechos están proclamados por medio de diversos tratados internacionales, y por tanto deben ser respetados aun en situaciones de emergencia o de guerra, y en segundo lugar porque los derechos humanos no son obstáculos para la seguridad nacional o internacional, sino que por el contrario, "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana" (preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU).
Muchos gobiernos, sin embargo, ejercen una doble moral, con la cual toman medidas que justifican en aras de las garantías ciudadanas, pero que realmente socavan los derechos humanos más elementales. El gobierno colombiano, encabezado por Alvaro Uribe Vélez, y alentado por la política guerrerista del gobierno estadunidense, es uno de los ejemplos más cercanos. De acuerdo con las estadísticas de refugiados presentadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en junio de 2002, "en Colombia se dio el segundo mayor incremento de desplazados internos bajo el amparo del ACNUR" en 2001. Según la Asociación de Familiares de Desaparecidos, ese mismo año cerca de 2 mil 50 personas fueron declaradas desaparecidas. Colombia es para la ONU la segunda nación con el mayor número de desapariciones forzadas después de Nepal, y de acuerdo con cifras de la Comisión Colombiana de Juristas, más de 300 mil personas son desplazadas al año por causa de la guerra (unas 820 por día). Lo peor de esta crisis humanitaria es que la tendencia es creciente. Para Georges Comninos, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, "la población civil no está entre dos fuegos, sino que es objeto del conflicto. Quien esté bajo la influencia del otro es considerado el enemigo". Otras organizaciones locales han señalado que el año pasado murieron 3 mil 685 hombres, mujeres y niños civiles, más que todos los inocentes caídos el 11 de septiembre en Nueva York, por el conflicto armado. Fueron además asesinados 160 sindicalistas, 13 defensores de derechos humanos, 10 periodistas, y decenas de intelectuales tuvieron que exiliarse.
A pesar de que fuentes oficiales han señalado que esta guerra cuesta más de 18 millones de dólares al día, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia siguen empeñados en atizarla. El pasado 10 de enero de 2002 el presidente George W. Bush firmó la Ley 107-115, que incluye la mayor parte de la ayuda al extranjero. En ella se presupuestaba una suma de 625 millones de dólares para la región andina, destinada en su mayor parte a Colombia. Se trata de una adición a los mil 600 millones de dólares ya aprobados en el Plan Colombia, y según el Informe anual sobre capacitación militar, publicado por el Departamento de Estado, y reseñado el 21 de mayo por La Jornada, de los 15 mil militares latinoamericanos adiestrados por el Pentágono el año pasado, 6 mil 300 eran colombianos, mil 82 salvadoreños, 899 ecuatorianos y... 837 mexicanos.
En el transcurso de la semana ocurrieron dos hechos que confirman la vocación guerrerista de Bush y Uribe en la región y su desprecio por los derechos humanos: el Departamento de Estado certificó positivamente a las fuerzas armadas colombianas en materia de derechos humanos, como requisito previo para el desembolso de una ayuda adicional para el Plan Colombia, superior a los 400 millones de dólares; y el gobierno colombiano expidió el Decreto 2002, "por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación". El decreto considera, entre otras cosas, la captura sin orden judicial, la intercepción o registro de comunicaciones, la inspección o registro domiciliario sin autorización judicial, y restricciones a los derechos de circulación y residencia. Veinticuatro organizaciones locales de derechos humanos enviaron el pasado 9 de septiembre una carta pública a Alvaro Uribe, en la que le expresan preocupación por su política de escalamiento de la guerra, y por el anuncio no desmentido de que su "estrategia antiterrorista" incluye como objetivo el "contrarrestar la labor de las organizaciones no gubernamentales en el exterior". Esto confirma que una de las principales víctimas de la lucha contra el terrorismo son los derechos humanos y sus defensores.
