Cuestionan expertos la selección de los comisionados

Gente ajena a los medios, en el instituto de acceso a información

Dos de ellos, cercanos a círculos de la Iglesia católica

Quedaron fuera las personas que impulsaron la iniciativa

JENARO VILLAMIL

A tres meses de aprobarse por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal dio a conocer el nombre de sus cinco comisionados para dirigir el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, quienes están por debajo de las expectativas generadas por esta legislación y que no se han caracterizado por un trabajo público en la materia, coincidieron distintos especialistas y académicos que participaron en la discusión y elaboración de dicha normatividad, consultados tras conocerse los nombramientos.

Entre los cinco comisionados, dados a conocer en un boletín de prensa el pasado jueves, destaca la ausencia de mujeres y de los investigadores y funcionarios que participaron tanto en la iniciativa del Grupo Oaxaca como en los foros convocados por el gobierno y en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), instancia de la administración federal que encabezó las negociaciones para elaborar una iniciativa de consenso.

Uno de los nombramientos más polémicos, coincidieron las fuentes consultadas, es el de Guillermo Velazco Arzac, fundador de la organización México Unido contra la Delincuencia, y a quien se le conoce por haber militado en organizaciones de la derecha católica de corte clandestino, como Yunque. Velazco Arzac funge actualmente como director general de Participación Ciudadana y Servicio a la Comunidad en la Secretaría de Seguridad Pública. También llamó la atención el nombramiento de Horacio Aguilar Alvarez de Alba, licenciado en derecho canónico por la Universidad Pontificia de Roma y vinculado al cardenal Norberto Rivera, de la arquidiócesis de la ciudad de México.

Los otros tres candidatos a dirigir el instituto son Juan Pablo Guerrero Amparán, especialista en administración pública del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), reconocido como experto en transparencia presupuestal; José Octavio López Presa, integrante de la organización Transparencia Mexicana, que dirige Federico Reyes Heroles, y ex subsecretario de atención ciudadana en el gobierno de Ernesto Zedillo, y Alonso de la Veracruz Gómez Robledo Verduzco, jurista proveniente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considerado como un académico cercano al ex rector y ex secretario de Gobernación Jorge Carpizo McGregor, con quien ha publicado algunas investigaciones.

Trascendió que antes de que se integrara la presente terna, declinaron como posibles integrantes del instituto el académico Luis Carlos Ugalde, del CIDE; la académica de la Universidad Iberoamericana, Loreta Ortiz, y la especialista Carmen Pardo, de El Colegio de México. Por esta razón, entre los cinco nombramientos no hay ninguna mujer. Tampoco participan otros especialistas como Sergio López Aylón, quien estuvo al frente de las negociaciones por parte del gobierno y reconocido como uno de los conocedores a nivel federal en materia de acceso a la información pública. Tampoco se nombró a ninguno de los académicos integrantes del Grupo Oaxaca, entre los cuales destacaban Ernesto Villanueva, quien declinó públicamente aspirar a formar parte del instituto; Jorge Islas, de la Facultad de Derecho de la UNAM; Francisco Escobedo, investigador de la Universidad Iberoamericana, y Salvador Nava, profesor de la Universidad Anáhuac.

Como se recordará, el Grupo Oaxaca conjuntó los esfuerzos de estos académicos y de varios medios periodísticos, entre los que destacaron El Universal, Reforma y La Jornada, para impulsar una iniciativa de ley que estuviera acorde con los estándares internacionales en la materia, que implicara un avance sustancial en materia de acceso a la información y no se restringiera a una reforma de carácter administrativo, como originalmente se propuso.

Funciones del Instituto de Acceso a la Información

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública será el organismo encargado de promover la creación de unidades de información en cada una de las dependencias gubernamentales, resolver las controversias y las demandas ciudadanas de acceso a la información, fomentar una cultura y una educación permanentes en la materia, establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, coadyuvar con el Archivo General de la Nación en los criterios de catalogación, establecer los lineamientos y políticas generales para manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, elaborar una guía en la materia, realizar y publicar estudios e investigaciones, entre otras funciones estipuladas en el artículo 39 de la ley federal.

El artículo 35 establece que este órgano tendrá autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, y resolverá la negativa a las solicitudes de acceso a la información, por lo cual fungirá como una especie de tribunal administrativo.

Los comisionados que integren este instituto estarán siete años en el cargo, y sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave. El instituto tendrá un presidente que será electo por los comisionados designados y estará en el puesto un periodo de dos años, renovable por una ocasión.

Los cinco candidatos a integrar el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública deberán ser ratificados por el Senado de la Republica.