Reconocimiento de Alvarez Icaza a la labor de los consejeros de la CDHDF

Deben leyes limitar actos del poder: ombudsman

En caso de transgredirlas procede aplicar sanciones para que no haya impunidad, dice

ANGEL BOLAÑOS, GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

Impedir la impunidad para avanzar en la defensa de los derechos humanos debe ser la mejor contribución al orden constitucional y al estado de derecho democrático, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza.

En su discurso pronunciado durante la conferencia Autonomía y derechos humanos, organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Museo Franz Mayer, para reconocer la labor de los consejeros del organismo, el ombudsman señaló que "en un Estado democrático lo importante es que quien detenta el poder se vea limitado por la ley y en caso de transgredirla se le aplique la sanción correspondiente y no quede sin castigo".

Recordó que si bien uno de los principales logros de la sociedad civil, que levantó la voz para exigir transformaciones profundas en la vida política, fue la consolidación de instituciones fuertes que garanticen elecciones libres y respeto al voto, esto no es suficiente para la construcción de un país, donde cada uno de los ciudadanos consagre a la democracia como forma de vida, basada en el respeto y protección de los derechos humanos.

De ahí la importancia de contar con instancias como la CDHDF, que ha ganado presencia ante los habitantes de la ciudad como un referente contra los abusos de la autoridad o contra los actos ilegales de la administración pública.

En el acto se reconoció el trabajo de Rolando Cordera, Carlos Monsiváis, Angeles Mastretta, Cristina Pacheco, Soledad Loaeza, Silvia Hernández, Miguel Concha, Amalia García, Olga Islas, Carlos Llano, Néstor de Buen y María de la Luz Lima, como consejeros de la CDHDF.

Miguel Concha, consejero saliente, destacó la autonomía del organismo como uno de sus principales valores, que lo ha hecho creíble y confiable y una de las principales responsabilidades de los consejeros es precisamente salvaguardar dicha autonomía.

No dejó pasar la oportunidad para referirse a los hechos ocurridos hace un año en Nueva York, para que en este marco "los órganos del Estado reafirmen la voluntad pacifista y de respeto a los derechos humanos de nuestro país".

Recordó las palabras de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, contra quienes han señalado que no es posible eliminar el terrorismo respetando los derechos humanos, argumento frágil, dijo, pues la única forma de terminar con este problema pasa por asegurar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

En entrevista previa, Alvarez Icaza señaló que en la ciudad de México se siguen registrando casos de tortura por motivo de extorsión o corrupción, o para inducir declaración. "De octubre de 2001 a la fecha se han presentado 82 quejas por este motivo", precisó.

Explicó que a diferencia de años anteriores, la tortura en la ciudad de México no se practica con fines políticos. "Es un hecho sustantivo de cambio, aunque se sigue haciendo por cuestiones de corrupción o extorsión".

En este contexto, lamentó que la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal haya rechazado la recomendación que sobre tortura emitió la CDHDF: "Creo que hubo una lectura extrema o de rigor, porque nosotros no le estábamos pidiendo que presentara una iniciativa, sino que queríamos que hiciera un posicionamiento para que no fueran aceptadas bajo ninguna circunstancia confesiones obtenidas bajo tortura".

Al hacer un balance de los logros que ha tenido el gobierno local en materia de derechos humanos, el ombudsman señaló: "en su conjunto observo avances, aunque el gran reto es cómo logramos que la estructura de la administración pública asuma una política de respeto de los derechos humanos, porque seguimos teniendo prácticas en contra por parte de algunos funcionarios".

Manifestó que aunque "hay voluntad del GDF, el problema heredado es de tal magnitud que se requiere redoblar esfuerzos para que los centros de reclusión se conviertan en centro de readaptación.