Fueron despojados de sus tierras por civiles que portaban armas de alto poder, dicen
Piden ejidatarios de Oaxaca que el gobierno federal medie en conflicto con guerrerenses
El Tribunal Unitario Agrario ya emitió sentencia, pero autoridades se niegan a ejecutar la resolución
CAROLINA GOMEZ MENA
Integrantes de la Comisión de Gestoría del ejido de San Pedro Yosotatu, perteneciente al municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, hicieron un llamado al gobierno federal para que intervenga en la disputa que por sus terrenos mantienen con las comunidades de San Sebastián Nopalera y su anexo, Zimatlán de Lázaro Cárdenas, del municipio de Santa María Monteverde, Guerrero.
En conferencia de prensa, Andrés Castro, ex agente municipal de la zona afectada, acompañado por representantes de 106 familias que originalmente ocupaban las 499 hectáreas que les fueron dotadas por resolución presidencial el 16 de abril de 1931, y que les fueron arrebatadas en noviembre de 2000, también demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR) intervenir en el asunto, dado que el despojo "lo hicieron civiles que utilizaron armas de alto poder". Así, para los lugareños "el problema va más allá de un simple robo de tierras; ahí se cometieron delitos federales", además "no hay que olvidar que hace algunos años el Ejército tuvo que destruir sembradíos de enervantes en los límites del ejido", recordó Castro, quien se desempeñaba como agente municipal en 1998, "cuando por primera vez se invadió el ejido".
Al responsabilizar "como autor intelectual" de los violentos acontecimientos, que incluyeron "tentativas de homicidio, robo con violencia, ataques a las vías de comunicación y tráfico de armas", al diputado local Salomón Jara Cruz, quien actualmente milita en el Partido de la Revolución Democrática (antes era priísta), Castro detalló que de acuerdo con el dictamen de daños hecho por peritos de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, tan sólo las pérdidas económicas de la última y definitiva incursión ascendieron a "22 millones 772 mil pesos, porque nos despojaron de todo nuestro patrimonio, destruyeron nuestras casas y edificios públicos, entre ellos una escuela de la Conafe y la casa ejidal".
También "quemaron nuestras huertas frutales y las siembras que teníamos en nuestras parcelas. Aunado a ello, varios campesinos fueron heridos de gravedad y muchos ejidatarios, al quedarse sin tierra, se refugiaron con sus familias en otros ejidos o emigraron a Estados Unidos".
Estos hechos, aseguraron, han sido notificados al gobernador del estado, José Murat, e incluso el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Huajuapan de León, ya emitió una sentencia "reconociendo nuestro derecho sobre las tierras, pero se niega a ejecutar su propia resolución, aduciendo que no hay condiciones de seguridad para ellos. Nosotros preguntamos Ƒno puede pedir la fuerza pública para hacerlo? Entonces, Ƒpara qué sirven las leyes y los tribunales si sus mandatos no se acatan?", se preguntaron.
Ante esto, demandaron que "las autoridades competentes apliquen la ley, y a los autores intelectuales (Jara Cruz, de la Unión Campesina Democrática) y materiales de la invasión de nuestro ejido sean desalojados; al ejecutar la resolución del tribunal agrario, que el gobierno estatal garantice seguridad a nuestros ejidatarios, que se castigue a los invasores y se nos indemnice por lo daños causados, así como que la UCD se abstenga de propiciar enfrentamientos entre comunidades".
