Miguel Concha

Aprobación de la Corte Penal Internacional

Representantes de los gobiernos del mundo se reúnen esta semana en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en el marco de la primera Asamblea de Estados Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (78 hasta ahora). En esta asamblea se aprobarán diversas cuestiones reglamentarias y se definirán, entre otras cosas, los mecanismos para el nombramiento de magistrados y funcionarios de la nueva corte.

Desgraciadamente nuestro país no podrá participar plenamente en estas discusiones, en razón de que el Senado de la República no ha ratificado todavía el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).

En la discusión sobre la conveniencia de que México sea parte del Estatuto de Roma se han venido manifestando diversas oposiciones, que tienen que ver con dos aspectos principales. El primero, de tipo legal, señala que el Estatuto de la CPI violaría las garantías individuales del procesado; el segundo, de tipo político, se refiere a diversos problemas de cesión de la soberanía a una corte extranjera. Entre los argumentos esgrimidos por los detractores de la corte destaca el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la inclusión de los delitos de terrorismo y tráfico internacional de drogas en el inciso E del Acta Final.

Respecto del Consejo de Seguridad debemos explicar el papel limitado que juega, al punto de que Estados Unidos ha venido objetando que el estatuto le imposibilita ejercer su veto sobre casos que conozca la corte. Los cambios al Consejo de Seguridad y la democratización de la ONU son además temas distintos, aunque necesarios, que deben quedar fuera de la discusión sobre la ratificación. El problema más grave sería que el Consejo de Seguridad fuera quien decidiera la existencia del delito de agresión, pero eso precisamente queda a la aprobación de la Asamblea de Estados Parte, así como la inclusión de otros delitos, como pudieran ser los de terrorismo y tráfico internacional de drogas. En este sentido sólo cabe mencionar que a México le conviene por cuestiones de política exterior ser parte del estatuto, para tener voz y voto en la Asamblea de Estados Parte y poder decidir sobre estos temas. Al firmar el Acta Final, México tiene derecho a participar en las reuniones, y ser Estado parte le daría también derecho de voto.

A fin de armonizar el Estatuto de la CPI con la legislación interna, será necesaria tal vez una reforma constitucional, pero ésta puede presentarse de diversas formas. Una posibilidad sería reformar uno a uno los artículos que pudieran tener alguna contradicción con el Estatuto, a fin de evitar problemas ulteriores, como ya se intentó con el proyecto de reforma al artículo 21 de la Constitución. La alternativa posiblemente más favorable es aprobar el estatuto, reformando únicamente en un artículo la incorporación de México al mismo y la sujeción a los procedimientos en él establecidos, con lo que se evitaría cualquier interpretación que manifestara contradicciones.

Esta fórmula no es nueva y diversos países con sistemas legales similares ya cuentan con este tipo de disposiciones constitucionales. En conclusión podemos decir que resulta mucho más conveniente ser parte del Estatuto de Roma que no serlo. Entre las conveniencias podemos destacar las siguientes:

En primer lugar, se participaría plenamente con voz y voto en las decisiones que se adopten en la Asamblea de Estados Parte. En segundo lugar, si se ha criticado tanto en el pasado la creación de tribunales internacionales ad hoc, nuestro país no puede sino colaborar en el establecimiento de un tribunal permanente. Y, por último, se marcaría claramente la diferencia con los países que todavía no son parte del estatuto y que, por lo general, tienen un registro muy malo de violaciones a los derechos humanos. Nuestro país debería también marcar distancia de Estados Unidos en este tema, quien no sólo no se adhirió al Estatuto de Roma hasta el último momento en que podía hacerse, sino que además el 7 de mayo de este año le retiró su apoyo.

La Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional informó la semana pasada que la Secretaría de Gobernación había enviado ya oficialmente el 23 de agosto el Estatuto de Roma al Senado de la República, y se encontraba ya en estudio en las comisiones de Estudios Legislativos, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos y Puntos Constitucionales. Informó igualmente que ya varios partidos políticos habían incluido el tema de su ratificación en sus agendas legislativas en el Senado, para el próximo periodo de sesiones. Esperamos que esto sea así, para bien de la causa de los derechos humanos, y por la dignidad y autonomía de nuestra política exterior.