Cómo surgió una legislación impugnada
El 25 de abril de 2001 el Senado de la República aprobó "por unanimidad", con 109 votos de las bancadas de PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista, las reformas constitucionales en materia indígena. Surgió así una legislación impugnada y rechazada por las grupos étnicos del país, que motivó que el EZLN suspendiera el diálogo con el gobierno de Fox.
Pese a las críticas que comenzaron poco después de que el Senado aprobara el dictamen de reformas constitucionales que pasaron por encima de la iniciativa de la Cocopa y de los acuerdos de San Andrés, y aunque los diputados del PRD no lo avalaron, tres días después, el 29 de abril, se aprobó también en San Lázaro.
Concluyeron así los trabajos que el Congreso de la Unión llevó a cabo en torno a la iniciativa de la Cocopa que el presidente Fox hizo suya y presentó en el Senado un día después de tomar posesión.
Como habían hecho en la primera fase de la legislación, los priístas Manuel Bartlett Díaz y Enrique Jackson Ramírez, y el panista Diego Fernández de Cevallos maniobraron también para lograr que la reforma fuera aprobada con celeridad por los congresos estatales y, en la sesión de la Comisión Permanente del 19 de julio, se consumara vía fast track.
Fue una sesión tormentosa, en la que el perredista Martí Batres acusó a los legisladores de PRI y PAN de "dar un albazo", porque no estaba en el orden del día hacer el recuento de votos de las legislaturas estatales, y un día antes el priísta Fidel Herrera había declarado que sólo les habían llegado los documentos de 14 congresos locales y se esperaría por lo menos dos semanas.
Sin embargo, ese día, Fidel Herrera señaló que dos congresos más les habían enviado la documentación sobre el proceso legislativo, por lo que se contaba con 16, la mayoría requerida para hacer el recuento. Así, entre protestas de Batres, quien sostuvo un áspero debate con Fernández de Cevallos, la dupla PRI-PAN concluyó el proceso constitucional.
La reforma indígena quedó consumada en menos de tres meses, sin importar los cuestionamientos a una ley "que nació muerta", como la calificó el Consejo Nacional Indígena.
Una reforma por la que se creó un capitulado especial para los derechos de los indígenas, pero que dejó fuera del marco constitucional las garantías más sentidas de las etnias, entre ellas el considerarlas como entidades de derecho público -lo que habría significado dotarlas de personalidad jurídica-; no reconoció sus territorios ni el uso y disfrute de sus recursos naturales. Tampoco posibilitó la asociación de comunidades y municipios nativos, puntos torales de la iniciativa de la Cocopa y de los acuerdos de San Andrés. Aunque los senadores perredistas votaron la noche del 25 de abril contra estos puntos, la avalaron en lo general y posibilitaron que la reforma se aprobara por unanimidad. El EZLN se los reprochó severamente en su comunicado del Primero de Mayo de ese 2001. Jesús Ortega reconocería luego que fue un error.
Después de que la Comisión Permanente hizo el recuento de las legislaturas locales y consumó la reforma el 19 de julio, grupos indígenas y diversos sectores de la sociedad tenían esperanza de que Fox la vetara. No fue así, y el 14 de agosto de 2001promulgó la cuestionada reforma indígena.
ANDREA BECERRIL
