REFORMA INDIGENA

Exhorta Emilio Zebadúa al Ejecutivo federal a restablecer el diálogo con el EZLN

El gobierno nos orilla a seguir nuestra lucha por la vía armada, sentir de indios chiapanecos

Confía legislador en que no se desbordarán los ánimos en comunidades originarias

JUAN BALBOA Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 6 de septiembre. El gobierno de Chiapas exhortó a las comunidades indígenas a que la lucha por su autonomía la conduzcan de forma pacífica y dentro de la ley, y a las autoridades federales a generar una nueva estrategia para restablecer el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Lo anterior, tras conocerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedentes 322 controversias constitucionales contra las reformas a la ley de derechos y cultura indígenas.

Por su parte, Miguel Angel de los Santos, representante legal de unas 120 comunidades indígenas chiapanecas que interpusieron un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra esa ley, sostuvo que la decisión de SCJN cierra las puertas a la solución pacífica del conflicto armado. No obstante, dijo que aún quedan instancias internacionales en las que se puede apelar.

Horas después de darse a conocer la resolución de la SCJN, el secretario de Gobierno de Chiapas, Emilio Zebadúa, sostuvo que la decisión de la Corte "no puede ser vista como el fin del camino, sino como el inicio de una nueva etapa de la que deben surgir nuevas iniciativas de paz".

Manifestó que "el Congreso de la Unión, como parte actora en el proceso de construcción de la paz en el país, debe evaluar la posibilidad de impulsar una reforma adicional que tome en cuenta los argumentos expresados antes, durante y después del proceso de reforma constitucional.

"Ningún esfuerzo es excesivo en estos tiempos si con ello se expresa la voluntad inquebrantable de responder a los pueblos indios y abonar la paz", puntualizó.

La ratificación de la reforma indígena aprobada por el Congreso de la Unión, añadió, obliga a las partes en conflicto a replantear su postura y buscar "fórmulas creativas que permitan responder a las demandas que dieron origen al conflicto armado".

El gobierno federal debe generar una nueva estrategia para restablecer las condiciones que permitan el reinicio del diálogo con el EZLN y proponer nuevas opciones de los pueblos indios de México, dijo.

Hizo un llamado a las organizaciones y comunidades indígenas del estado para que "conduzcan sus luchas y demandas en forma pacífica y dentro del cauce de la ley", y afirmó que la disposición al diálogo y la negociación del gobierno de Chiapas "se mantienen inalterables."

El gobierno de Chiapas continuará, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, sus esfuerzos a favor de la reconciliación y la paz, contribuyendo a fortalecer las condiciones favorables al restablecimiento del diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, dijo.

"Estaremos atentos a las voces que provengan de las comunidades indígenas en el estado, así como a las iniciativas a favor de la paz que el gobierno federal impulse", precisó Emilio Zebadúa.

La decisión le da la razón al EZLN

Miguel Angel de los Santos, en tanto, sostuvo que la determinación de la Corte implícitamente le da la razón al EZLN y a las comunidades indígenas de Chiapas, que optaron por la vía de las armas para luchar por sus derechos.

"Indudablemente esta resolución de la Corte aleja la paz y la reconciliación en Chiapas y cierra las puertas al EZLN para que luche por los derechos de los pueblos indígenas por la vía legal. El gobierno está orillando a los zapatistas a que continúen con la lucha armada", señaló.

Advirtió que se espera un mayor deterioro del tejido social de las comunidades indígenas. "El escenario que se prevé es que se refuerce el reposicionamiento de las fuerzas militares".

Sin embargo, indicó que las comunidades que interpusieron las controversias aún pueden impugnar ante organismos internacionales la aprobación de la ley indígena.

El también abogado de los presos zapatistas dijo que la resolución de la Corte representa un serio agravio a los pueblos indígenas de México, "quienes desde la época de la Colonia han sido negados en sus derechos como pueblos".

La resolución, dijo, representa el agotamiento de las instancias nacionales para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

"De hecho, la Corte ni siquiera estudia el fondo de las controversias, puesto que afirma no tener facultades para revisar la reforma indígena. En ese sentido, aunque todavía se espera que la Organización Internacional del Trabajo revise la reclamación planteada por la Red de Defensores, lo cierto es que en el ámbito nacional, la resolución de la Corte refleja que los tres poderes del Estado se han negado a reconocer los derechos de los pueblos indígenas", afirmó.

Dijo que esta resolución representará para los pueblos y comunidades indígenas de México, pero especialmente, para los de Chiapas, un panorama de mayor presión militar, porque el gobierno podría estar considerando que el EZLN responderá por la vía militar.

De los Santos considera que ahora habrá mayor presión de los paramilitares y de las organizaciones opuestas al zapatismo, porque éstos considerarán la resolución de la Corte como una derrota del EZLN y querrán crear mayores conflictos.

Se aleja la paz: Legislativo

Por su parte, el presidente del Congreso del estado y representante de ese órgano ante la Comisión de Concordia y Pacificación, Jorge Antonio Morales Messner, señaló que la decisión de la SCJN "hace que se aleje más la paz y la reconciliación en Chiapas, porque además se contravienen y violentan las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo".

El legislador perredista advirtió que podría haber nuevos brotes de inconformidad en las comunidades indígenas. Mencionó que ahora será "más difícil poder conciliar el conflicto que existe aquí desde 1994. Este es un agravio más a los pueblos indígenas no sólo de Chiapas, sino donde quiera que haya un indígena en México. Esperemos que no se desborden los ánimos", agregó.

Por su parte, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos lamentó la decisión de la SCJN y recordó que justamente por desconfiar de las instancias nacionales, se acudió ante la OIT para presentar una reclamación contra el Estado mexicano.

Esta reclamación se encuentra en revisión por un grupo especial de trabajo, que determinará si el Estado violó el Convenio 169 de la OIT, como afirmó la Red de Defensores en su reclamación.

"El derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas han sido reconocido como parte de la costumbre jurídica internacional y hoy día nadie discute que los pueblos indios tienen esos derechos; no obstante, el Estado mexicano, pese a que firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se niega a reconocer el derecho a la libre determinación."