Silvia Gómez Tagle
La reforma pendiente del Estado
Han pasado dos años desde que Vicente Fox resultó triunfador en la contienda electoral para la Presidencia de la República y los mexicanos aún seguimos esperando las grandes reformas que nos había prometido. ƑCuáles serían, entonces, las preocupaciones de los ciudadanos que los partidos deben recoger en este momento para promover estas reformas constitucionales mínimas con las que culminará la actividad legislativa en la primera mitad del primer sexenio de la transición?
En estos primeros dos años podríamos decir que el único logro significativo del nuevo régimen ha sido la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Transparencia, pero aun en este terreno quedan pendientes varios aspectos importantes que obstaculizan la acción de instituciones como el Instituto Federal Electoral (IFE), encargadas de investigar las acciones de los partidos políticos y los procesos electorales para establecer principios incuestionables de legitimidad del poder público. Puede ser necesario inclusive la reforma de diversos artículos constitucionales que tienen que ver con facultades y obligaciones de los organismos públicos y privados de proporcionar información sobre sus actividades y transacciones financieras. Para fortalecer la democracia en el ámbito laboral sería indispensable establecer principios que obliguen a los dirigentes sindicales a transparentar las negociaciones laborales y los contratos firmados con empresas públicas y privadas, para que sus propios afiliados tengan pleno conocimiento de las condiciones pactadas.
Asimismo, habría que retornar al Congreso la facultad de crear comisiones especiales para la supervisión de órganos autónomos, como el Banco de México, el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros órganos autónomos que se pudieran crear, porque si bien es necesaria su independencia, como se plantea ahora para el INEGI, éstos no deberían constituirse en espacios fuera de todo control ciudadano y legislativo.
Otro ámbito donde el Poder Legislativo debería tener facultades de supervisión más directas es en el de las empresas públicas; especialmente hoy que la reforma energética es uno de los temas más controvertidos, resulta clara la necesidad de establecer políticas públicas de largo plazo, que no estén al arbitrio del presidente en turno, así como la importancia de contar con acceso total a la información en todos los ámbitos de decisión de las empresas.
Sigue pendiente la reforma a los medios de comunicación electrónica, sobre todo al régimen legal de concesiones para radio y televisión. Dado que el régimen vigente ha generado compromisos que han desvirtuado el papel de estos medios en las tareas de información, divulgación cultural y recreación, resulta indispensable ofrecer oportunidades a nuevas empresas privadas y a instituciones públicas para participar, así como evitar la existencia de empresas con carácter monopólico con el propósito de que la competencia estimule a las empresas a mejorar la objetividad de su información y la calidad de su programación.
La política exterior y la política educativa y cultural son temas en los que también es indispensable que participe más directamente el Congreso para fijar líneas generales de desarrollo, ya que las decisiones autoritarias del Presidente inciden en aspectos tan cruciales para la vida nacional como la evaluación de la educación o los tratados comerciales internacionales, cuya importancia no puede quedar sólo en sus manos.
La realidad es que a dos años de haberse producido la alternancia de partidos en la Presidencia, aún se carece de un nuevo diseño institucional que permita generar una nueva relación entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y las entidades federativas.
Finalmente, hay que recordar dos reformas que deberían ser interés de todos los partidos, porque responden a inquietudes y necesidades de gran número de ciudadanos.
En primer lugar, hace falta legislar el derecho a votar de los mexicanos en el extranjero, consagrado en la Constitución desde 1996, mas no se ha llevado a la práctica, a pesar de que supone la reivindicación de un sector de la población que se ha visto obligado a abandonar el país por razones económicas ajenas a su voluntad, pero que mantiene lazos afectivos y económicos muy importantes con nosotros. El otro tema es la reforma política del Distrito Federal para dotar a sus habitantes y a sus gobiernos de derechos equiparables a los de otras entidades federativas, sin desconocer las implicaciones derivadas de que los poderes federales radiquen en la capital.
El presidente Fox y los partidos deben realizar un balance cuidadoso de las reformas que promueven, en virtud de que significan una carta de presentación frente a los electores que decidirán el próximo año la conformación de la Cámara de Diputados. Por un lado, es indispensable que esos acuerdos no traicionen la identidad de los partidos, pero también es necesario mostrar a los ciudadanos, con hechos, su compromiso con la consolidación de un régimen democrático.
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