Cada escándalo de corrupción apunta a la instancia

Intentos oficiales para evitar un juicio a la Corte Suprema en Argentina

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 4 de septiembre. Como si no bastara con el escándalo que significa ajustar el proceso electoral de un país en crisis a las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ), ahora se añaden los intentos oficiales para evitar un juicio a la desprestigiada Corte Suprema de Justicia argentina, justo en momentos en que resurgen los casos emblemáticos de corrupción de los 10 años en que gobernó Carlos Menem.

Uno de estos casos fue el de la mafia del oro, que resurgió ahora que el ex financista Enrique Piana, actualmente detenido, confesó que pagó al menos 300 mil dólares en soborno al ex secretario general de la presidencia y aliado de Menem Alberto Kohan para encubrir una operación ilegal de supuesta venta de oro suizo fraccionado a Estados Unidos, por lo que se recibían reintegros de exportación falsificados.

Por esta operación, realizada a mediados de la década pasada, el Estado argentino fue estafado con 200 millones de dólares. Pablo Lanusse, el fiscal que entonces investigaba el asunto, fue perseguido, al igual que su familia. A él le cortaron la cara, a una de sus hermanas le "grabaron" en la frente a corte de navaja la palabra oro, y otra fue secuestrada y golpeada. Y este fue tan sólo uno de los casos en que las presiones hicieron que muchos de los involucrados imaginaran que estaban libres de ser juzgados.

En tanto, la justicia suiza confirmó esta semana a la Oficina Anticorrupción de Argentina que continúa investigando las cuentas secretas de Menem y de su secretario privado, Ramón Hernández. Esto parece una señal para el juez Norberto Oyarbide, protegido del menemismo que logró arrancar la causa contra el ex mandatario de las manos del fiscal Carlos Stornelli. La justicia suiza rechazó recientemente por "insuficiente" un exhorto enviado por Oyarbide, que para algunos analistas fue una maniobra del magistrado para ganar tiempo y evitar un eventual juicio a Menem.

Precisamente, fue la Corte Suprema la que dejó libre a Menem en noviembre de 2001, cinco meses después de que fuera detenido en el caso de tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Este polémico fallo y otros llevaron a la sociedad argentina a repudiar al máximo tribunal durante la llamada rebelión de las cacerolas del 20 de diciembre pasado.

Cada escándalo de corrupción que resurge apunta hacia la Corte, que Menem reformó en 1990 aumentando de cinco a nueve el número de los magistrados, para poder designar a aliados. Estos magistrados fueron los que, a principios de aquella década, permitieron la escandalosa privatización de la ahora quebrada Aerolíneas Argentinas y convalidaron la amnistía que dejó en libertad a las juntas militares de la última dictadura.

De ahí en más, la Corte favoreció con sus fallos todas las privatizaciones irregulares en el país, miró "hacia otro lado" -como se denunció- cuando se conocieron las graves irregularidades en la investigación de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la sede mutual judía AMIA (1994) y legitimó todos los decretos que hicieron tabla rasa con los derechos laborales y sociales consagrados constitucionalmente, así como los recortes de sueldos y de pensiones.

Y de allí hasta el aval al corralito financiero impuesto el 3 de diciembre de 2001, y por medio del cual el Estado y los bancos extranjeros se apropiaron de los ahorros y salarios de millones de argentinos.

El cineasta y ex diputado Fernando Pino Solanas, quien participó el 18 de julio en un "juicio ético" contra la Corte que realizaron juristas y organismos humanitarios y sindicales, sostiene que "el resultado de esos años fue la aplicación ortodoxa de un modelo socio-económico que provocó el mayor latrocinio del patrimonio público en la historia naiconal y que se convirtió en la mayor agresión contra los derechos esenciales que consagra la Constitución. Este modelo no hubiera sido posible sin la degradación del Poder Legislativo y sin la sujeción del Judicial a los dictados de la nueva dictadura: la del terrorismo de mercado".

Los jueces de la Corte "se sienten intocables porque sus acciones fueron imprescindibles para implementar el modelo económico que dejó a más de la mitad de los argentinos en la pobreza, ampararon la impunidad pasada y la presente, incluyendo la represión y las mafias, que hoy regresan apoderándose de los medios de comunicación. Esta es la Corte a la que quieren salvar ahora nuevamente" denuncia Nora Cortiñas, Madre Fundadora de Plaza de Mayo.

Cortiñas se refiere a las maniobras del gobierno para lograr que en el Congreso se cierre el proceso de juicio político a estos magistrados, y la opositora Unión Cívica Radical (UCR) ha denunciado "presiones" desde el justicialismo gobernante (peronismo) para lograr esto.

El gobierno está decidido a calmar a la Corte, que recientemente dio un fuerte aviso a la administración de Eduardo Duhalde al declarar inconstitucional la ley que permitió un recorte de salarios, pese a que durante 10 años siempre apoyaron estas políticas de recortes

La Corte también amenaza con emitir un fallo en contra la pesificación de los depósitos en dólares. En tanto, el gobierno sumó hoy otro nuevo fallo contra el corralito y todas las medidas posteriores relacionadas, con un pronunciamiento de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Pero aquí también, la última palabra es la de la Corte.