Entonces para qué se creó la fiscalía a cargo de Carrillo Prieto, cuestiona López Obrador

Oprobioso, limitar la tarea de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas

Podrían quedar impunes delitos cometidos durante la guerra sucia, advierte el jefe de Gobierno

ELIA BALTAZAR

Es ''oprobioso, indignante y de mal gusto'' que el gobierno federal creara una fiscalía especial para los delitos cometidos en décadas pasadas y, al mismo tiempo, defienda el decreto que aprobó el Senado para limitar los efectos de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, mediante una reserva y una visión interpretativa que limitan la aplicación de la justicia para castigar hechos de esta naturaleza.

Lo anterior fue expresado ayer por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, luego de conocer que el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro Lozano, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para desechar la controversia constitucional presentada por el gobierno capitalino en contra del decreto aprobado por los senadores en febrero pasado.

Este decreto impide el castigo retroactivo a quienes incurrieron en desapariciones forzadas y sólo lo hace válido a partir de la entrada en vigor del tratado, es decir, este año. Además, deja en manos de la justicia militar los juicios que involucran a integrantes de las fuerzas armadas en delitos de esta naturaleza.

La Presidencia argumenta ante la SCJN que las autoridades capitalinas no sólo presentaron la controversia fuera de tiempo, sino que incurren en un error jurídico al impugnar un tratado internacional mediante este recurso, cuando para el caso sólo aplica una petición de inconstitucionalidad que correspondería presentar al Congreso de la Unión.

López Obrador advirtió: ''Están empeñados en ganarnos y argumentan sólo la forma jurídica y no el fondo'', pues lo que está en discusión en la Corte es permitir el castigo para quienes participaron en la guerra sucia y en las desapariciones forzadas de décadas anteriores, así como la posibilidad de llevar ante la justicia civil a miembros de las fuerzas armadas que participaron en estos hechos.

Llama la atención, dijo, que el gobierno federal hable tanto sobre los derechos humanos, invite a la relatora de la Organización de Naciones Unidas en la materia, cuando en el fondo lo que hace es ''manejar un doble discurso'', pues con el decreto aprobado por el Senado no hay otra cosa que ''borrón y cuenta nueva, un punto final sin justicia''.

Entonces, dijo, qué caso tiene hacer tanto escándalo y bulla respecto de la apertura de los archivos si no hay marco legal y son el mismo Ejecutivo federal y el Senado los que impiden que se apliquen la ley y la justicia.

El gobierno capitalino no sólo presentó la controversia constitucional ante la SCJN a petición de la dirigente de Eureka, Rosario Ibarra, pues la reserva y la aplicación interpretativa aprobadas por el Senado dejan sin efecto el artículo 281 del Código Penal para el Distrito Federal, que castiga la desaparición y la tipifica como un delito continuado, es decir, que no prescribe.

Todo lo anterior, dijo el jefe de Gobierno, significa otorgar impunidad a quienes participaron en delitos de desaparición durante la guerra sucia. Además, se preguntó ''qué papel desempeña entonces la fiscalía especial para delitos del pasado, que con la decisión senatorial actúa sin marco legal''.

Agregó: ''Si la Corte resuelve a favor del gobierno federal y del Senado, entonces todo lo que tiene que ver con el esclarecimiento de las desapariciones forzadas quedaría cancelado y sería una burla''.