Señora directora: Hemos seguido con atención el debate que se ha desatado en torno a la selección de textos que ha hecho la SEP para la dotación de bibliotecas de aula.

Durante años hemos tratado de llevar la palabra escrita a todos los rincones de México: de Tijuana a Simojovel, de Tepic a Carrillo Puerto, por mencionar solamente experiencias que implican un enorme contraste cultural ?contraste del que participan, por supuesto, el lenguaje y sus usos.

Nos llama la atención la ausencia de los lectores y de sus voces en esta polémica. No sabemos si esa ausencia es generalizada, pero no hemos advertido en lo que se publica en los medios preocupación alguna por los vínculos diversos y dinámicos que las personas construyen en relación con los textos para que ocurra la lectura. Notamos que la ausencia o la presencia de determinados títulos o editoriales ocupa todo el escenario. Creemos que el debate sobre la lectura adquiere una dimensión diferente cuando a los lectores se les da la palabra. En ese sentido, para nosotros la selección se legitima cuando las voces de los lectores evidencian que los textos los reflejan. A fin de cuentas, la lectura es la voz de los lectores.

Atentamente

Gerardo Cirianni y Luz Maria Peregrina, ciudad de Buenos Aires, Argentina

Aclaración a carta del Comité por la Libertad de los Hermanos Cerezo

Señora directora: Este martes, en la sección El Correo Ilustrado, aparece una misiva firmada por el Comité por la Libertad de los Hermanos Cerezo. En dicha misiva se hace la siguiente afirmación: "En el caso de los hermanos Cerezo, el director de derechos humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledezma, mintió cuando dijo ante los medios que se había aplicado el procedimiento modelo sobre tortura basado en el Protocolo de Estambul, con lo que ignoró una acta levantada durante la revisión médica que prueba que el licenciado Nila de la UEDO, estuvo presente en el interrogatorio médico a los hermanos Cerezo: se anula así dicho procedimiento modelo".

Desvirtúa lo anterior los elementos de prueba que enseguida se señalan:

El 18 de agosto de 2001 en el servicio médico del Centro Federal de Readaptación social No. 1, La Palma, en Almoloya de Juárez, estado de México, se aplicó la Guía de Operación Pericial para Dictamen de Reconocimiento Físico a los señores Sergio Galicia Max, Antonio Cerezo Contreras, Pablo Alvarado Flores, Héctor Cerezo Contreras y Alejandro Cerezo Contreras. La aplicación de ese dictamen para determinar si había indicios de tortura y/o malos tratos estuvo a cargo de los doctores Francisco Escobar Valdés, José Antonio de la Portilla Pérez y Jorge López Hernández.

El licenciado Alberto Aguirre Nila, fiscal especial adscrito a la Coordinación General Jurídica de la UEDO, no estuvo presente en esa diligencia, puesto que la misma se llevó a cabo en las instalaciones del propio Cefereso, donde se contó con el apoyo de la doctora Ma. de los Dolores Alvarez Vega, médico asistencial, adscrita a este centro de readaptación y quien puede ratificar lo anterior.

Cabe agregar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento puntual de dichos hechos y los dictámenes aquí referidos le fueron remitidos en tiempo y forma. En el oficio 014298 de fecha 24 de junio, la CNDH concluyó el expediente del caso por orientación.

Otrosí, el 24 de septiembre del año próximo pasado y a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta información médica, junto con otros elementos, también fue hecha de su conocimiento según consta en el oficio OEA-522 firmado por el representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguida consideración.

Atentamente

Doctor Mario I. Alvarez Ledesma, director general de Protección a los Derechos Humanos de la PGR

El gobierno de Chiapas respeta a simpatizantes del EZLN, señala

Señora directora: Ruego a usted incluir la presente en la sección de El Correo Ilustrado.

En la Rayuela de la edición de este domingo se afirma: "Dice el gobierno de Chiapas que ahí no pasa nada". Al respecto, deseo precisar que, en ningún momento, el gobierno estatal ha emitido dicha expresión o una similar.

La particular dinámica social de la entidad ha propiciado hechos ordinarios y extraordinarios. Ocurren y pueden ocurrir porque así ha sido históricamente. La diferencia, ahora, es que el estado no es un factor de conflicto: ya no es parte de la problemática. Con ello, se ha erradicado la impunidad para los grupos que al amparo del poder cometieron atropellos en contra de las comunidades.

Seguramente la Rayuela se refiere a que, en efecto, ya no pasa nada de lo que ocurría en el pasado: el gobierno del estado no participa en operativos de desmantelamiento de municipios autónomos, no impulsa proyectos de contrainsurgencia, no promueve las deserciones para propagandizarlas, no se crean nuevos municipios para aparentar que se cumple con las demandas zapatistas, no se asesinan campesinos por parte de la policía estatal, no se expulsan a los extranjeros.

Por el contrario, el gobierno de Chiapas ha expresado y mantenido un total respeto al derecho a la resistencia de las comunidades que simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Es deseable que, en el momento actual, el esfuerzo de todos quienes estamos interesados en Chiapas permita contribuir al bienestar y al desarrollo de las comunidades, así como al conocimiento de la verdad de lo que en ellas ocurre.

Respetuosamente

David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado

Les preocupa la situación de la familia de José López Santis

Señora directora: Los abajo firmantes, humildes miembros de la sociedad civil, vemos con honda preocupación y tristeza el asesinato de José López Santis y la persecución a sus hijitos el día 7 de agosto en la comunidad 6 de Agosto, región de Altamirano, Chiapas.

Los acontecimientos que de ahí se han derivado hacen evidente las deficiencias y la parcialidad en torno a la impartición de justicia en el estado de Chiapas. Primero por la falta de profesionalismo del Ministerio Público que, en lugar de acudir al lugar de los hechos, dirigió el operativo por radio.

Este hecho, aunado al sepelio apresurado, ha generado confusión respecto al número de impactos que recibió la víctima y al proceder de los asesinos. Segundo, por la actitud omisa de la policía quien no intentó interrogar o detener a los asesinos aun cuando habían sido plenamente identificados.

Ante estas circunstancias entendemos y apoyamos la movilización y el plantón que los municipios autónomos realizan en este momento exigiendo justicia.

Este penoso hecho, aunado al creciente hostigamiento militar y los enfrentamientos que han provocado grupos paramilitares en diversos lugares como en crucero Quexil, el bando de grava de Polhó y ranchería Amaytik, reflejan el aumento de tensión en el estado. La impunidad con la que actúan algunos individuos de estos grupos hace evidente que el gobierno estatal está ejerciendo el poder de manera sumamente deficiente.

En un marco más amplio, el gobierno federal es responsable de estos acontecimientos debido a su política inadecuada de dejar a la deriva la posibilidad de diálogo con el EZLN y su pretensión de que el justo reclamo social se diluya mediante declaraciones cada vez más lejanas y distorsionadas de la realidad.

Enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares de José López Santis en estos días aciagos. Expresamos la necesidad impostergable de que se establezca en México un sistema judicial acorde a nuestras particularidades y para todos los mexicanos, incluidos, por supuesto, los indígenas.

Alejandro Cornejo Rodríguez, Manuel Fernández Guasti, Angeles Eraña Lagos, César Santiago Tepantlán

Precisión del IEDF a invitación a una mesa redonda

Señora directora: El pasado lunes 2 de septiembre apareció en el periódico que usted dignamente dirige una invitación del Instituto Electoral del Distrito Federal para asistir a la mesa redonda La Reforma Política en el Distrito Federal, el 3 de septiembre.

En dicha invitación se menciona que participará Juan Luis Rodríguez Avendaño, coordinador de la licenciatura de ciencia política y administración Pública de la Universidad Iberoamericana, cuando el nombre correcto es Juan Luis Hernández Avendaño.

Hugo Morales Galván, director de la Unidad de Comunicación Social