La prohibición de manifestaciones en favor del partido, "metida de pata", dice el PNV
Presentan el fiscal y el ministro de Justicia de España la demanda para proscribir a Batasuna
Envían al Tribunal Supremo documentos que probarían los nexos de la coalición con ETA
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 3 de septiembre. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el ministro de Justicia español, José María Michavila, presentaron hoy ante el Tribunal Supremo las respectivas demandas en las que solicitan, el primero por parte de la Junta de Fiscales de Sala, y el segundo en representación del Ejecutivo español, la prohibición de la coalición de la izquierda nacionalista vasca Batasuna, a la que se acusa de ser brazo político de ETA.
Estas medidas se suman a las acciones judiciales emprendidas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que la semana pasada ordenó la suspensión de todas las actividades de la coalición y luego declaró "ilegal" cualquier manifestación "apoyada o inspirada" en ella.
Las demandas presentadas ante el órgano judicial, la del fiscal -85 folios que citan 15 supuestos hechos delictivos de Batasuna- y la del gobierno -más de 10 mil folios que aportan "más de mil hechos" que demostrarían la presunta "doble militancia" entre ETA y Batasuna-, ahora serán analizadas por el Tribunal Supremo, órgano que finalmente decidirá si declara ilegal a la coalición, que representa a 10 por ciento del electorado vasco.
El fiscal Cardenal, jurista conservador nombrado por Aznar cuando llegó al poder en 1996, se encargó de entregar la demanda, que incluye un listado de cargos electos, militantes y dirigentes de Batasuna acusados de estar implicados en acciones terroristas, así como fotografías de los ayuntamientos gobernados por la coalición, en las que se puede ver en las fachadas de las sedes públicas imágenes de miembros de ETA.
En alusión a las declaraciones del parlamentario y dirigente de la suspendida Batasuna, Arnaldo Otegi, quien sostuvo que "el País Vasco se está convirtiendo en el Stalingrado político de Aznar", Cardenal dijo ante la prensa que a lo que "venimos hoy al Tribunal Supremo es a liberar a esa parte de España (País Vasco) del asedio de los nazis de un partido que se llama Batasuna".
La demanda presentada por el Ejecutivo, que también se basa en la nueva legislación de partidos políticos creada ex profeso para prohibir a Batasuna, incluye fotografías y actas de los plenarios en los que parlame
ntarios o concejales de la coalición se negaron a condenar el último atentado mortal de ETA, que a principios de agosto dejó dos muertos, entre ellos una niña.
Asimismo se incluyeron 194 expedientes de dirigentes o militantes de Batasuna, con los que se pretende demostrar su vinculación al grupo armado.
El titular de Justicia sostuvo que esta demanda pretende acabar "con la impunidad de los que utilizan la democracia contra la democracia y se pone fin a la impunidad de los que usan los privilegios de los partidos políticos".
La tesis del gobierno es que Batasuna es "la prolongación del terrorismo en la política, por tanto la ley no manda a la clandestinidad a un proyecto político o a sus defensores, porque la ley defiende el derecho de cualquiera a defender sus ideas pero sin pistolas ni bombas".
Michavila sostuvo además que a raíz de los atentados del 11 de septiembre "hemos alcanzado la comprensión de todas las democracias. No hay terrorismo bueno y malo. Todo el que usa el terrorismo es un criminal".
Por su lado, el ministro del Interior, Angel Acebes, aseguró que el gobierno demostrará ante el Tribunal Supremo que los dirigentes de Batasuna "son o han sido dirigentes de ETA".
Ahora Batasuna deberá comparecer en un plazo de ocho días ante el tribunal. Si esta instancia acepta las demandas presentadas hoy, como se espera, podría declarar la "disolución del partido político" en un plazo de entre cuatro y seis meses. La medida será de ejecución inmediata y ante esta sólo cabrá presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Mientras se da curso a estas querellas, el gobierno del País Vasco, presidido por el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), estudia cómo aplicar la última orden del juez Garzón, que decretó ilegales todos las manifestaciones "públicas o privadas impulsadas o inspiradas" en Batasuna. El Departamento del Interior informó que a partir de ahora analizará "cada convocatoria o cada comunicación" para realizar actos de apoyo a la coalición.
Esta medida del magistrado fue acogida con cautela por algunos dirigentes políticos y medios de comunicación, incluido el rotativo pro gubernamental El Mundo. Entre las voces más críticas destacó la del vocero del PNV, Joseba Egibar, que la calificó de "metedura de pata, ya que la sociedad siempre necesita vías de expresión y ese derecho en el futuro lo van a ejercer otros particulares o nosotros mismos".
Según Egibar, el juez Garzón va "por encima de todo en nombre de la justicia" y el "Estado está poniendo en marcha casi todos sus instrumentos y ha demostrado que está dispuesto a estropear la convivencia de esta sociedad".
El líder de Izquierda Unida en el País Vasco, Javier Madrazo, coincidió al sostener que la medida decretada por Garzón "vulnera el derecho de manifestación, un derecho democrático fundamental que no estamos dispuestos a que ningún juez recorte".
En Estrasburgo, finalmente, el Parlamento Europeo pidió a Koldo Gorostiaga, el único eurodiputado de Batasuna, rembolsar parte de sus dietas, tras una investigación interna que mostraría que "las utilizó de manera inadecuada", según dijo el vocero del parlamento, David Harley, citado por Afp.
