León Bendesky

180 grados

La forma de pensar la sociedad, y con ella la política en México, requiere un giro de 180 grados. Con esto empezaríamos a enfrentar de manera distinta las trabas que nos retienen y que en muchos casos nos paralizan. Además, comenzaríamos a tener discusiones más ilustradas sobre la organización del país, las que serían muy bienvenidas, no sólo por su mayor utilidad, sino por su mayor interés y articulación intelectual, cosa que no debería ser desestimada. Este cambio de perspectiva es esencial para apreciar en su compleja dimensión el doble estándar que caracteriza lo que seguimos llamando transición democrática. Consiste, puesto simplemente, en profesar y perseguir un sistema de igualdad política y social, cuando al mismo tiempo se generan enormes y cada vez más grandes diferencias en las condiciones de vida de la gente.

El discurso prevaleciente que asocia de manera virtuosa la eficiencia económica con la equidad social se está vaciando de contenido al no alcanzar sus objetivos ni cumplir con las ofertas que se hacen a la población. No hay, por supuesto, recetas infalibles al respecto, lo que corresponde a la esencia misma de la vida, ya sea en el ámbito individual o colectivo. Hay quienes resuelven el dilema por el lado de la fe, que en los asuntos privados, y sólo en ellos, es reconocible, pero no en el de los asuntos públicos que atañen a una sociedad cualquiera, especialmente una de naturaleza tan desigual. En este terreno estamos entrampados en un falso debate sobre lo que corresponde al quehacer de lo privado y que se asimila con el mercado y al que hasta se le quieren imponer condiciones morales y, al parecer, no hay ninguna idea clara sobre lo que admite el campo del Estado.

La forma maniquea en que se presenta la discusión tanto desde las posiciones de la derecha como de la izquierda no son sólo anacrónicas, sino hasta inservibles. A veces parece como si no hubiera pasado nada en los pasados 20 años sobre lo cual reflexionar y actuar. Por un lado, se sigue aceptando la influencia ideológica con su expresión particular de técnicas de gestión económica y social, promovida desde distintas partes. Por otro lado, al parecer no se asimila aún 1989 y lo que significa para la acción política. Esto no quiere decir que se rehuya una posición política bien definida, al contrario, advierte sobre las posturas fundamentalistas o su contraparte light, ambas infructuosas y peligrosas, y también aburridas.

El giro de 180 grados al que aquí me refiero tiene que ver con el cambio en los términos de la discusión actual. Pongamos al Estado y sus responsabilidades por delante y al mercado después, es decir, al contrario de lo que hoy se hace. No dejemos lo que concierne a lo público como residuo de lo que supuestamente corresponde al mercado. Con ello, tal vez, podamos volver a ponderar lo que cada uno puede y tiene que hacer en función de los objetivos que se persiguen en lo que se presenta como una sociedad plural y democrática. Este carácter de la sociedad no significa que haya una compatibilidad a priori entre los intereses y los derechos privados y los de naturaleza colectiva. Nótese desde un principio cuántos supuestos hay que hacer para entablar un debate provechoso. Y esto significa quitarse de la cabeza muchos prejuicios y seguridades acerca de cada una de las partes en disputa. Ni las certezas de unos sobre las bondades del mercado como factor esencial de regulación social, ni las nostalgias de otros acerca de las capacidades estatales de control son útiles en el momento actual.

El mercado ha demostrado que no es capaz de abarcar a todos, ése es el problema no sólo de la gran pobreza que existe, sino también de la exclusión. El Estado, por su misma definición, debería abarcar a todos, pero no puede por las carencias derivadas de su propia indigencia y muchas veces no quiere, pues concibe de modo estrecho sus funciones y sus responsabilidades. Pero la organización que hoy existe requiere de un mercado que funcione mejor y para lo cual dista mucho, y también de un Estado que se reconozca como tal y desde ahí defina lo que es y lo que debe hacer. Y ese quehacer no se limita, como suele pensarse hoy desde el poder, al campo de la prestación de servicios cada vez más limitados o del combate a la pobreza, tiene que ver, igualmente, con su necesaria intervención en la economía, en particular con la regulación de los mercados.

Con un replanteamiento de los términos del debate político, en el cual se asientan las cuestiones económicas, o sea, el giro al que nos referimos, tal vez sea más provechosa, por ejemplo, la discusión sobre las reformas que ocupan al gobierno y lo enfrentan con el Congreso mientras la sociedad está apresada en medio. Hoy, estamos entrampados entre iniciativas muy controvertidas del Ejecutivo y que sólo una sociedad sometida podría aceptar sin discusión, y una ostensible incapacidad del Legislativo para hacer su trabajo de representación popular. Así, es poco lo que podemos esperar del gobierno y de los partidos políticos en los términos estrictos de la relación entre el costo y el beneficio de la administración pública, el saldo está en su contra.