El proceso fue muy costoso y ningún responsable político del quebranto ha sido enjuiciado

A 20 años de la expropiación, la banca nada hace aún para financiar el desarrollo

Reprivatizarla costó 12 mil 500 mdd, pero el rescate zedillista representa hasta el momento una sangría de 85 mil mdd para los causantes nacionales, 13.5% del PIB 92% de depósitos está bajo control extranjero

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El largo camino recorrido por la banca mexicana desde que fue expropiada por el entonces presidente José López Portillo hace exactamente 20 años, significó uno de los peores negocios realizados por un país para mantener a flote un sistema de crédito que hoy, como en 1982, poco hace para atender las necesidades de financiamiento del aparato productivo y, en cambio, representa una carga para los contribuyentes.

"No nos volverán a saquear", afirmaba, un tanto tragicómico, López Portillo el 1 de septiembre de 1982 durante la lectura ante el Congreso del sexto Informe de su mandato, un poco después de haber anunciado la expropiación del sistema bancario. En medio de los aplausos de un órgano legislativo dominado ampliamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex presidente afirmó ese día:

"Tenemos que detener la injusticia del proceso perverso: fuga de capitales-devaluación-inflación que daña a todos, especialmente al trabajador, al empleo y a las empresas que lo generan. Estas son nuestras prioridades críticas. Para responder a ellas he expedido en consecuencia dos decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y lo justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear".

Lejos de ser un sistema sólido y conectado con las actividades productivas, el aparato bancario anterior a la nacionalización estaba concentrado en un puñado de familias que, al mismo tiempo, mantenía intereses en grandes empresas que eran las principales usuarias de los bancos. Además de las 18 instituciones expropiadas, el conglomerado bajo el control de los dueños de los bancos -entre los que se encontraban personajes como Manuel Espinosa Yglesias, Agustín F. Legorreta y Carlos Abedrop Dávila- incluía a alrededor de 3 mil empresas presentes en todos los sectores de la actividad económica.

Y no era, ni con mucho, un sistema sólido. Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas, lo definió así: "Al principio de la década de los ochenta, fue evidente que el sistema financiero contribuía a generar un ambiente volátil y que las instituciones financieras se habían debilitado debido tanto a las regulaciones como a las condiciones macroeconómicas... Además, los bancos habían sido golpeados por las devaluaciones, la dolarización y la fuga de capitales, de tal suerte que, cuando fueron nacionalizados en 1982, se encontraban ya en una situación delicada".

Para los mexicanos, la expropiación bancaria nunca representó un aumento de los recursos disponibles para financiar el desarrollo. A partir de 1982, el Estado no recibió un solo centavo por concepto de dividendos bancarios. En cambio, los banqueros expropiados cobraron su indemnización y, simultáneamente, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) les abrió la puerta del negocio bursátil, al tiempo que les regresó un tercio de la propiedad del sistema crediticio por medio de un instrumento llamado Certificados de Aportación Patrimonial (CAP).

La reprivatización salinista

En la larga ruta recorrida en los pasados 20 años, otro momento clave del sistema bancario ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando las 18 instituciones expropiadas en 1982 fueron vendidas a empresarios mexicanos.

La administración de Salinas de Gortari estableció una serie de criterios y objetivos que, teóricamente, regirían la reprivatización de la banca. A la vuelta de los años, resultó evidente que los beneficios sólo existieron en el papel.

Durante la convención bancaria de 1990, Pedro Aspe enumeró los principios y objetivos de la reprivatización: conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con objeto de alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de concentración; vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización, y asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos.

Otros de los objetivos definidos por Aspe fueron: buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones; obtener un precio justo por las instituciones, de acuerdo con una valuación basada en criterios generales, homogéneos y objetivos para todos los bancos; lograr la conformación de un sistema financiero balanceado; propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias. Pura palabrería.

Por la venta de las 18 instituciones, que fueron entregadas por el gobierno de Salinas fundamentalmente a especuladores bursátiles sin experiencia en el negocio bancario, el gobierno mexicano recibió el equivalente a 12 mil 500 millones de dólares de 1992. El rescate emprendido por el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) después de la crisis de 1995, ha tenido hasta ahora para los contribuyentes mexicanos un costo de 85 mil millones de dólares, 13.5 por ciento del producto interno bruto actual.

Lejos de ser un promotor del desarrollo, como demuestra el hecho de que el financiamiento al sector privado se ha desplomado en 52 por ciento desde 1994, según el Banco de México, el sistema bancario recibe cada año recursos públicos por unos 52 mil millones de pesos para atender el costo de los intereses derivados del rescate emprendido por el gobierno de Zedillo. A la vuelta de estos 20 años, la banca -contrario a lo planteado por el régimen de Salinas- está dominada por extranjeros, quienes controlan 92 por ciento de los depósitos en el sistema.

El proceso ha sido costoso para el país. Ninguno de los responsables políticos del desastre bancario ha sido enjuiciado y, por lo que hace a los banqueros, únicamente uno, Jorge Lankenau Rocha, ex propietario del Grupo Financiero Abaco Confía, se encuentra en prisión.