El acuerdo y la reforma eléctrica

l centro de la discusión sobre la reforma eléctrica está, hoy, en el Senado. El dictamen en esa institución será lo que determine, en lo fundamental al menos, el contenido de la reforma. Pero el Ejecutivo, sabiéndose minoría, sobre todo después de que el propio Senado rechazó las iniciativas que buscaban reformar la Constitución, ha buscado presionar a los senadores. Y las formas públicas de esa presión han sido, sobre todo, por conducto de las direcciones partidarias, especialmente la del PRI, y mediante los gobernadores.

De ahí la importancia del Acuerdo Político por México, suscrito por los presidentes de PRD, PRI, PT y PVEM en la casa natal de Morelos, en Morelia, Michoacán. Entre los puntos que tienen relación con esta reforma se plantea la necesidad de "una reforma eléctrica que fortalezca la soberanía nacional", garantía de abasto de electricidad con tarifas justas y competitivas, industria basada en las empresas públicas, restructuración y autonomía de gestión para las mismas y defensa de la participación y condición rectora del Estado.

No son estos los únicos elementos del acuerdo. Se plantean varios puntos importantes y nuevas reuniones similares, pero, además, se muestra indirectamente otra cosa. Frente a un proceso de meses de reuniones en Gobernación entre representantes de los partidos y del gobierno con vistas a consensuar reformas políticas, sin ningún resultado, en este caso bastó un par de días, incluida la convocatoria por parte de la presidenta del PRD, para llegar a acuerdos de gran importancia. No quise dejar de mencionarlo, pese a que ahora nos ocupamos de la reforma eléctrica. Y, claro, ni tiempo hubo para reaccionar ante este acuerdo antes de la reunión de senadores del PRI, el mismo jueves que se publicaba esta información. Su efecto fue de, por lo menos, atenuar las presiones sobre los senadores en el sentido de cambiar la Constitución.

Ya vimos el pasado domingo, en este espacio, lo referente a la propuesta de reforma constitucional por el presidente Fox. Es claro que no corresponde con, por lo menos, varios puntos del acuerdo. Ahora nos referiremos a algunas propuestas de cambio a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El artículo cuarto de la propuesta señala que "tampoco se consideran servicio público las actividades de generación, importación, conducción, transformación y venta directa o indirecta de energía eléctrica a los usuarios con requerimientos superiores a 2 mil 500 MW hora por año". Entre esto y lo que ya vimos que contiene la reforma constitucional, algunos particulares con medios para hacerlo podrán producir la totalidad de la nueva generación de energía, y venderla entre una clientela de alto consumo, que representa por lo menos un tercio de la demanda total. El resto se lo venderían a la Comisión Federal de Electricidad, que actuaría como intermediaria con "la plebe", se haría cargo de las marañas de alambres y cables de distribución y equipos menores, y cada vez menos de las viejas plantas de generación de electricidad, las cuales irían representando un porcentaje decreciente del total.

Lo anterior se complementa también con el artículo 48 de la propuesta gubernamental, que establece que estos grandes usuarios, ahora motivo de un trato especial, podrán comprar la electricidad de las entidades públicas, pero también mediante el Centro Nacional de Control de Energía, o directamente de cualquiera de los generadores privados, o importando la electricidad ellos mismos.

Se hablaba de que serían nacionales los generadores privados, e incluso eso despertó una polémica en la que se citó el ejemplo de los bancos, primero privatizados a manos mexicanas y luego revendidos por éstas a bancos del exterior. Pero no es el caso aquí, en la iniciativa. El artículo 41 del proyecto pone como único requisito en este sentido que las empresas estén "constituidas conforme a las leyes mexicanas". Lo único que debe hacer una empresa extranjera es abrir aquí una filial, y ya con eso puede ser generadora de electricidad y venderla en las condiciones mencionadas.

Bueno, se necesita un permiso, otorgado por quienes ya los otorgaron en el pasado, incluso a la Enron, famosa ahora no sólo por su quiebra, sino por los procesos judiciales e incluso penales contra varios de quienes la dirigieron cuando se les otorgó su permiso aquí.