Magdalena Gómez
Asedio al zapatismo
Las noticias que llegan de Chiapas presagian una cosecha de tempestades de la cual no parecen dar cuenta nuestros gobernantes, empeñados, como están, en aplicar la máxima salinista "ni los veo ni los oigo" y en propiciar al mismo tiempo la polarización con el viejo doble discurso. Parece clara la preparación del escenario del "conflicto intracomunitario" para justificar explosiones violentas, como ocurrió en Acteal; no obstante, los gobiernos federal y local no asumen una política convincente. Se niegan a vincular el impacto de sus políticas institucionales con el clima de confrontación que se vive en la zona, empeñados, como están, en responsabilizar al EZLN de que su silencio es causa de todos los males; para dar cuenta de ello basta leer las declaraciones del comisionado para la paz, don Luis H. Alvarez.
Parece claro que las tensiones y agresiones están dirigidas al espacio de los municipios autónomos como proyectos donde las comunidades y bases de apoyo del EZLN han construido un real espacio de existencia y autonomía. Si el proyecto de Albores fue "desmantelarlos", el que hoy se aplica busca "descabezarlos". De nueva cuenta se identifica la participación de grupos civiles armados con auspicios externos, que habría que investigar, y de los que se conocen como paramilitares. El propio Francis M. Deng, representante del secretario de la ONU para el tema de desplazados, reconoció en su reciente visita la acción de estos grupos y el clima que prevalece en Chiapas. Así que antes de divulgar historias de conflictos comunitarios atribuidos a "los usos y costumbres", la procuraduría de esa entidad debería investigar a fondo; al Ejército, por su parte, le corresponde trascender las explicaciones, también recurrentes, de que sus intensas movilizaciones de estos días obedecen al simple relevo de tropas.
Tras ocho años se reaviva la óptica de chiapanizar el conflicto para minimizar el impacto nacional e internacional que el movimiento del EZLN dio a los pueblos indígenas y a la lucha contra el neoliberalismo. Si bien se localizan las tensiones y agresiones en esa región y ahí tiene su arraigo fundamental el zapatismo, incluso su compromiso con las bases de apoyo comunitarias, no podemos eludir que esa dinámica local está alimentada por la que se generó a nivel federal con el fracaso del intento de reanudación del diálogo a raíz de la caravana zapatista para convalidar y fortalecer la llamada iniciativa Cocopa.
En dos años hemos observado la expresión de voluntades políticas que se quedan a medio camino en un afán de trivializar el sentido de este importante movimiento que es, ante todo, social y político. Se presentó la iniciativa Cocopa y luego no se quiso pagar el costo político de defenderla ante el Congreso, mismo que dio la espalda a los compromisos firmados en San Andrés en una lógica ajena a la obligación que entraña su pertenencia al Estado mexicano. También la Suprema Corte de Justicia está muy próxima a resolver las controversias indígenas y ya se insinúa un desenlace contrario a la demanda indígena.
La clase política hegemónica parece cerrada a considerar seriamente el impacto que tendrá en los pueblos indígenas la evidencia de que el Estado, con sus tres poderes, persiste en prolongar su exclusión y negar definitivamente su reconocimiento como sujetos políticos. Son múltiples las evidencias en este sentido: en este año vimos al Congreso y al Poder Ejecutivo, así como a la mayoría de los congresos locales demandados ante la Corte por los pueblos indígenas, argumentando en su contra y sin asomo de voluntad de reconocer que les asiste la razón jurídica e histórica. Ahí están los expedientes en la Corte para evidenciar que mientras algunos representantes gubernamentales presumen en espacios internacionales de su adhesión a la libre determinación y la autonomía, la Consejería Jurídica de Presidencia se suma a los argumentos del Congreso y la Procuraduría General de la República que limita en su argumentación los alcances del Convenio 169 de la OIT para minimizar su contenido. También el gobierno federal se ha empeñado en salirse por la puerta falsa del continuismo de la política indigenista y se apresta a realizar una reforma institucional que sólo augura más de lo mismo; incluso la recién creada Coordinación de Conflictos Intracomunitarios denota una visión errónea, pues desconoce que es el Estado el que ha fallado en su función de garante del estado de derecho y pretende colocar el énfasis en los conflictos que son efecto y no causa de los problemas. Ambas visiones reafirman la postura de colocar a los pueblos indígenas como objeto de asistencia y no como sujetos de derecho.
Estos factores están en la base de la polarización en Chiapas y son los elementos que debemos poner en la mesa para deslindar responsabilidades y revertir la crisis del proceso de diálogo. Sin una rectificación del Congreso de la Unión y del Presidente de la República no se restablecerá la confianza necesaria para que el EZLN asuma que tiene sentido lograr acuerdos.
La situación se agrava en Chiapas en momentos en que las fuerzas democráticas tienen abiertos varios frentes: la defensa de la industria eléctrica, así como de los defensores del patrimonio cultural agredidos en Morelos, el rechazo al ALCA y al Plan Puebla-Panamá, entre otros. Esta situación obliga a hacer un frente común, pues en la raíz de todos los conflictos subyace la disputa por la nación que queremos y la evidencia machacona de que el 2 de julio de 2000 no generó el cambio democrático que requiere el país.
