Indaga la Procuraduría a dos juzgadores por supuestos nexos con el cártel de Neza
La PGR, sin pruebas contra jueces: Góngora
Magistrado alerta sobre quienes solicitan amparo con la intención perversa de burlar la ley
JESUS ARANDA
El ministro Genaro Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte, salió al paso a las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el presunto involucramiento de un magistrado y una juez con el cártel de Neza, y aunque reconoció que ya sabe quiénes son los investigados, enfatizó, molesto: "los nombres no son pruebas, lo que queremos son pruebas, y no las tienen, eso es lo importante".
Al clausurar ayer el Congreso Nacional de Magistrados, dejó en claro que la información difundida sobre el asunto, "con independencia de la seriedad o no de su contenido", de ninguna manera fragmentará o dividirá al Poder Judicial Federal. Por el contrario, añadió, la unidad le permitirá seguir defendiendo con hechos la integridad y absoluta independencia de los juzgadores federales.
Góngora abordó lo relativo a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) sobre dos juzgadores que estarían involucrados con el crimen organizado en el estado de México. El asunto flotó en el ambiente y fue motivo de indignación y preocupación de los magistrados participantes en el congreso.
En ese sentido, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal expuso: "no estamos acostumbrados al enfrentamiento (en este caso con la PGR), ni vamos a caer en prácticas indeseables, pues estamos convencidos de que la confrontación termina debilitando y desgastando a las instituciones republicanas que la sociedad ha creado para su propio beneficio".
Sostuvo que el Poder Judicial Federal que representa mantiene "un canal respetuoso con las instituciones del Estado", que buscará en todo momento la coordinación de esfuerzos, pero, subrayó, sin comprometer la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, pues, ante todo, los magistrados de circuito y jueces de distrito "merecen todo nuestro respeto y confianza".
La posición de la cabeza del Poder Judicial no se había vertido de esa manera, y menos en público, ante los magistrados reunidos desde el lunes pasado en un hotel de la ciudad de México; por ello, el último párrafo de su discurso fue el preludio de un cerrado aplauso.
"Sabemos del compromiso que cada uno de ustedes tiene con la justicia. Sabemos que seguirán sirviendo con dignidad y profesionalismo, y que continuarán haciendo su mejor esfuerzo para que el Poder Judicial de la Federación siga siendo el garante de la justicia constitucional."
Momentos antes, en entrevista, Góngora aceptó por primera vez que la PGR le informó los nombres de los juzgadores investigados por sus presuntos nexos con el cártel mencionado, pero agregó, severo: "lo que queremos son pruebas".
Por otra parte, en su discurso destacó las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el PRD y el PRI que coinciden con la reiterada petición de los ministros de la Corte de establecer un presupuesto fijo al Poder Judicial, el cual plantea que sea 2.5 por ciento del Presupuesto de Egresos.
De prosperar la iniciativa, se "asegurará por siempre la autonomía del Poder Judicial de la Federación".
Por su parte, Manuel Marroquín Zaleta, consejero de la Judicatura Federal, instó a los magistrados asistentes al encuentro que aprendan a distinguir en su labor, cuando conozcan juicios de amparo, entre los ciudadanos que actúan de buena fe y quienes "de forma perversa pretenden burlar la ley o menoscabar los actos legítimos de autoridad".
También les dijo que el Estado exige a los magistrados "no ser sólo un técnico funcionalista y pragmático, sino un jurisprudente que, sin violentar la ley, sea un incansable buscador de la justicia en el caso concreto".
Marroquín cuestionó a sus compañeros magistrados que en ocasiones deleguen su facultad decisoria en sus subalternos (los secretarios de los tribunales son quienes redactan los proyectos de resolución), y les pidió "revisar acuciosamente los proyectos que sometan a su consideración".
El Estado les pide, agregó, "no desentenderse de la problemática social", sino que cada uno sea un funcionario responsable, "que se preocupe por conocer el entorno en que se generan los asuntos sometidos a su potestad y que la aplicación de las normas jurídicas sea no tan rígida que ahogue al justiciable, ni tan laxa que lo corrompa".
Y en clara alusión a los juzgadores que son investigados por sus presuntos nexos con grupos delictivos, Marroquín expresó que el Estado demanda a los magistrados "una conducta irreprochable en el ejercicio de su función y en cualquier ámbito en que ella repercuta".
