La participación federal sigue siendo limitada y no se aplican recomendaciones, dicen
Con tortura, autoridades fabrican culpables de los homicidios de mujeres en Juárez: activistas
Anuncian marcha al Zócalo de la ciudad de México el próximo 25 de noviembre
FABIOLA MARTINEZ
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que, hasta el momento, no existe ningún detenido o procesado con pruebas fehacientes que acrediten su responsabilidad en alguno de los 280 casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1993 a la fecha.
Es decir, continúa la impunidad, encubrimiento a los "verdaderos culpables" e indiferencia de los gobiernos estatal y federal ante la ola de crímenes cometidos en hechos de "violencia brutal", afirmaron integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En conferencia de prensa, Adriana Carmona, Ximena Andión y Sofía Lascurain, representantes de la CMDPDH, hicieron un recuento de los implicados en los asesinatos y la endeblez de las pruebas con las que han sido llevados a la cárcel, incluso con declaraciones obtenidas mediante torturas.
En 1995, las autoridades de Chihuahua detuvieron a Omar Latiff Shariff, contra quien no se ha ejecutado sentencia por uno de los crímenes, debido a las irregularidades que presentó el proceso.
Años después, se detuvo a El Tolteca y a sus amigos, conocidos como la banda de Los Ruteros, quienes declararon públicamente haber sido víctimas de tortura para obligarlos a confesar que habían cometido 12 asesinatos.
Otro de los casos en los que la CMDPDH y otras organizaciones -como Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos- presumen que hubo actos de tortura, fue en contra de Roberto Delgado Maldonado y Mario Chavarría Barraza, acusados del asesinado de la maestra Elodia Payán.
El 15 de agosto pasado, el juez otorgó libertad sin fianza a Chavarría y a Delgado con base en la nulidad de todas las actuaciones por los actos de tortura cometidos en agravio de los referidos.
"Este hecho es una clara evidencia de la actuación dolosa de algunas autoridades que, lejos de buscar una investigación eficiente para cesar estos actos, sólo pretenden encubrir a los verdaderos responsables", opinan los activistas.
Uno de los casos más significativos en los que se ha practicado tortura y donde se presume que se aplicó para obtener confesiones y fabricar culpables -agregan- es en el caso de Víctor Javier García Uribe, alias La Foca, y Gustavo González Meza, alias El Cerillo, sacados de sus domicilios el 9 de noviembre pasado por un grupo de personas encapuchadas.
Después de investigar por su cuenta, los familiares de García Uribe y González Meza los localizaron en una casa particular donde los sometieron a "torturas brutales" para que se declararan culpables de los homicidios de ocho mujeres encontradas dos días antes en un lote en construcción, de las cuales seis no han sido identificadas oficialmente.
Ante las irregularidades anteriores, afirman las integrantes de la CMDPDH, resulta sumamente preocupante que el Estado mexicano continúe utilizando la práctica de la tortura como un medio para obtener confesiones aun cuando nuestro país ha ratificado convenios en contra de su aplicación.
Una vez más, los activistas exigen al gobierno federal su intervención para terminar con la impunidad y violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, más allá de "paliativos" y apoyos sociales a los familiares de las víctimas.
"A nivel federal, la participación sigue siendo limitada y nadie está haciendo nada para cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales respecto de las 280 mujeres asesinadas de las que, por lo menos, 76 serían homicidios seriales", afirmó Carmona.
Los activistas anunciaron también que el próximo 25 de noviembre, cientos de personas marcharán en la ciudad de México, del monumento a la Revolución al Zócalo, para exigir que el gobierno del presidente Vicente Fox detenga el genocidio en aquella ciudad fronteriza.
