Carlos Fernández-Vega

El quid de la iniciativa eléctrica

Abrir puertas a grandes corporativos, la meta
Acuerdo político, sólo buenas intenciones

S UENA BIEN, DE entrada, el Acuerdo Político por México que suscribieron el miércoles pasado cuatro partidos, que en materia eléctrica se manifiesta a favor de que "las empresas públicas deben seguir siendo la base del sistema (porque) representan la garantía de que el Estado mantendrá el control sobre un servicio público fundamental... Debe mantenerse la participación del Estado y su condición rectora es uno de los elementos de fortaleza de la soberanía".

CUATRO PARTIDOS POLITICOS (PRI, PT, PRD y PVEM, vía un representante) participan en dicho acuerdo y -se supone- coinciden en los conceptos referidos. Sin embargo, el esfuerzo pierde fortaleza cuando se constata que en el pronunciamiento público referido no se condena explícita, precisa y tajantemente la intención foxista de privatizar el mercado eléctrico mexicano y abrirlo al capital privado.

EN SUS MAS RECIENTES declaraciones públicas, el inquilino de Los Pinos ha reiterado que su iniciativa de reforma garantiza que "no se privatizarán la Comisión Federal de Electricidad ni la Compañía de Luz y Fuerza del Centro", lo que supone que el Estado no dejaría de participar en el sistema eléctrico nacional ni abandonaría su obligación de mantener "el control sobre un servicio público fundamental", como establece el pronunciamiento pluripartidista.

EL QUID DE LA INICIATIVA presidencial en materia eléctrica no es la privatización de la CFE y de la CLFC, sino privatizar la industria y el mercado eléctricos -en los que participarían las empresas paraestatales en "nichos sociales" determinados- para abrir las puertas, de par en par, a los grandes corporativos energéticos trasnacionales (en nichos jugosamente comerciales). Un ejercicio similar, que redondeará la "reforma energética" foxista, se practicará más adelante en el sector petrolero nacional y, sin ánimo de ser un adivinador del cambio, puede preverse que cuando ello suceda el Presidente remendón solemnemente asegurará -como ha hecho en reiteradas ocasiones- que "Pemex no se vende". Sólo se privatizarían la industria y el mercado petrolero, en el que, desde luego, participaría, en áreas delimitadas, el consorcio estatal.

EL ACUERDO POLITICO por México puede tomarse como un pronunciamiento de buenas intenciones, pero no como una garantía de que la intentona foxista en materia eléctrica será contenida, especialmente si se considera la falta de autoridad moral de algunos de los personajes que suscribieron el mencionado acuerdo.

MIENTRAS EN MÉXICO distintas fuerzas y sectores se esfuerzan para evitar que se concrete una nueva venta de garaje de la infraestructura productiva del Estado, en otras regiones del mundo otrora poderosísimas trasnacionales de la energía ya no saben qué vender para salir del hoyo económico-financiero en el que se encuentran de tiempo atrás.

TAL ES EL CASO DEL fraudulento y quebrado consorcio energético Enron, que ayer hizo pública su intención de vender una docena de sus "empresas más valiosas", acción que según los observadores podría representar el inicio de su liquidación. Sin embargo, en Houston, la transnacional informó que "aún tenemos esperanzas de salir a flote tras la bancarrota, aunque nuestra prioridad es maximizar el valor para los prestamistas, incluso si ello significa vender los mejores activos... Enron considera que hay mucho más por hacer antes de que se pueda llamar a esto una liquidación... Decenas de activos quedarán en la compañía, incluso si se venden los 12 negocios referidos", geográficamente distribuidos en el norte y sur de América y en Turquía.

LA DECLARACION DE LA firma energética no tuvo la repercusión esperada. De hecho, Steve Gidumal, de Trilogy Capital, un fondo de inversión de alto riesgo, públicamente dudó sobre el optimismo de Enron: "No quedará suficiente para una restructuración si todos los activos del bloque son vendidos". Entre éstos se cuentan Elektro Electricidade e Servicios, compañía local de distribución de electricidad en el estado de Sao Paulo, Brasil; Cuiaba, proyecto energético integrado que incluye una planta de energía en el estado de Mato Grosso, Brasil; dos ductos de gas natural y dos firmas de suministro que proveen gas a la planta de energía; Transredes, el ducto de Bolivia a Brasil, formado por Gas TransBoliviano y Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil, el mayor ducto de gas natural internacional en Sudamérica y Eco-Eléctrica, en Puerto Rico, entre otros.

YA ENTRADOS EN CUESTIONES del mercado energético, la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que entre 1999 y 2001 el corporativo erogó 30 mil millones de dólares por concepto de impuesto sobre la renta, dividendos y regalías. Durante el periodo se lograron cifras históricas en aporte al accionista, como en el año 2001, que alcanzó a 12 mil 97 millones de dólares y que representa un incremento de 48 por ciento con respecto a 1998.

PARA EL PRESENTE AÑO las cifras muestran una tendencia a la baja. Según la última revisión del plan 2002, la contribución total de la petrolera estatal de Venezuela sumó 8 mil 133 millones de dólares, 33 por ciento menos que en 2001. Al mismo tiempo, el producto interno bruto petrolero en el primer semestre registró un delicado descenso de 16.7 por ciento, como resultado de la caída de inversión en esta actividad.

DE ACUERDO CON información del Banco Central de Venezuela, el gobierno del presidente Chávez ha recibido en tres años y medio de gestión 75 mil 600 millones de dólares, sólo por exportaciones petroleras. En 2000, la comercialización de crudo en mercados extranjeros generó una histórica entrada de divisas (27 mil 800 millones), como resultado de un precio promedio de 25.91 dólares por barril durante 12 meses (según los datos del Ministerio de Energía y Minas). En los cinco años del segundo gobierno de Rafael Caldera se registraron ingresos petroleros por 74 mil 490 millones de dólares; y en tres años de la gestión de Chávez esa suma de divisas ya fue superada, aunque la fuga de divisas que afecta al país pone en riesgo los beneficios. En los últimos ocho años, dicha fuga se ha estimado en 20 mil millones de dólares.

Las rebanadas del pastel:

VALGA LA PREGUNTA, POR segundo año consecutivo: ¿qué tiene que informar el presidente Fox?