La ilegalidad de la coalición, objetivo de Aznar

Aunque ya desde su fundación la coalición nacionalista vasca ha enfrentado varios procesos judiciales, los cuales la obligaron a cambiar sucesivamente de nombre de Herri Batasuna a Euskal Herritarrok y finalmente Batasuna, desde el inicio del primer periodo de gobierno del presidente del gobierno español, José María Aznar, la prohibición de esta formación política se convirtió en uno de los objetivos de la administración conservadora.

Para el oficialista Partido Popular, esta proscripción, lograda mediante la aplicación de la recientemente aprobada Ley de Partidos Políticos, es la única forma de hacer valer la democracia. "Los que no quieren la proscripción de Batasuna lo que nos están pidiendo en realidad es resignación ante quienes quieren matarnos", sostuvo este lunes el ministro español del Interior, Angel Acebes.

El gobierno sostiene que Batasuna, que nunca ha condenado los atentados de ETA, es el brazo político de esa organización armada, con la cual tampoco ha emprendido ninguna negociación. Ya en abril de 1989, cuando gobernaba el socialista Felipe González -bajo cuya gestión se crearon los grupos paramilitares GAL para combatir ilegalmente a los nacionalistas vascos-, fracasan en Argel las negociaciones entre representantes etarras y del gobierno.

Ocho años después, en septiembre de 1997, se emite la Declaración de Lizarra de nacionalistas vascos por una solución negociada del conflicto. Y a finales de ese año la directiva de Batasuna es encarcelada bajo cargos de apoyar a ETA, luego que en su campaña electoral la organización abertzale divulgó un video en el que el grupo armado hizo una propuesta de negociación; el Tribunal Supremo levantó la sentencia 20 meses después.

Un año más tarde, el 16 de septiembre de 1998, ETA anuncia una tregua unilateral e indefinida, a la cual pondrá fin el 28 de noviembre de 1999, alegando la ausencia de cualquier respuesta negociadora de Aznar. AGENCIAS